Eduardo Delgado
En un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la sentencia dictada este viernes en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el Congreso del Estado deberá dictaminar si aprueba o no la iniciativa de Ley de Austeridad de San Luis Potosí.
En sesión celebrada hoy, con la participación de las magistradas Dennise Adriana Porras Guerrero, Yolanda Pedroza Reyes y del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Nicolás Juárez Aguilar, fue avalada por unanimidad la resolución del expediente TESLP/JDC/167/2021.
En consecuencia, el TEE le fijó al Poder Legislativo un plazo de tres meses para que agote el procedimiento legislativo respecto de la iniciativa propuesta por los ciudadanos Aarón Joel Obregón Hernández, Juan David Cibrián Jerónimo y Luis Alberto Suarez Castillo, quienes la presentaron el 5 de marzo de 2019 y turnada a comisiones el día 11 de ese mismo mes y año.
De acuerdo la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la legislatura anterior (LXII) debió dictaminarla en un plazo de un año e incumplió, pese haber integrado —el 8 de octubre de 2020— una comisión especial para resolver las iniciativas pendientes de dictaminar en no más de tres meses. En enero de este año concluyó el plazo.
En la asamblea extraordinaria del Congreso del Estado, celebrada el pasado 9 de agosto, fue incluido en el orden del día el dictamen por el que se aprobaba la expedición de la Ley de Austeridad, pero fue retirado.
Un mes después, el presidente de la comisión creada ex profeso, el otrora diputado Martín Juárez (hoy director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento capitalino), reportó sin resolver la iniciativa a la entonces Directiva del Congreso.
Por tanto, este viernes el TEE determinó que se vulneró el derecho político electoral ciudadano de los proponentes “de participar en la vida democrática, al persistir la omisión de concluir el proceso legislativo”.
En su iniciativa, Aarón Joel, Juan David y Luis Alberto proponen austeridad en la adquisición de bienes públicos; Comunicación Social; en gastos de representación; uso de vehículos oficiales y disposición de escoltas, así como en gastos en servicios personales, para aplicarse en Gobierno del Estado y municipios.
Con la finalidad, plantearon, de contribuir a que los recursos económicos de los poderes del Estado, entidades descentralizadas, organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos, “se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
