Por Victoriano Martínez
Los proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito siguen en pie con una estrategia que va desde lograr vía amparos la anulación del decreto que la declara Área Natural Protegida hasta una demanda contra el gobierno federal por daños y perjuicios por cuatro mil millones de pesos.
El viernes 30 de junio, empresarios que encabezan al menos tres proyectos en distintas superficies de la Comunidad de San Juan de Guadalupe se reunieron con los comuneros para conocer un informe sobre los avances de los juicios de amparo y de la demanda por daños por parte del abogado Gustavo Barrera López.
El combate contra el Área Natural Protegida
Barrera López les aseguró que el juicio de amparo 1364/2021 en el Juzgado Cuarto de Distrito tiene un pronóstico favorable para su causa porque en el peritaje presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconocen que en las mil 805 hectáreas del proyecto Las Cañadas no hay las especies de fauna que se señalan en el decreto de ANP.
El abogado estimó que, para septiembre o a más tardar octubre, se tendrá la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito a su favor, y una vez que ya obran en el expediente los peritajes de Geología, Edafología, Biología, Servicios Ambientales, Desarrollo e Impacto Urbano y Gestión de Riesgo, según una conversación que tuvo con la secretaria proyectista.
Les explicó que la sentencia no sólo les permitirá poder disponer de las mil 805 hectáreas del proyecto Las Cañadas, sino que quedarán liberadas de la ANP el resto de la superficie de la Sierra de San Miguelito.
Barrera López no sólo les dijo que hay buena expectativa para anular el ANP, sino que también hay un buen avance en la demanda por daños y perjuicios por cuatro mil millones de pesos que presentaron ante el Tribunal Federal Administrativo, que se gestiona actualmente en una Sala Especializada en materia ambiental.
Dijo a los comuneros que se entrevistó con dos de los tres magistrados de esa Sala. “Se saben en la Sala Especializada de memoria el expediente ya, y hay muy buen ánimo con ellos”, les dijo y en el audio se escuchan comentarios como si les compartiera imágenes de la reunión.
Aclaró que la indemnización solicitada por cuatro mil millones de pesos no corresponde al pago por la tierra, sino únicamente por los daños y perjuicios causados por la Presidencia de la República al afectarlos con el decreto de Área Natural Protegida.
Por parte de los inversionistas inmobiliarios, estuvieron en la reunión Carlos López Medina, uno de los socios locales, y Alberto Anaya, representante de Alejandro Tamayo, inversionista regiomontano.
“Nosotros estábamos previendo que esto se iba a arreglar hasta que el señor Presidente saliera, pero aparentemente no”, comentó López Medina sobre la expectativa de tener una resolución a más tardar para el mes de octubre.
Barrera López mencionó que, en el caso de la demanda por daños, la Sala Especializada podría emitir su sentencia entre los meses de enero y febrero de 2024, por lo que hasta entonces se conocería el monto de la indemnización que se ordene.
Las peticiones a los comuneros
Tanto los dos empresarios como el abogado pidieron en varias ocasiones a los comuneros asistentes a la reunión, entre quienes se encontraban los integrantes del comisariado comunal, que lograran mantener la unidad en torno a los proyectos que comparten, porque en los últimos meses los han visto confrontados y hasta con problemas de invasiones de tierras.
“Ustedes mismos están animalizándose dentro de la comunidad, no quiere decir que ustedes salen y matan, no, pero sí sus familiares, sus hijos, sus sobrinos lo están haciendo y esto está generando una desunión impresionante”, les señaló Alberto Ayala, representante de Alejandro Tamayo (00:39:29).
Se les planteó de distintas formas que los inversionistas de Las Cañadas, empresarios locales y foráneos, son quienes han costeado los juicios que han costado muchos millones de pesos, se encuentran en curso y muy cerca de favorecerlos, al grado de que para lo que resta de este año se contempla un gasto de 20 millones de pesos.
Expusieron que no sólo se puede lograr la indemnización que se demanda por cuatro mil millones de pesos, sino que además los desarrollos inmobiliarios que se podrán realizar representan ingresos adicionales.
“Este problema, son cientos de miles de millones de pesos, son muchos millones de pesos para ustedes”, les dijo el empresario al establecer que quienes se oponen “les están haciendo su patrimonio cero” (minuto 38:07 en el audio). “Vamos entonces a ver cómo nos retribuyen los que les hemos pagado” agregó más adelante (00:43:01)
“A nosotros nada más reconózcanos la cantidad que les hemos dado, en tierra, traemos un valuador … y así se acabó ya el problema”. (00:44:20)
Se les planteó a los comuneros que los inversionistas necesitan contar con una certeza de que podrán recuperar lo que han gastado, por lo que podrían elaborar un documento o realizar una asamblea comunal informativa en la que ratifiquen los compromisos que se tienen con el proyecto inmobiliario.
