Por Victoriano Martínez
Como nunca, la contienda electoral en curso ha tenido como terreno para la competencia, además de las campañas proselitistas, los tribunales judiciales.
Este miércoles bien puede quedar marcado como la fecha en la que se desahogaron los casos que tienen que ver con la legalidad y elegibilidad de los contendientes. Por lo menos de los principales: la gubernatura y la presidencia municipal de la capital.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución de la Sala Regional Monterrey que valida el registro de las candidaturas por Morena de Xavier Nava Palacios, Alicia Nayeli Vázquez Martínez y Alfredo Lujambio Cataño para su reelección como alcalde, síndica y regidor, respectivamente.
Como última instancia, el TEPJF deja firme la planilla de Nava Palacios y, si se toma en cuenta el video que publicó en su cuenta de Facebook, deja ver que lo liberó de tal forma de una preocupación proporcional a su eufórica reacción caracterizada por un triunfalismo que lo expresó con la frase “ganamos en los tribunales, ganaremos en las urnas”.
Otro caso que quedó definitivamente resuelto por el TEPJF fue el de la cancelación del registro de Pedro César Carrizales “El Mijis” como candidato a diputado de representación proporcional como representante indígena.
Por su parte, el consejo general del INE determinó que en el caso de la falta de informes de gastos de precampaña de Mónica Rangel hubo una atenuante (el retraso en la selección de candidatos en Morena impidió que fuera posible su registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos) que la salvó de la cancelación de su candidatura, pero no de una multa.
La candidata por Morena evitó, hasta esta madrugada, hacer algún comentario en sus redes sociales. Posiblemente cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) provocaron que no reaccionara con la misma euforia que Nava Palacios, y hasta cabe dentro de lo posible que analicen impugnar la sanción.
En todo caso, al tratarse de un problema de falta de reporte de gastos por la contienda electoral a la Unidad de Fiscalización del INE, valdrá la pena que se aclare si la suma de las sanciones tanto al partido como a sus compañeras precandidatas, que es de 7 millones 226 mil 988.28 pesos, contará como gastos de campaña que también deban reportar.
El caso es que la etapa de intervención de tribunales judiciales para dirimir controversias sobre la elegibilidad o no, la legalidad o no, de las postulaciones de los partidos queda atrás, y ahora las campañas se asoman a la antesala de abrir la participación de otros tribunales judiciales: los que tendrían que determinar si hay candidatos que deban ser sancionados por delitos o no.
Las denuncias que por La Cumplidora presentaron el PAN ante la Unidad de Fiscalización del INE, por Mónica Rangel, candidata por Morena a la gubernatura, ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y por un grupo de Movimiento Ciudadano ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales federal, apuntan a otro tipo de judicialización de las campañas.
Se trata de denuncias que en parte fueron alentadas por la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Mañanera contra dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León: uno por repartir una tarjeta rosa y el otro por usar recursos presuntamente de procedencia ilícita.
Las tres denuncias por La Cumplidora se suman a los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera por el uso de recursos de procedencia ilícita en contra Ricardo Gallardo Cardona, quien se convierte en candidato con mayores méritos para que sus carpetas de investigación se judicialicen con mayor celeridad que la judicialización anunciada para los casos de Nuevo León.
“Y hay que denunciar todos los casos porque es ilegal”, insistió López Obrador en la Mañanera de este miércoles cuando se le pregunto con relación al caso de Gallardo Cardona y otros dos candidatos. “Yo celebré ayer que la Fiscalía ya esté haciendo esto y ojalá y continúe y que no se permita para nada el fraude electoral”.
Si a 69 días de iniciadas las campañas por la gubernatura, la intervención de las instancias judiciales electorales han dejado definidos a los contendientes. A 24 días de la elección queda por verse el alcance de la Fiscalía General de la República para judicializar casos como el de Gallardo Cardona, y que los tribunales penales definan la situación de esos candidatos antes del día de la votación.
