Carlos Rubio
El fraude que hizo el Ayuntamiento de San Luis Potosí hace poco más de un año con la compra de tierras que evidentemente no pertenecen al ejido Rancho Viejo – La Libertad, está cada vez más cerca de cobrarle factura al alcalde Enrique Galindo Ceballos si no hace algo para recuperar los 4 millones de pesos que ya le pagó al ejido.
En julio de 2022, el alcalde junto con la sindico Maribel Lemoine Loredo y el entonces secretario general Fernando Chávez Méndez, firmaron un contrato de promesa de compra venta con el ejido, con la finalidad de pagarles 12 millones de pesos por las tierras en las que la administración de Xavier Nava Palacios construyó el puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero.
El detalle es que ese puente se construyó sobre una vialidad que ya existía: el periférico, y los ejidatarios alegan que esas tierras, que son del dominio público y por las que todos transitan diariamente desde hace años, son de ellos.
El principal problema es que ese asunto aún estaba en litigio en el Juzgado Octavo de Distrito, es decir, la autoridad judicial ni si quiera emitido una sentencia ni había ordenado reparar el supuesto daño al ejido, cuando el Ayuntamiento ya estaba desembolsando cantidades millonarias de dinero con tal de cerrar el asunto (claro, como el dinero viene de los impuestos y no de la bolsa del alcalde).
Otro asunto que hacía mucho, pero mucho ruido, es que esa fue la razón por la que el Congreso del Estado inhabilitó a Xavier Nava Palacios y a parte del Cabildode dicha administración, dejándolos fuera del servicio público por hasta 20 años, asunto que aún continúa en litigio. Nava incurrió en desacato al haber continuado con la obra aun cuando el Juzgado había decretado una suspensión.
Una cláusula del contrato firmado por Galindo establecía que el ejido se debía desistir del juicio 288/2020 que promovió en contra del Ayuntamiento. Esto metería en un problema a Xavier Nava quien también litiga su inhabilitación, ya que el asunto original que la causó estaba por desaparecer y jamás tendría resolución.
Esto finalmente ocurrió. El Juzgado aceptó que el ejido se desistiera del juicio y el asunto fue cerrado. Xavier Nava aún busca quitarse la inhabilitación que le impuso Congreso Verde Ecologista del Estado.
Y aquí viene el gran pero. Según el contrato de promesa de compraventa, el Ayuntamiento haría un primer pago de 4 millones de pesos al ejido, tan solo como garantía de cumplimiento. Esto ocurrió el 22 de septiembre de 2022, cuando el dinero se transfirió a la tesorera del ejido, Juana Cerda Morales. De ahí en adelante quedan tres pagos que el Gobierno Municipal haría conforme el ejido cumpliera con ciertos trámites, con fecha límite para cumplir con el contrato del 31 de diciembre del año pasado, de lo contrario el ejido sería penalizado con 50 mil pesos que se restarían del pago final.
Pues la fecha límite pasó, el contrato final nunca se firmó, al ejido no se le transfirió más dinero y cuando la prensa empezó a preguntar, el alcalde y los dos síndicos le hicieron al tío lolo y nadie supo qué pasó.
Y es que, para que el Ayuntamiento desembolsara otros 2 millones de pesos estipulados en el contrato, el ejido debía convocar y celebrar una asamblea en la que se cambiara el uso de las tierras de uso común a zona parcelada… hasta aquí todo bien, lo podían hacer sin contratiempos. El problema fue que dicha acta tenía que ser inscrita ante el Registro Agrario Nacional y es aquí donde se iba a atorar todo, porque claro que dicha instancia tenía que corroborar que las tierras fueran de los ejidatarios.
Días antes de que los regidores aprobaran pagarle los 12 millones de pesos al ejido, el Registro Agrario Nacional emitió un documento primordial dentro del juicio que promovió Nava Palacios en contra de su inhabilitación.
