Abelardo Medellín
La partida presupuestal por concepto de nómina para los trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí, fue 200 millones de pesos más de lo establecido durante el año pasado, lo cual significó un aumento de casi el 10 por ciento de lo presupuestado, según lo descrito dentro de la Cuenta Pública 2020 publicada en la página de Gobierno del Estado el pasado 15 de marzo.
El documento de la cuenta pública describe en el apartado de “Estado del ejercicio del Presupuesto por capítulo de gasto”, ubicado en la página 65 del archivo, que el rubro de servicio personales (1000) tenía un presupuesto aprobado para el 2020 de mil 230 millones 823 mil 373 pesos con 47 centavos, sin embargo obtuvo una ampliación presupuestal de 103 millones 272 mil 688 pesos con cuatro centavos, suma que representa un ocho por ciento de aumento a lo ya aprobado.
Según lo expuesto en la cuenta pública del 2020, de estos mil 230 millones, se devengaron mil 329 millones 308 mil 935 pesos con 77 centavos, lo cual significa que cuatro millones 787 mil 125 pesos quedaron sin erogar.
El rubro de servicios personales fue el que recibió la ampliación presupuestal mayor con más de 100 millones de pesos de aumento, pese a ello, otros cinco apartados recibieron ampliaciones menores que, en suma, significaron una ampliación general de 188 millones 285 mil 842 pesos al presupuesto del Poder Judicial.
Dado el aumento en todos los rubros durante el transcurso del 2020, el Poder Judicial no consiguió sólo los mil 332 millones 354 mil 191 pesos que tenía presupuestado, sino que terminó por recibir mil 520 millones 640 mil 32 pesos, de lo cual quedó un subejercicio por 16 millones 708 mil pesos.
En entrevista, la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aseguró a medios locales que el alza de 103 millones de pesos al rubro de servicios personales fue para el pago de obligaciones fiscales, sin especificar qué impuestos fueron cubiertos.
La magistrada comentó que el pago de estos impuestos ya había considerado con anterioridad y que no trastocó las finanzas del Poder Judicial.
Argumentó, además, que así como hubo aumento para el pago de estas obligaciones, se pudo ahorrar en áreas como en los gastos de transporte durante el 2020, ya que el personal que solía trasladarse al interior del estado, dejó de hacerlo como consecuencia de la pandemia por Covid-19.
Olga Regina López agregó que la austeridad presupuestal es importante, pero que es difícilmente aplicable al pago de obligaciones.
Cabe recordar que, a inicios de abril del año pasado, el gobernador potosino, Juan Manuel Carreras López, dio a conocer, junto con su gabinete, un fuerte programa integral de austeridad que se aplicaría para combatir los estragos de la pandemia.
El mandato de austeridad trastocó a todos los poderes e incluyó al Poder Judicial, el cual, a pesar de haber solicitado mayor presupuesto para la puesta en marcha de los juzgados laborales, recibió para el 2021 una partida de mil 321 millones 503 mil 84, es decir apenas cinco millones más que el presupuesto 2020 y 60 veces menos de lo solicitado por la presidencia del Supremo Tribunal.
