María Ruiz
A seis meses de la aprobación del “Impuesto Ecológico” por parte del Congreso del Estado, el empresariado y las cámaras industriales aún están en debate sobre su aplicación y las sanciones que podrían derivarse de la medida.
Aunque han surgido desacuerdos en torno a cómo se medirán las emisiones de gases y los montos a pagar, el sector empresarial ha descartado, por ahora, recurrir a medidas jurídicas como el amparo.
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de Coparmex en San Luis Potosí, destacó que la discusión se mantiene abierta y una nueva reunión entre el empresariado y el Poder Ejecutivo se llevará a cabo en octubre para afinar detalles sobre el impuesto, que gravará la emisión de gases a la atmósfera.
“En la reunión de la semana pasada se enfocó el análisis en cómo se va a medir, a quién se le va a medir y a partir de qué cantidad de emisiones estarán sujetas las empresas a pagar este impuesto. Aún no se han definido montos claros, pero seguimos trabajando en ello”, señaló Ortuño Díaz Infante.
El presidente de Coparmex expresó su optimismo respecto a que, para principios del próximo año, se logre un consenso con el Gobierno del Estado de manera que el impuesto represente un beneficio tanto para las empresas como para el medio ambiente.
“Lo relevante de todo esto es qué se va a hacer con el dinero recaudado. Es fundamental que aquellas empresas que apuesten por cambios para reducir su huella ambiental sean incentivadas”, subrayó.
A pesar de que algunas empresas han cuestionado la posibilidad de recurrir a amparos, Ortuño Díaz Infante aseguró que, por el momento, se privilegia las vías de diálogo con las autoridades para buscar soluciones que no solo mitiguen el impacto ambiental, sino que también fortalezcan la relación entre el sector empresarial y el gobierno.
Mantienen la expectativa y la esperanza de que se llegue a un acuerdo que impulse un modelo de desarrollo sustentable para San Luis Potosí.
