Por Victoriano Martínez
El proceso electoral todavía se encuentra en curso, en una etapa en la que ya no se disputan los votos de la ciudadanía sino que, además de su validación como en el caso de la elección de gobernador, las controversias van desde la interpretación y aplicación de las fórmulas de asignación de posiciones de representación proporcional hasta situaciones de elegibilidad.
Si bien la atención está puesta en la definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) sobre la validez o no de la elección de gobernador, también es un hecho que la conformación definitiva sobre quiénes ocuparán las diputaciones locales en la LXIII Legislatura mantiene por lo menos tres nombres en veremos.
Hace una semana, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la conformación de la LXIII Legislatura al quitar una diputación a Morena para pasarla al PVEM y, para cubrir las cuotas de género, sustituyó a Eugenio Govea Arcos por Emma Idalia Guerrero Saldaña, segunda de la lista del Movimiento Ciudadano.
Un reacomodo que resultó de una revisión hecha por la Sala Monterrey del TRIFE sobre la forma en que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aplicó la fórmula para asignar las diputaciones plurinominales y que el Tribunal Estatal Electoral había ratificado.
Desde esa conformación inicial en las instancias locales surgieron inconformidades que impulsaban otra serie de reacomodos:
Oscar Vera Fabregat en su pretensión reeleccionista impugnó que se asignara la posición del PCP a Ma. Elena Ramírez Ramírez.
Juan José Hernández Estrada, de MORENA, impugnó la elegibilidad de Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas Hernández, los dos primeros de la lista de candidatos de representación proporcional de su partido.
Martha Rangel Torres, del PRI, se inconformó con la asignación al primero de la lista de su partido, Alejandro Leal Tovías, por considerar que por cuestiones de equidad de género le correspondería a ella, dado que el grupo parlamentario priísta quedaría conformado por tres hombres y una mujer.
Por su parte, el PT reclama que a la diputada electa Cinthia Verónica Segovia Colunga, postulada por ese partido, se le reconozca su militancia efectiva como priísta.
Los ajustes realizados hace una semana por la Sala Monterrey del TRIFE, lejos de responder a las impugnaciones iniciales, generaron dos nuevos damnificados que se suman ahora a las inconformidades contra la determinación de ese Tribunal ante la Sala Superior.
La LXIII, a cinco días de su instalación, se encuentra con por lo menos seis posiciones en disputa y en espera de ser confirmados o no por el TRIFE:
Badillo Moreno y Vargas Hernández, de MORENA; Ramírez Ramírez, del PCP, y Leal Tovías del PRI, impugnados desde las asignaciones determinadas por el CEEPAC.
Como efecto de la resolución de la Sala Monterrey, Alejandro Anaya Escobedo, quien retomaría la posición de Marcela García Vázquez, quien pretende recuperar su posición, y Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien sustituiría a Govea Arcos, quien ya se inconformó.
Los reacomodos judiciales de posiciones en el proceso electoral que aún no termina incluyen la reinstalación de María Eugenia Castro Anguiano también por la Sala Monterrey, lo que dejará la determinación final a la Sala Superior del TRIFE.
De acuerdo con su calendario electoral, el CEEPAC fijó este sábado para sesionar para declarar la validez, tanto de la elección de gobernador como la de diputados locales, y el 20 de septiembre para –coordinados con el Ejecutivo– instrumentar “lo relativo para la publicación del Bando Solemne” que declara válida la elección de gobernador y se debe publicar a más tardar el día 23.
El proceso electoral aún no termina, y más de uno debe sentirse intranquilo en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no emita su resolución, que es la inapelable.
