El tiempo se agota y el TEPJF no ha resuelto sobre la validez de la elección de SLP

Antonio González Vázquez

Mañana 10 de septiembre se cumplirá un mes desde que el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asignó al magistrado Felipe de la Mata Pizaña el expediente del juicio de nulidad de la elección de gobernador de San Luis Potosí, presentado por la coalición “Sí por San Luis”.

Este viernes habrán transcurrido 84 días desde que esa coalición, que postuló candidato a César Octavio Pedroza Gaitán, presentó el juicio de nulidad de la elección cuyos resultados le dieron el triunfo al hoy gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona, que encabezó la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Y hoy, la Sala Superior tiene en agenda una sesión a las cinco de la tarde, pero el caso de San Luis Potosí no está incluido. Además, en la página electrónica del Tribuna no hay aviso de sesión para mañana.

A partir de este viernes restarán solamente quince días para la ceremonia de toma de protesta del gobernador de San Luis Potosí para el período 2021-2027, en cuyo caso Gallardo Cardona anunció desde la semana pasada que se realizará en la Plaza de Fundadores.

Las instancias electorales se han tomado su tiempo respecto de la promoción de recursos promovidos en contra de los resultados de la elección para gobernador.

Por ejemplo, el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se llevó 40 días para resolver el dictamen del procedimiento administrativo sancionador de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Pasaron 40 días desde que el expediente fue regresado a esa Unidad para ser motivo de una revisión más exhaustiva que, como se conoce, derivó en una sanción económica de 4.6 millones de pesos impuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el juicio de nulidad promovido por parte de “Sí por San Luis”, sin el respaldo del PRI, se presentaron como principales agravios el rebase de topes de campaña, miles de boletas desaparecidas, violaciones al protocolo de cadena de custodia de los paquetes electorales, así como la indebida integración de casillas.

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