Por: Victoriano Martínez.
En lo que resultó un intercambio de posturas en el que las partes buscaban demostrar tener la razón, este lunes representantes de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, Palula (CITSU), académicos del Colegio de San Luis y representantes de pobladores de Santo Domingo discutieron en el Congreso del Estado sobre la viabilidad de un tiradero de desechos tóxicos en ese municipio del altiplano.
El encuentro, organizado por la Comisión de Ecología del Poder Legislativo, se prolongó por casi cuatro horas, tras las cuales quedaron expuestas las posturas y algunas revelaciones:
- El proyecto aún tiene pendientes autorizaciones federales que se encuentran en proceso.
- Existen estudios de vulnerabilidad en el sitio que aún no están concluidos.
- Los pobladores aledaños mantienen su oposición al proyecto a tal grado, que advierten sobre el riesgo de un estallido social.
- La empresa se ajustó a los requisitos legales para la consulta a la población a través de medios de comunicación, en tanto que los pobladores no se enteraron de la consulta por no tener acceso a esa información.
- Los investigadores de El Colegio de San Luis advierten sobre los riesgos que representan las membranas con las que se confinarán los desechos tóxicos, por no ser infalibles.
- El empresario José Cerrillo Chowel no forma parte de la empresa, aunque los opositores al proyecto no creen esa versión dada por los representantes de CITSU.
Así debatieron…
Tras una exposición técnica por parte de los representantes de CITSU, Manuel Villanueva, representante de la comunidad, cuestionó la falta de consulta a los pobladores de la zona vía internet, pues constituyó una burla porque en esa región no cuentan ni con computadoras.
Germán Santacruz, del Colegio de San Luis, cuestionó la capacidad técnica de los realizadores del proyecto porque, exhibió, en las manifestaciones de impacto ambiental se citan coordenadas de un sitio que corresponde al municipio de Mazapíl, en territorio de Zacatecas.
Por su parte, Francisco Javier Peña, también del Colegio de San Luis, acusó a la empresa de actuar con impericia y avaricia. “Sin saber manejar pólvora quiere que le demos la confianza de manejar toneladas de ella”, dijo.
Luis Rodolfo Rodríguez, abogado de la empresa, aseguró que las imprecisiones sobre la ubicación del predio se documentaron legalmente “mediante los documentos idóneos, que fueron constancias de los catastros, tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí, y del estado, de la ubicación del sitio que está en el estado de San Luis Potosí y en el municipio de Santo Domingo.
“Eso independientemente de que las coordenadas como estaban determinadas tanto en la primera manifestación como en la segunda, y que sigan apareciendo las mismas, eso ni modo, preguntar sobra, porque así las dan, de esa forma llegan, no pueden mandar otro dato. Lo que sí estaba obligada la empresa era a demostrar dónde estaban, cosa que se hizo, la Semarnat evaluó y precisamente por eso lo tuvo por cumplido ese punto”, dijo
Jorge Carmona, abogado de CITSU, descartó la falta de impericia, pues, dijo, los técnicos que lo acompañaron a la reunión acumulaban fácilmente hasta 500 años de experiencia en el ramo por la acumulación de años trabajados por cada uno en esa actividad. “Todos forman parte del proyecto y sabemos que el todo es mayor a la suma de las partes”, dijo.
Edgar Coronado, representante de pobladores de Santo Domingo, consideró que los conocimientos técnicos y obtenidos por haber cursado una carrera especializada no pueden compararse con la experiencia de vivir toda su vida en el mismo lugar.
“Él tiene la experiencia en su carrera, pero yo tengo la experiencia de vivir en el lugar, por lo tanto yo sé perfectamente cómo corre el agua, y en caso de haber un derrame, lógicamente sí nos va a afectar en nuestro ejido”, advirtió y agregó que en su comunidad están dispuestos al estallido social si no se frena el proyecto.
Guillermo Moreno, ingeniero de la empresa, cuestionó lo terminantes de las afirmaciones de los representantes de la comunidad y en especial de los investigadores de El Colegio de San Luis al señalar la inviabilidad del proyecto.
“Tenemos estudios que se han venido realizando desde hace seis años: de vulnerabilidad, geológicos y otros. Hasta ahora los resultados nos indican que no hay afectaciones. Me gustaría saber en qué estudios basan sus afirmaciones tan terminantes de que se va a afectar a la población”, cuestionó.