“Y ahí tomar la decisión, hombre, queremos seguirle o no queremos seguirle, la verdad es que ustedes ya están cansados, nosotros también estamos cansados”, expresó el promotor de los proyectos inmobiliarios (01:03:52).
Y además de Las Cañadas…
Durante la reunión no sólo se planteó la recuperación de los terrenos para realizar el proyecto Las Cañadas, el de mayores dimensiones planteado por los desarrolladores, sino también otros dos proyectos de fraccionamientos en territorio de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
Con relación a Las Cañadas, Barrera López expuso que el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado durante la administración municipal de Xavier Nava Palacios, estableció 527 hectáreas de las mil 805 del proyecto, lo que constituye una autorización que cambió el uso de suelo previo a la declaratoria de ANP.
Aseguró que el artículo tercero transitorio del decreto de la ANP ordena que se respeten ese tipo de autorizaciones previas, por lo que definieron como estrategia que los comuneros presenten escritos al Ayuntamiento para manifestar su interés en desarrollar proyectos de crecimiento urbano en esas 527 hectáreas.
“En el Programa dice esto es urbanizable como crecimiento urbano no programado todavía, bueno pues lo empezamos a programar, es decir, yo comunidad ya quiero desarrollar, y pueden en su momento desarrollar lo que tienen pactado con la empresa, y así no aparecemos a la empresa para no meternos ahorita en la bola de desincorporar la tierra agraria.
“Ahorita, lo que dice el ingeniero, para hacer ruido quiero que de una vez que le vaya cayendo el 20 al Ayuntamiento este de que el Ayuntamiento anterior, en programas que ya quedaron firmes, ya es urbanizable y ahorita no te lo pueden revocar”, les pidió Barrera López (00:30:20).
Reclamaron a los comuneros no haber logrado avanzar con el proyecto de urbanización en 57 hectáreas en la zona conocida como Las Huertas junto a la Presa de la Cañada del Lobo, que se encuentra parcelada y en posesión de comuneros sucesores.
Ayala les aseguró que ese proyecto se planeó para lograr que los comuneros tuvieran “centavos”, pero también para que la campaña legal que todavía sigue en curso pudiera ser patrocinada.
Los empresarios insistieron en que ese proyecto se puede llevar a cabo. “Los posesionarios que están ahí se van a llevar su dinero como si lo hubieran vendido, y ustedes también se van a llevar otros millones de pesos para todos los comuneros” (00:49:23).
“Yo creo que es una gran oportunidad para mostrarse ustedes de que cumplen y de que sí pueden hacer las cosas, ese terreno (las 57 has.) es muy sencillo de regularizarlo, ese terreno es muy sencillo de sacar los permisos, ese terreno no tiene ningún problema legal de nada y es un terreno que muy rápido se puede desarrollar y muy rápido les puede dar recursos” (00:49:32).
La pretensión de ocupar ese predio ha generado incluso denuncias por hostigamiento, amenaza y hasta agresiones por parte de comuneros posesionarios de las parcelas.
Por parte de los comuneros asistentes, hubo quien propuso que no sólo se destrabe el caso de Las Cañadas y de las 57 hectáreas de Las Huertas, sino que también se tomen medidas contra quienes impiden el fraccionamiento Privadas Parque Real, en el predio de los siete campos también conocido como La Tiendita.
Llegaron incluso a proponer que se suspendan derechos de comuneros o se les expulse por no estar de acuerdo con la urbanización y con entregar sus parcelas.
Motivados para la asamblea
Al final de la reunión, los comuneros asistentes comenzaron a emitir opiniones sobre la mejor manera de realizar la asamblea informativa que les propusieron los empresarios y el abogado.
El ánimo de colaboración se comenzó a manifestar desde el momento en que, ante los señalamientos sobre el hecho de que los empresarios costean los juicios, uno de los comuneros exhortó a sus compañeros a reconocerlo.
“De dónde sale el juicio, si no de los inversionistas. Entonces ahorita yo sí de todo corazón le pido aquí a los inversionistas que nos sigan apoyando. Sin la ayuda de ustedes para esos juicios la Comunidad no es nada”, expresó (00:25:22).
Entre las propuestas para lograra una asamblea comunal informativa en la que se logre un acuerdo para apoyar los proyectos inmobiliarios se planteo la realización de reuniones previas por grupos para tratar de llegar a la reunión con los planteamientos ya resueltos.
