Fernanda Durán
Los cuestionamientos sobre la opacidad en las licitaciones para llevar a cabo los programas sociales y su uso electoral contrastaron con la presunción sobre los millones de pesos invertidos en los “apoyos del gobierno estatal”, durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social y Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, con motivo del segundo informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Tras 28 minutos de exposición en los que el secretario presumió cómo la dependencia lleva la “batuta de todo el gabinete” con una reducción del 7.3 por ciento de pobreza en 2022, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); una inversión de 14 mil 494 millones de pesos en los que se contempla la participación federal como Liconsa, Infonavit y el ramo 33, aunados a 17 programas sociales, comenzó la ronda de preguntas entre las que destacaron las relacionadas con transparencia y en materia electoral.
En su intervención, la diputada Gabriela Martínez Larraga señaló la discrepancia de cifras entre los 14 mil millones que expuso el secretario y los 12 mil 520 millones de pesos que se incluyeron en el informe.
Sin embargo, se enfocó en los contratos y licitaciones para los proveedores de los programas sociales, pues destacó que han enviado diversas solicitudes de información para conocerlos, pero entre dependencias se han “aventado la pelotita” para brindar la información, ya que hay casos como las “Becas Alimentarias” que del primer al segundo informe pasaron de un gasto de 720 millones de pesos a mil 290 millones.
El secretario justificó que no es que “se avienten la información de un lado para otro”, sino que Sedesore no tiene unidad licitadora o compra, por lo que solo tienen la responsabilidad de entrega y la planeación, mientras que el DIF Estatal se encarga de las licitaciones.
Ante esto, se comprometió a apoyar a la diputada para conseguir la información bajo el argumento de que “no hay hilo negro, creo que estamos siendo muy transparentes”.
No obstante, mencionó que en 2022 hubo un aumento de contratos con proveedores para el aumento de “beneficiarios”, pero también se deslindó de la responsabilidad de las licitaciones.
Por lo que la diputada reiteró la pregunta: “¿Sedesore qué debe transparentar?” y reprochó que las instituciones deben ponerse de acuerdo para informar quién debe transparentar los recursos en materia de programas sociales.
Por su parte, el secretario señaló que están obligados a transparentar los padrones de beneficiarios, los cuales se “alimentan” cada mes, puesto que “se están entregando todos y cada uno de los beneficios”.
Con un “bienvenido secretario, me da mucho gusto que un aspiracionista lleve la mano de la Secretaría de Desarrollo Social”, fue como el diputado Edmundo Torrescano Medina inició su intervención al aludir al artículo 134 de la Constitución de México, en el que se establece que la propaganda gubernamental o cualquier modelo únicamente debe atender cuestiones institucionales y los objetivos de cada programa.
El legislador cuestionó qué tiene de institucional o informativo que se muestre el logo del Gobierno del Estado en todos los programas, que a la vez se encuentra en eventos del partido que milita, es decir, el Verde Ecologista de México (PVEM), así como el voluntariado de funcionarios como alcaldes y diputados que no pertenecen a distritos o regiones que les corresponden.
“Como funciona y se cuida el voluntariado de estos programas, he visto y todos nos hemos percatado cómo los programas sociales se utilizan para presentar, posicionar a personas en regiones donde ni siquiera tienen que estar, en el distrito que yo represento he encontrado presidentes municipales entregando el programa alimentario en otro municipio cuando he sabido que van a participar en una diputación”.
En su respuesta, Segura Morquecho afirmó que todos los programas responden a la imagen gráfica que sugiere el Gobierno del Estado.
El programa de alimentación, el diseño y la aportación de toda la imagen de logotipos que conlleva al DIF estatal o Gobierno del Estado no es decisión de Sedesore, pues solo se encargan de repartir el programa, además de que no llevan la promoción de ningún funcionario, pues no hacen alusión a ninguna persona o cargo.
Enfatizó en que ellos insisten para que no se violen las reglas marcadas para la entrega de programas sociales, por lo que no está fuera de la normativa o en su caso “ya nos lo hubiera marcado la autoridad estatal o incluso la autoridad federal” en sus auditorías el hecho de que la imagen tenga una prohibición. A lo que el legislador respondió que aun cuando la autoridad no lo ha señalado, no quiere decir que esté bien.
En cuanto a los voluntariados, Segura Morquecho respondió que los funcionarios de la Sedesore tienen la obligación de conocer cada una de las regiones, e incluso extendió la invitación para que las y los diputados acudan a la entrega de programas.
En este tema, el diputado Alejandro Leal Tovías consultó si la dependencia implementaría mecanismos para evitar el uso electoral de los programas, por lo que el secretario declaró que no son utilizados para promocionar a ningún funcionario o servidor público, sino que se enfocan en tener una red grande de gente para llevar los “apoyos” a cada región del estado.
Leal Tovías también preguntó si existía alguna coordinación para no duplicar programas sociales destinados a una sola persona, al tomar en cuenta que el Gobierno Federal tiene aproximadamente 30 millones de beneficiaros en sus programas sociales, como la pensión para el bienestar de personas adultas, para educación superior, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vidas.
Ante tal cuestionamiento, Segura Morquecho reconoció que no tienen un criterio para verificar si reciben doble recurso, pues no pueden negar los programas debido a que son derechos constitucionales, pero se pretende quitar ese vicio en las personas de obtener todos los programas sociales como municipales, estatales y federales.