Santacruz insistió en que las experiencias de tiraderos en otros países demuestran que las membranas que aislarán los materiales no son infalibles y el riesgo de una fuga puede ocurrir en seis meses.
Entre los señalamientos de las irregularidades en el proceso de adquisición de las autorizaciones, los opositores al proyecto señalaron que en la autorización de cambio de uso de suelo del predio Palula se falsificaron firmas de regidores del Cabildo de Santo Domingo, y se insistió en que podría tratarse de situaciones que buscan favorecer un negocio de Cerrillo Chowell.
Tras aclarar que ellos no tienen por qué involucrarse en la falsificación de firmas, Fausto Cervantes, representante de la empresa, señaló que el propietario de la Minera La Paz no forma parte del proyecto de Palula.
“Veo muy enfocados todos los ataques hacia el licenciado Cerrillo Chowell. No pertenece al proyecto. Perteneció en un principio, nos vendió las primeras 600 hectáreas que tiene el confinamiento, y no pertenece al proyecto. Somos un grupo de empresarios diferentes, técnicos. Estamos comprometidos también con San Luis Potosí.
“Yo pregunto ahorita: nos estamos preocupando por algo que tenemos que remediar, pero qué estamos haciendo ahorita con el problema que ya tiene San Luis Potosí”, señaló en referencia a los cientos de toneladas de desechos industriales peligrosos que se encuentran en tiraderos clandestinos por toda la ciudad.
Manuel Villanueva, representante de los habitantes de Santo Domingo, cuestionó la postura de Cervantes.
“Yo le quisiera preguntar aquí a la Semarnat y a la Profepa ¿y su trabajo? Si tanto residuo hay aquí en el Estado, aquí en la cabecera municipal, ¿para qué se les está pagando señores? A mí me gustaría escuchar respuestas.
“Y la otra, quiero ofrecerle una disculpa si lo ofendemos mencionando al señor Cerrillo, pero quiero que sepa que las estadísticas no mienten, y nadie, nadie deja la gallina de los huevos de oro cuando está poniendo, señor”.
Sarahí Veloz, de Morena, cuestionó que el proyecto de Palula tenga como abogado a la misma persona que representó por mucho tiempo a la Minera San Xavier, responsable del ecocidio en Cerro de San Pedro, y llamó a los legisladores a actuar como representante de la población, como quienes en la reunión representaron a los pobladores de Santo Domingo.
“Estas personas también son representantes de cientos de gentes que están en el altiplano, y ustedes sólo tienen dos posturas: o con la empresa y el capital, o con la gente, los pobladores de Santo Domingo y los pobladores de San Luis Potosí, que tenemos la razón en no querer que nos contaminen nuestra tierra, en no querer que perjudiquen nuestras vidas”, dijo.
Por su parte, Francisco Peña consideró que sería lamentable ver a los legisladores, que debieran representar a todos los potosinos, ponerse del lado de un inversionista sólo por la capacidad de influencia política que tiene.
“Eespero, sinceramente lo espero, que las legisladoras y los legisladores de San Luis Potosí no se conviertan en cabildeadores o en manifestadores en todas las entrevistas a favor de una empresa, que creo que hemos mostrado aquí, con suficientes datos, que tiene un proyecto bastante mal hecho, y que además es muy ambiciosa.
El diputado Enrique Flores, de la comisión de Ecología del Congreso del Estado, pidió a las partes reconocer que como legisladores representan a unos y a otros, por lo que le preocupa que se den manifestaciones de un posible estallido social. “No se trata de que se ponga la empresa por que sí, pero tampoco el no por el no”, dijo.
“Se me hace muy irresponsable el hablar de lo que me está pasando a mí, o el decir o estás del lado de la empresa capitalista envenenadora del ecosistema o estás del lado de la gente, porque aquí también la gente puede beneficiarse de esa empresa, siempre y cuando no sea envenenadora, porque si lo son, no voy a apoyar ese proyecto”, dijo.
Finalmente, Peña insistió en que se debe considerar la alternativa que vaya en beneficio de la población local, en la que se respete a la gente y el tipo de desarrollo que ellos quieren para su territorio.
“Cualquier propuesta que vaya en beneficio de la población local debería ser bienvenida. Cualquier propuesta que hoy venga en ese sentido de la empresa parece más bien un chantaje, como lo he dicho en otras ocasiones: nos aceptan el confinamiento, entonces hay planta de tratamiento; no nos aceptan el confinamiento, rásquense con sus uñas”, dijo.
