Abelardo Medellín
En su novela “El Primer Día”, el periodista y escritor mexicano Luis Spota afirma que un gobernante ostenta el poder por un periodo de seis años: un año antes de que gane la elección lo recibe y un año antes de dejar oficialmente el puesto, lo abandona.
A partir de esta reflexión, podemos rescatar entonces los que fueron los momentos más trascendentes de los últimos meses de gobierno que tuvo en el poder Juan Manuel Carreras López, el último gobernador priista de San Luis Potosí, quien terminó su periodo en septiembre de este año y que, pese a ello, aún ha sido protagonista durante los primeros meses del gobierno Ricardo Gallardo Cardona.
Juan Manuel Carreras en 2021, el ocaso prematuro de un gobierno
Para el ahora exgobernador, el 2021 inició con la noticia de que Mónica Liliana Rangel Martínez, su entonces secretaria de Salud, dejaría la titularidad de esta dependencia para competir por la gubernatura de San Luis Potosí por Morena.
Durante la primera semana de enero, Mónica Liliana Rangel pidió licencia a su cargo y el día 18, Juan Manuel Carreras reconoció que la titular dejaba la secretaría en un momento crítico de la pandemia por Covid-19, pero aseguró que su salida no afectaría al sector Salud.
Ese mismo día, Carreras López señaló que había un exhorto del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los gobernadores no hicieran ningún tipo de manifestación en torno al proceso electoral; sin embargo, él no pudo mantenerse mucho tiempo al margen de los actores políticos involucrados en la elección.
En febrero, Carreras López justificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviara a la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias que presentó el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) en contra de Ricardo Gallardo Juárez y miembros de su familia, desde el pasado 10 de diciembre de 2020.
Luego de que fue cuestionado sobre esta situación, Juan Manuel Carreras se limitó a decir que se debían revisar los ámbitos de competencia de las dependencias que llevarían la investigación, mientras que los integrantes del FCA criticaban que luego de tres años de haber presentado la denuncia por enriquecimiento ilícito, el gobernador Juan Manuel Carreras López mantuvo complicidad con la Gallardía.
El caso de la migración de denuncias no sería el único tema que Carreras López tuvo que justificar este 2021: el 4 de marzo, aseguró que la situación de falta insumos que padecía el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” se debía a la “transición administrativa”, por lo que sería un problema “temporal”.
Según el mandatario, el problema del nosocomio se debía al cambio administrativo que devino con la adhesión del hospital al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que el centro médico ahora sería un tema que tendría que atender la Federación.
Un comentario similar tuvo el gobernador sobre los movimientos financieros inusuales que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a inicios de año.
Para marzo del presente, Carreras López apuntó que estos movimientos inusuales debían ser investigados por la Federación, quien debía encargarse de presentar las denuncias frente ante la FGR; incluso afirmó que, en comparación con otros estados, los movimientos inusuales financieros en San Luis Potosí no eran mayores.
Un día después de estos dos deslindamientos, el 5 de marzo iniciaron las campañas rumbo a la jornada electoral del 6 de junio; tal como había adelantado Carreras López en su momento, se abstuvo de comentar al respecto de los candidatos, pero estos no se abstuvieron de comentar sobre la administración carrerista.
En una entrevista con Loret de Mola publicada el 30 de abril en la página de YouTube, Latinus, el candidato de la coalición “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán, recriminó al gobernador Juan Manuel Carreras el haber permitido que la Gallardíase asentara en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez.
Sobre esto, Octavio Pedroza dijo:
“Debió irse a fondo y debió haberse llegado hasta las últimas consecuencias para que pudiera finalmente la justicia determinar la resolución de este proceso que inició y que, por imperfecciones en el debido proceso, pues terminó en su liberación”.
Luego de una campaña reñida entre el candidato de la coalición “Sí por San Luis” y el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, quien resultó ganador, el gobernador Juan Manuel Carreras declaró el 7 de junio (un día después de la jornada electoral) que no le preocupaba entregar el cargo a un partido opositor.
Pese a reconocer que la alternancia partidista era una posibilidad, su opinión final en aquella declaración fue:
“En lo personal, mi tarea es esperar a que se concluyan debidamente todos los procesos”.
Mientras que Carreras López tendía puentes, una celebración de triunfo los quemaba con extremo prejuicio; esto debido a que el 8 de junio, durante el prematuro evento de celebración del “triunfo de Ricardo Gallardo Cardona” que se realizó en la Plaza de Fundadores, su padre, Ricardo Gallardo Juárez, lanzó una amenaza en contra del entonces gobernador:
“Que no se le ocurra, porque el que da las órdenes es el gobernador, que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude (…) lo vamos a sacar de donde sea si hace una pendejada, ya la hizo en el 2018 y no lo vamos a permitir”, comentó.
Y luego reiteró:
“Se lo permití una vez, y supo las condiciones del por qué, hoy, se lo va a llevar la chingada”.
