Por Victoriano Martínez
A menos de siete días de celebrarse la jornada electoral del próximo 2 de junio, independientemente de que las campañas locales hayan despertado o no el interés de los electores, hay dos aspectos que aquí no parecen preocupar pero que desde la perspectiva foránea se perciben como situaciones de riesgo.
El primero tiene que ver con las dificultades económicas que enfrente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que le han valido ser visto por el INE como el de mayor riesgo por los recortes presupuestales que sufrió durante las asignaciones de recursos en el Presupuesto de Egresos estatal.
Luego de que el primer recorte, ante el proyecto de presupuesto presentado por el CEEPAC, fue del 67.48 por ciento, el organismo electoral ya lleva tres adecuaciones presupuestales: la primera por la reducción a 100 millones de pesos del presupuesto solicitado, la segunda porque les aumentaron 50 millones y la tercera por ajustes en algunos rubros.
Aunque se informó que se incrementaría el presupuesto para la elección en 29 millones de pesos más, en últimos días no se ha conocido que se haya realizado una cuarta adecuación al presupuesto, quizá porque ese incremento no se había confirmado.
Este viernes la Secretaría de Finanzas informó de la entrega de 20 millones de pesos más al CEEPAC. Aunque todavía estarían pendientes nueve millones, es probable que se realice otra adecuación presupuestal y, cuando se dé, se determine si la autoridad electoral finalmente cuenta con recursos suficientes para enfrentar la elección.
El otro riesgo en la elección que se realizará dentro de una semana tiene que ver con la seguridad y las situaciones de violencia que podrían generarse.
San Luis Potosí no ha sido escenario de hechos de violencia como los que se han dado en otros estados, pero tampoco ha estado exento, principalmente en la Huasteca, donde se han reportado agresiones a promotores del voto y hasta el caso de un homicidio.
“Tenemos el tema de San Vicente, que se ha calentado San Vicente por las familias de ahí, con las pugnas que tienen con otras familias; el tema de Tanquián, Tanlajás, que han sido también pugnas familiares durante años y décadas”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Sean pugnas familiares o no, se trata de un reconocimiento de actos de violencia que se dan en el marco de un proceso electoral.
Quizá por hechos como esos, y otros que no son conocidos, es que San Luis Potosí aparece entre los nueve estados en los que el gobierno federal ha proporcionado protección a más de diez candidatos que lo solicitaron. Un indicador de un clima de inseguridad en el ambiente electoral.
El otro dato que destaca como indicador de ese riesgo que los propios candidatos perciben de inseguridad lo proporcionó Gadi Mokotov, presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, en entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva: los estados con más candidatos que rentan vehículos blindados para sus campañas.
“Hay un enfoque especial en ciertos estados como Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, que son estados donde tienen más demanda por la situación de inseguridad que tienen”, dijo.
Pocos candidatos han dado a conocer sus peticiones de protección. Ángeles Hermosillo, candidata del PANAL a la alcaldía de San Luis Potosí, previo al debate de este viernes es una de ellas. Reveló que ha recibido amenazas directas y pidió protección también para su familia.
Dos riesgos en torno a la jornada electoral en puerta que necesariamente requieren medidas preventivas: el CEEPAC tendrá que explicar si los ajustes presupuestales garantizan el desarrollo de la jornada electoral y las acciones posteriores, y las autoridades de seguridad pública las medidas para garantizar que los temores de los candidatos no ocurran.
