Jaime Nava
El 20 de octubre del 2017 una maestra de la Facultad de Derecho fue víctima de abuso sexual dentro del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); lo supo el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, lo supo el secretario, Anuar Abraham Kasis Ariceaga, lo supo el director, José Abraham Oliva Muñoz, y lo supieron distintos funcionarios, pero, en lugar de sancionarlo, optaron por encubrirlo.
Emma Elisa Menchaca de la Rosa tenía apenas un año de haber ingresado a la Universidad como catedrática cuando comenzó a ser víctima de acoso sexual de parte de José Antonio M., quien se desempeña como chofer del director de la Facultad de Derecho.
Según su relato, que consta en el expediente número 1VQU-0325/19 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el acoso se “intensificó” en los días previos al abuso sexual. Como su agresor contaba con un espacio para trabajar afuera de la oficina del director de la Facultad de Derecho, en los días posteriores al abuso, Emma intentó alejarse de él hasta encontrarse en posibilidad de denunciar y dar aviso al director.
Por cuestiones de trabajo, se vio obligada a salir de la ciudad días después del abuso, cuando regresó para informar sobre su encargo al director, se encontró a su agresor dentro de su oficina y frente a ella sostuvieron una conversación que ella interpretó como una lección de impunidad.
“José Antonio M. relató cómo le abrió las puertas del baño a una funcionaria en el Edificio Central cuando él y José Abraham Oliva Muñoz trabajaban en ese lugar cuando el ahora director de la Facultad de Derecho se desempeñaba como secretario particular del rector, Manuel Fermín Villar Rubio. José Antonio M. narró cómo intencionalmente la había seguido hasta el baño y, cuando ella entró, le abrió la puerta encontrándola semidesnuda, pues estaba haciendo del baño”.
Enseguida, Emma relata que frente a ella se burlaron abiertamente de ese hecho y de que la funcionaria afectada había solicitado el despido de José Antonio M. al entonces secretario particular del rector, quien justificó el hecho argumentando que se trató de un accidente que le podría suceder a cualquiera.
Cuando Emma le confesó a Abraham Oliva Muñoz que había sido víctima de abuso sexual a manos de su chofer, éste le pidió discreción y se comprometió a hacerse cargo del asunto. Días después, el director se reunió con ella y le dijo que ya había platicado con José Antonio M., quien había reconocido lo sucedido, que estaba “muy arrepentido” y que no volvería a ocurrir. Incluso le comentó que, si ella aceptaba, mandaría llamar a su agresor para que le pidiera disculpas.
Como se negó a recibirlas, Emma comenzó a ser víctima de hostigamiento laboral, acoso, amenazas y difamaciones. En abril del 2018, refiere que el encargado del Despacho Jurídico gratuito de la facultad la amenazó con la publicación de un video que destruiría su acusación en contra de José Antonio M.
“Prosiguió diciendo que en caso de querer continuar con lo del abuso sexual, esto podría afectar mi carrera, mi prestigio y mi reputación, que mejor lo pensara bien, pues hasta el momento tenía una carrera brillante y destruirla sería una lástima”. Le pidió silencio a cambio de recibir proyectos que significarían “grandes logros” en su vida profesional. Al negarse, le exigió que presentara su renuncia.
El rector pidió no denunciar
abuso ante la Fiscalía General del Estado
Cuando el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, se enteró del abuso, citó a Emma en una casa que es utilizada por él como oficina alterna y que se ubica a un lado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Durante más de dos horas le relató todo lo que le había sucedido desde el 20 de octubre del 2017.
El rector le ordenó volver a trabajar a la Facultad de Derecho y actuar con “discreción y sigilo” respecto del abuso sexual; además, la convenció de no acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente con la promesa de que él se haría cargo del asunto.
“Villar Rubio, a sabiendas de los delitos sexuales de los que fui víctima, tomó la decisión de ordenarme, como la máxima autoridad de la UASLP, el regresarme a trabajar a la misma Facultad de Derecho donde aún transitan libremente mis agresores sexuales y laborales en absoluta impunidad”, comentó Emma.
A 52 días de su encuentro, el 28 de junio, el rector ordenó la apertura de un proceso en contra de sus agresores en la Defensoría de los Derechos Universitarios a cargo, en ese entonces, de Fernando Sánchez Lárraga. El expediente quedó registrado como DDU/031/06/2018.
El inicio del proceso le costó a Emma ser víctima de amenazas de muerte. Fue citada a declarar el 3 de julio del 2018; no obstante, un día antes recibió una llamada por la noche en la que le dijeron: “Emma, ya te cargó la chingada por haberte metido con el jefe”.
Invitaciones, burlas y silencio
Emma recuerda que al salir de dar una clase se le acercó el secretario académico de la Facultad de Derecho, José Martín Gaytán, para invitarla, a nombre del director José Abraham Oliva y del abogado general de la UASLP, Juan Manuel Reynoso, a “tener un acercamiento para resolver el asunto de manera privada, tener una reunión los tres para negociar, con la garantía de que la plática sería en buenos términos y cordial”. Ante la negativa, la contraoferta consistió en preguntarle cuánto quería para olvidarse del asunto.