Entre la campaña y la amenaza: un pago de favores
El 14 de abril, la administración de Juan Manuel Carreras envío al Poder Legislativo las ternas para renovar tres magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), entre los que figuraba la representante legal de Ricardo Gallardo Cardona, Silvia Torres Sánchez, y el entonces titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Oviedo Ábrego.
Luego de que estas ternas fueran enviadas, el diputado Edgardo Hernández Contreras afirmó que dichos perfiles parecían responder a un pago de favores políticos de Carreras López.
Pese a que las ternas fueron rechazadas dentro del Congreso en al menos tres veces, al final, el 19 de julio, los perfiles se aprobaron en contra de la ley con 22 votos a favor por parte de la LXII Legislatura.
El nombramiento de estos perfiles se dio a pesar de que diversas voces de la sociedad civil se manifestaron en contra de ellos, como la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, cuyo presidente, Efraín Torres Salazar, expresó alguna vez:
“Esas ternas no debieron ser enviadas, sí tiene la capacidad de enviarlas, pero otras ternas, no los que ya fueron juzgados y votados. Cometería el Congreso una violación procesal y constitucional si los vuelve a subir a consideración y votación del Pleno nuevamente”.
El ocaso del Carrerismo
A partir de que se confirmó a Ricardo Gallardo Cardona como gobernador electo -y a pesar de que la elección aún no se resolvía en su etapa jurisdiccional-, el gobierno de Juan Manuel Carreras comenzó a recontar sus desaciertos y pendientes.
Ejemplo de ello es la declaración del 21 de junio de este año, en la que Carreras López reconoció que la seguridad, el Covid-19, la conclusión de proyectos eran los temas que le preocupaban al término de su sexenio.
El mismo día de esta declaración, la activista y feminista Arely Torres Miranda dijo en entrevista con Astrolabio Diario Digital que la administración de Carreras había incumplido con los requisitos mínimos para garantizar la vida y dignidad de las mujeres en el estado.
Al iniciar julio, Juan Manuel Carreras sostuvo una reunión con el virtual ganador de la contienda, Ricardo Gallardo Cardona, y tras dicho evento, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Villarreal Loo, afirmó que panistas y priistas estaban decepcionados del comportamiento del gobernador saliente.
Respecto a temas pendientes, en entrevista con Astrolabio Diario Digital, un grupo de diputados de la LXII Legislatura afirmaron que los rubros que el sexenio de Carreras López dejó a deber fueron: salud, seguridad y economía.
Luego de las valoraciones y calificaciones externas, el 14 de agosto Juan Manuel Carreras presentó su último informe de gobierno en el que abordó temas como seguridad, salud, el manejo del Covid-19, obras públicas y la Red Metro.
En este último informe, al cual no asistió ningún funcionario del gabinete federal en representación de la presidencia de la República, Carreras dio sus últimas palabras como gobernador:
“No cambiaré nunca mi amor por nuestra maravillosa tierra potosina y mi amistad de siempre con la gente de sus cuatro regiones. Me tocó gobernar en tiempos de excepción; ha cambiado el país y el mundo, hoy nuestra realidad es otra, por ello he dejado constancia de avances importantes, pero también reconozco que hay nuevos desafíos y tareas por realizar en nuestro horizonte”.
El gobernador no se equivocaba respecto a la permanencia de los desafíos, pues medio mes después de su informe y a unas semanas de dejar el cargo, iniciaron las inconformidades de parte de diversos grupos de trabajadores de gobierno y sindicalizados.
Ejemplo de ellos fueron las marchas del 7 de septiembre, en las que integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) bloquearon la avenida Venustiano Carranza para manifestarse en contra del incumplimiento de acuerdos en los que habría incurrido la administración de Carreras López.
Mes y medio después de su salida, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que, durante su sexenio, se registraron un total de 3 mil 628 víctimas de ejecución vinculadas al homicidio doloso y al crimen organizado, lo cual revela un promedio anual de 604.66 muertes y una media diaria de 1.65 decesos.
Para octubre, Carreras ya había dejado el poder y concluido su sexenio, pero este no había concluido con él; entonces, el 28 de octubre, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que la administración carrerista obtuvo mil 035 millones 441 mil 591 pesos en observaciones a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020.
Las denuncias no se quedaron en la esfera estatal. El pasado 7 de diciembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara una denuncia en contra de la administración de Juan Manuel Carreras por un monto de mil 7 millones de pesos.
Luego de las denuncias llegaron los fantasmas de los escándalos pasados y, en vísperas invernales, el 17 de diciembre pasado, el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, aseguró que la reciente captura de Gabriel “N”, presunto responsable de defraudar a más de ochocientas personas, muestra cómo este imputado estaba protegido por el exgobernador Juan Manuel Carreras López y por el exfiscal Federico Garza Herrera.
Hasta la fecha, esa ha sido la última mención del ex mandatario en la esfera pública y, así como sus logros tangibles en el estado, su última aparición pública es poco clara en el tiempo.