Paréntesis: el Registro Agrario también había jugado un papel importante, pues con artimañas gramaticales se negaba a informar de forma clara y exacta cuál era el polígono que le pertenecía al ejido, lo que ocasionó gran parte del problema.
Resulta que al Registro Agrario se le presentó un mapa y se le pidió responder sí o no, si los tres polígonos marcados corresponden a las tierras que actualmente son propiedad del ejido. De esta forma el Registro acreditó que el terreno donde se construyó el puente, efectivamente, NO pertenece al ejido.
Este es el documento con el que dio respuesta el encargado de despacho del Registro Agrario Nacional, y este es el mapa que se le presentó, en el que se señalan los tres polígonos, así como el tramo del periférico que los ejidatarios reclaman como propio.
Y para que el Ayuntamiento pagara los siguientes 2 millones de pesos, el ejido debía realizar otra asamblea en la que los ejidatarios adoptaran el dominio pleno de las parcelas para luego venderlas al municipio, lo que también debía formalizarse ante el Registro Agrario Nacional y que obviamente no iban a poder hacer porque, una vez más, las tierras no les pertenecen.
Los últimos 4 millones de pesos que completan los 12 firmados en el contrato, se entregarían una vez que se celebrara el contrato de compraventa definitivo entre el ejido y el Ayuntamiento.
Sin embargo, todo este proceso se atoró en el paso uno. Y, por si fuera poco, el contrato estipula que por cada día que pasara desde el 31 de diciembre de 2022, sin que el ejido cumpliera con sus obligaciones, éste sería penalizado con 50 mil pesos. Y resulta que para el pasado 10 de junio se acabó el crédito de 12 millones que tenía el ejido y ahora ellos son quienes le deben al Ayuntamiento. Para hoy, 124 días después del 10 de junio, ¡el ejido le debe 6 millones 200 mil pesos al Gobierno Municipal! Y aparte le tiene que regresar los 4 millones que ya le habían pagado.
Que desastre armaron el alcalde y el ex asesor José Mario de la Garza Marroquín, la síndico Maribel Lemoine y los regidores, que todo le aprueban a Galindo con tal de mantenerlo contento y sobrevivir en el campo de la política potosina.
Recientemente el Ayuntamiento informó a través de una solicitud de información que el contrato se encuentra “en vías de cumplimiento”, a pesar de que la fecha pactada para dar ese cumplimiento ya pasó y está más bien en vías de cumplirse un año desde eso.
Lo que ya se sabía, pero había que reafirmarlo: la síndico Maribel Lemoine es la encargada de dar seguimiento a este tema y es quien debe tener pleno conocimiento sobre esto. Y hay que reafirmarlo porque luego la prensa busca a la síndico ¡y dice que no sabe nada y que no le toca a ella!
En la misma solicitud se le cuestionó el Ayuntamiento las labores que realiza para recuperar el dinero pagado el ejido, ya que el contrato (firmado ante notario) se incumplió. Sin embargo, de forma muy ambigua, respondieron: “Se informa que, la Segunda Sindicatura del Honorable Ayuntamiento ha iniciado trámites previos para cumplimiento forzoso o cualquier acción legal que se desprende del contrato de promesa de venta, requiriendo a los representantes de la parte vendedora por constancias de cumplimiento”.
El fraude que Enrique Galindo cantaba como una victoria se le estancó y debe enmendar la plana antes de que algún Congreso busque inhabilitarlo por 20 años, aunque eso signifique tener que aceptar que se equivocó. Y eso pensando en que los 4 millones de pesos sigan guardados en la cuenta del ejido, porque en caso de que ya hayan sido repartidos, a ver cómo le hacen para obligar a los ejidatarios a regresarlos; o si no alcalde, regidores y síndicos van a tener que empezar a abrir sus carteras para reintegrar ese dinero a las arcas municipales, sino quieren que los empiecen a investigar por desvío de recursos públicos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