A principios del 2019, Emma le entregó al rector un informe sobre lo que ella llama “la red de corrupción que opera al interior de la UASLP” basada en su experiencia con múltiples funcionarios. Como respuesta a su documento recibió el silencio oficial, Manuel Fermín Villar Rubio rompió toda comunicación con ella e incluso sus intermediarios Joel Cruz Maytorena y Víctor Manuel García Martínez, coordinador administrativo y secretario particular, respectivamente, se negaban a recibirla.
“El 28 de febrero del 2019 me entrevisté con Joel Cruz Maytorena al interior de la oficina de Rectoría, quien, a punta de gritos, de manera burlesca, sarcástica, absolutamente faltándome al respeto, y con un trato humillante me comunicó que el rector tiene muchos asuntos que resolver, entre ellos, la autonomía de la Universidad y los recursos federales, y resolver en definitiva mi expediente no está en sus prioridades”, narró Emma.
Sin apoyo del secretario
Abandonada a su suerte por el rector, Emma buscó al secretario, Anuar Abraham Kasis Ariceaga, para que le informaran cuál era el status de su expediente y para que, por su conducto, le agendara una cita con Manuel Fermín Villar Rubio.
La respuesta de Kasis Ariceaga consistió en remitirla a la Defensoría de los Derechos Universitarios donde acababa de ser nombrado Jorge Andrés Delgado Delgadillo en sustitución de Fernando Sánchez Lárraga.
Al consultar el expediente de su caso que quedó luego del proceso de entrega-recepción, Emma se dio cuenta de que habían sido agregados distintos documentos que nunca le fueron dados a conocer, como citatorios, actas y una testimonial a cargo de la hija del abogado general de la UASLP, Samantha Reynoso Vázquez.
De las irregularidades en su expediente y el intento de soborno dio cuenta al secretario, Anuar Abraham Kasis Ariceaga, quien se declaró incompetente para ofrecerle alguna solución y la volvió a enviar a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
“Tanto la Rectoría como la Secretaría General de la UASLP nunca asumieron su responsabilidad dentro del expediente DDU/031/06/2018 y, en lugar de ello, siempre asumieron la actitud de derivar la responsabilidad en diversidad dependencias de la UASLP, dependencias y funcionarios involucrados en una red de corrupción de la que la Rectoría y la Secretaría General siempre han tenido pleno conocimiento”, dijo Emma
Suspendido seis meses
De acuerdo con Emma, en el expediente DDU/031/06/2018 se encuentra probado el abuso sexual del que fue víctima y quiso ser resuelto aplicando una sanción a su agresor consistente en la suspensión por seis meses, determinación que consideró insuficiente toda vez que han sido impuestos castigos más severos únicamente por acoso.
Asimismo, cabe destacar que, como parte de las represalias por haber denunciado el abuso sexual, Emma fue condenada a un limbo laboral puesto que le fueron retiradas las materias que impartía y las asignaron a otros maestros mediante concurso. Hechos que también constan en su expediente y sobre los cuales la propia Universidad decidió otorgarle una nueva adscripción para que se incorporara a laborar con nueva carga académica; sin embargo, hasta la fecha, la UASLP ha incumplido su propia resolución.
CEDH emitirá recomendación
Todo lo anterior forma parte del expediente 1VQU-0325/19 tramitado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Astrolabio Diario Digital tuvo acceso a los documentos que integran el expediente del cual se desprenderá una recomendación que, de acuerdo con fuentes al interior, está programada para publicarse hoy.
El 9 de marzo pasado, Alejandro García Alvarado, primer visitador de la CEDH, notificó al abogado general de la UASLP y a la Defensoría de los Derechos Universitarios las medidas precautorias número 05/2020 como parte del seguimiento a la queja presentada por Emma por violaciones a sus derechos humanos consistentes en violación al derecho a la libertad sexual, acciones de acoso y/o abuso sexual, así como la vulneración a ejercer su trabajo en un ambiente libre de violencia.
El documento refiere que existe una resolución en la que se indica que se encontraron elementos suficientes para acreditar el abuso sexual y que existe una sanción en contra de José Antonio M., pero ésta no ha sido cumplimentada porque desde la oficina del abogado general y desde la Facultad de Derecho “comunicaron que se realizarían las acciones pertinentes para la revisión del procedimiento agotado y hasta entonces se determinaría si se impondrá o no la sanción prevista” para José Antonio M.
También confirma que la propia CEDH en el expediente de queja ha acreditado los actos de violencia sexual en agravio de Emma, por lo que se le otorga la calidad de víctima, “así como el derecho a una reparación integral del daño”.
El documento indica que en el expediente se encuentra el resultado de la valoración psicológica practicada a Emma por personal de la CEDH “de la que se advierte que la quejosa presenta afectación emocional grave, derivada de los hechos denunciados”; asimismo, reconoce que ha sufrido “una constante revictimización” por parte de diversas instancias a las que ha acudido dentro de la UASLP lo que se considera como un tipo de violencia institucional.
La CEDH también encontró “actitudes que se pueden encuadrar como violencia de género” y advirtió que los derechos de Emma a la seguridad e integridad personal y al trabajo digno pueden estar en riesgo, por lo que solicitó al abogado de la UASLP que se tomen acciones para salvaguardar sus derechos.
Finalmente, se ordenó girar instrucciones para que se realicen acciones efectivas tendientes a garantizar la integridad física y psicológica de Emma en su lugar de adscripción o en cualquier otro espacio que, como resultado de la reparación integral del daño, le pudiera ser asignado.
