Fernanda Durán
Asumiendo el posible “costo político”, las comisiones de Justicia y Gobernación aprobaron el dictamen con el que se da procedencia a la terna para la elección de la o el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de siete años.
La propuesta de terna fue recibida este jueves 16 de mayo, por lo que al finalizar la sesión ordinaria se inició una reunión entre ambas comisiones para darle agilidad al proceso de elección del fiscal.
En la reunión se les explicó qué artículos de la Constitución se tomarían en cuenta para nombrar a una nueva persona por siete años, pero despertó el debate entre los legisladores.
La controversia sobre el periodo en el que se establecería a la terna se planteó con la finalidad de robustecer el criterio de interpretación ante la posible contraposición de dos artículos en la constitución local, pues mientras el artículo 122 bis sustenta la posibilidad de nombrar a alguien por un periodo completo, el artículo 107 da la pauta para nombrar a una persona titular, en caso de ausencia para finalizar la administración de quien ocupaba anteriormente el cargo.
La terna integrada por María Manuela García Cazares, Ranulfo Rodrigo Cano y Luis Ricardo Molina Corpus, no estaba a discusión, ya que los legisladores mencionaron que los perfiles eran aptos, sino que el temor era la parte jurídica para dictaminar y se consideró que no era viable nombrar a un titular de la Fiscalía sólo por los meses restantes de administración.
Luego de cuarenta minutos de discusión y sin tener conclusiones claras, el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación, invitó a sus compañeros a tomar una decisión a pesar del costo político que podría llevar el nombrar a la persona que encabece la Fiscalía por un periodo de siete años y no por tres meses, correspondiente a la vacante que dejó José Luis Ruiz Contreras.
“Démosle arte de institución y asumamos el costo político que esto va a tener para nosotros. Cuál es la consecuencia de esto. La consecuencia jurídica para que no ocupe el cargo no va a tener ninguna relevancia, la consecuencia es política y es para nosotros si algún día, en la próxima legislatura, algún personaje que quiera reflectores nos puede hacer un juicio político a nosotros por violentar la constitución, pues que a mí me enjuicien por poner a un buen fiscal”.
Por su parte, la nueva secretaria de enlace del Poder Ejecutivo, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, explicó que más allá de una contradicción, el artículo 122 bis corresponde a una regla general que busca dar certeza y continuidad al sistema penal.
Finalmente, el dictamen fue aprobado por unanimidad con este criterio y será turnado al Pleno la próxima semana.
