Jaime Nava
La comisión de Vigilancia aprobó el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí al que le eliminaron el párrafo que limitaba el gasto para la contratación de medios de comunicación.
El pasado 4 de junio del 2019, la diputada Martha Barajas García presentó la iniciativa de Ley de Comunicación Social que, pese a ser una copia de la Ley General de Comunicación Social, incluía como novedad un párrafo en el artículo 15 con el objeto de disminuir el gasto anual en comunicación social de los entes públicos.
“El gasto anual en comunicación social, no podrá exceder del cero punto cinco por ciento del Presupuesto asignado al Ente Público, para el Ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, de manera extraordinaria podrá considerar una ampliación en los casos del capítulo V del presente título.”
El párrafo en cuestión fue borrado del texto del dictamen que fue aprobado en comisiones mismo que será turnado Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.
Durante la discusión del dictamen la diputada Marite Hernández Correa hizo notar la eliminación del párrafo y cuestionó los motivos. Los integrantes de la comisión cedieron el uso de la voz al asesor de la comisión de Vigilancia quien respondió que no tenía ningún comentario al respecto.
El legislador, Martín Juárez Córdova, pidió la palabra para comentar que la limitación del gasto en comunicación social será incluida en la Ley de Austeridad. En una nueva intervención, el asesor de la comisión de Vigilancia explicó que decidieron presentar el dictamen de esa manera para “armonizarlo” con la Ley General de Comunicación Social, la cual tampoco establece límites.
No obstante lo anterior, debe destacarse que la propuesta de ley incluye la creación de un padrón estatal de medios de comunicación que contendrá datos como nombre comercial, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, antigüedad, tipo de medio de comunicación, zonas geográficas de influencia, así como el total y tipo de población a la que tiene acceso.
También se establece que toda la información relacionada con la propaganda gubernamental será considerada pública y no podrá ser clasificada como reservada o confidencial.
