Por Victoriano Martínez
Para el proceso electoral 2025 en el que se elegirán magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado (PJE) ni están todos los que pueden estar ni están todos los que creen poder estar como candidatos a ser votados el próximo 1 de junio.
La escasa respuesta de los abogados en San Luis Potosí a la convocatoria para registrarse como aspirantes a uno de los cargos del PJE dejó a los Comités de Evaluación de cada uno de los tres poderes sin la cantidad suficiente para seleccionar primero a los 10 mejor evaluados ni para obtener duplas por cada cardo en la insaculación pública.
En las listas de “duplas”, publicadas con siete días de retraso el pasado 19 de febrero, el Poder Judicial presentó una relación de 92 personas, el Poder Ejecutivo 81 y el Poder Legislativo 69. Es decir, no sólo no les alcanzó para las duplas, sino que ninguno de los tres comités logró cubrir los 132 cargos en juego.
Si a eso se le suma que el Poder Judicial sólo presentó tres duplas, los 92 posibles cargos a cubrir se reducen a 89; en el caso del Ejecutivo, con 12 duplas, los 81 se reducen a 69, en el Poder Legislativo, con el listado más confuso de los tres dado que asegura haber presentado 36 duplas (tres duplas de uno) habría presentado candidatos a sólo 36 de los cargos en juego.
Ese galimatías, de algún modo, le tocará resolverlo al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Pero esa confusa presentación de la información en el Periódico Oficial del Estado no será el único rompecabezas para resolver por los consejeros electorales, sino que tienen ante sí la disyuntiva de repetir o no en las boletas los nombres de personas que aparecen en la insaculación de dos poderes y hasta los tres.
El comité de evaluación del Ejecutivo incorporó en la relación de los insaculados a 23 personas que también aparecieron en la lista de los otros dos poderes: 18 compartidos con el Poder Judicial y los otros cinco con el Poder Legislativo.
Las cuatro personas restantes que aparecen en las listas de dos poderes corresponden al Poder Judicial y al Poder Legislativo.
Peor aún. Existe seis casos de aspirantes que aparecieron en las listas de los tres poderes: Andrea Guadalupe Castillo Rueda, Claudia Elena Medellín Mendoza, Erika Elena Segovia Hernández, Graciela Treviño Rodríguez, Héctor Vega Robles y Rosa Elena Blanco Ríos.
“En caso de que una persona aspirante presente registros en dos o más Comités de Evaluación para cargos diversos, será considerada automáticamente como no elegible”, dice la parte final de la fracción V de la base Sexta de las convocatorias de los tres poderes.
El texto de esa fracción comienza con la obligación de los aspirantes a manifestar, “bajo protesta de decir verdad, que no ha presentado su registro ante el Comité de Evaluación de otro Poder para un cargo distinto”.
Se trata de una rebuscada redacción. ¿si se les pidió manifestar, “bajo protesta de decir verdad, que no ha presentado su registro ante el Comité de Evaluación de otro Poder para un cargo distinto”, entonces podían registrarse en los tres para el mismo cargo? ¿Por qué no señalar que podrían registrarse en uno o en los tres comités para un mismo cargo?
Si podían registrarse en los tres comités, ¿para qué trabajaron por separado? ¿O acaso se trata de un solo comité con tres comisiones? ¿Quién estuvo al frente del verdadero comité?
Si había variaciones en las posibilidades de ser evaluados en cada comité, todos los aspirantes tuvieron la opción de registrarse en los tres, a ver con cuál les pegaba. Treinta y tres personas lo hicieron (27 en dos y seis en los tres). ¿Les aplica o no les aplica el “será considerada automáticamente como no elegible”? ¿Tendrán una doble y hasta triple aparición en las boletas?
Así con los que están, en tanto que los que quieren estar, al menos 30 que han presentado impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado, deja ver que, a pesar de no contar con los suficientes aspirantes, los comités de evaluación se dieron el lujo de descartar potenciales candidatos.
Por un lado, se podría pensar que evitaron que pasaran a las boletas personajes no aptos, pero el caso denunciado por Rosalinda Ávalos, policía que busca justicia por el asesinato de dos de sus hijos, que impidió que Sabas Santiago Ipiña apareciera en las boletas del próximo 1 de junio indican que no fue así.
Por otro lado, se podría considerar que los 30 que se han recurrido al Tribunal Electoral no superaron la evaluación, pero el caso de Jesús Xerardo Martínez Muñoz, aspirante a magistrado, quien apareció en la lista de los mejor evaluados por el Poder Legislativo y seleccionado durante la insaculación pública como parte de la quinta dupla también indica que no fue así.
¿Hasta dónde están todos los que no debieron estar y no están los que sí debieron estar? ¿Cuáles fueron los criterios para la depuración final de las listas? ¿Desde dónde operó la evidente mano negra que, a pesar de la escasez de aspirantes, el desaseo en el proceso deja ver que hubo una selección previa? ¿Con qué intereses?
Con tan escasa participación, ¿cuántos cargos van a quedar desiertos? ¿cuántos y quiénes son los que aparecerán como candidatos únicos en la boleta? ¿De qué serviría votar en esos casos? ¿Para cuántos casos se podrá contar con alternativas? ¿Hasta dónde será una verdadera elección y no una mascarada?
