Estela Ambriz Delgado
El pasado miércoles el Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis llevó a cabo el “Diálogo por el agua y el territorio, en defensa de San Marcos y el Río Calabacillas”, en el que habitantes de la comunidad de San Marcos Carmona perteneciente a Mexquitic de Carmona, expusieron el acoso y hostigamiento del que han sido objeto por defenderse contra el despojo de la empresa” Promotora y proyectos Proaljo”.
En el presídium estuvieron los comuneros Juan Carlos Santillán, Elvira de la Cruz Vaca, José Luis Montes, Juana María Escobar, así como los abogados Guillermo Luévano Bustamante y la doctora Suhey Tristán, quienes forman parte de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Los comuneros relataron cómo ha sido el proceso de defensa y la criminalización, detenciones, amenazas, hostigamiento, e intentos de soborno de los que han sido objeto por parte de los trabajadores del empresario Alejandro Torres Ocejo; Carlos Guerra y Martín Isaú Arredondo, quienes se encontraban entre los asistentes a este evento.
Juan Carlos Santillán comenzó con el diálogo y dijo que aproximadamente desde 2016 comenzaron a tener problemas con unas empresas que llegaron a construir en su comunidad, y señaló la complicidad entre autoridades haciendo referencia a la presencia de trabajadores de Proaljo, que anteriormente formaron parte del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.
“Estamos seguros que están en complicidad con autoridades locales, estatales y federales, qué bueno que aquí nos acompañan también trabajadores de la empresa Proaljo, quienes estuvieron trabajando en el Ayuntamiento con Antonio Ramírez”.
En este sentido el comunero indicó que al solicitar apoyo cuando comenzaban en esta lucha y veían venir la problemática, el presidente municipal les mandó de apoyo a Martín Isaú, pero ellos se dieron cuenta posteriormente que él trabajaba para las empresas.
“Después ya vimos cuál era su intención, porque si se nos acercó en un principio con algunos empresarios que no conocemos bien y por ahí nos empezaron a hablar de ventas de la tierra, a lo que no accedimos porque son tierras que tienen dueños”.
A partir de dichos eventos vinieron una serie de hostigamientos para los comuneros, pues comenzaron las denuncias, y al ver que no cedían en la venta de las tierras se puso más complicada la situación, al grado de que por una demanda penal interpuesta por la empresa el juez lo sentenció a él y a José Luis Montes a un año y tres meses de prisión y 14 mil pesos por el derribo de una barda construida en sus terrenos.
“A partir de ahí hemos tenido hostigamiento con supuestos ministeriales, y de hecho también participaba el señor aquí presente Carlos Guerra, él nos ponía citatorios en las casas. Una vez me paró con muchos agentes ministeriales porque iban con armas largas, por ahí en… me cerró el carro y me pararon como si fuera un criminal. A partir de ahí tuvimos un buen de hostigamiento, nos llevan hasta el Cereso a La Pila, nos abren un proceso y aquí estamos”.
Elvira de la Cruz Vaca dijo haber conocido a Martín Isaú Arredondo y a Carlos Guerra porque los investigaron, de qué familia venían, en dónde vivían, cuántos hermanos eran, y posteriormente se presentaron en su casa ofreciéndonos la cantidad de 60 mil pesos a cambio de 92 hectáreas.
“Nos piden el acta de defunción de mi papá, identificación oficial… ¿para qué? Ellos querían 92 hectáreas y nosotros dijimos que no, que ese era un fraude, y no estamos dispuestos a vender nuestra comunidad por 60 mil pesos, nuestra comunidad no merece esto”.
Cruz Vaca manifestó a nombre de San Marcos Carmona que quieren ser escuchados por las autoridades, que el Río Calabacillas vuelva a estar limpio para poder disfrutar de él como antes lo hacían, y acusó a los representantes de Proaljo de robarles sus tierras.
“Queremos que nos escuchen, no por el hecho de ser pobres y no tener dinero no valemos, somos seres humanos yo todos somos iguales. Queremos nuestro río limpio como estábamos, donde nuestros hijos disfruten de las aguas. Ustedes nos han robado nuestras tierras y no es justo”.
José Luis Montes manifestó haber conocido a Martín Isaú hace cuatro años aproximadamente, después de una reunión del comisariado cuando este llegó con un maletín con 150 mil pesos, cantidad con la que pretendía comprar la tierra comunal, y compartió su experiencia tras negarse a acceder a lo que proponía la empresa.
“A mi me agarraron en mi trabajo, fueron tres ministeriales que me levantaron y me llevaron como un delincuente a la Fiscalía, en el camino escuchó cómo se decían uno al otro que si seguían o cambiaban de plan, cuando dijeron eso yo pensé que ya se acababa mi vida, porque ellos se las gastan de todas… entonces me llevaron a la Fiscalía, pero no ingresamos por la entrada principal, sino por el estacionamiento, me llevaron a un cuarto junto con otro compañero… ahí nos amedrentaron con palabras, nos tuvieron como dos o tres horas incomunicados, secuestrados, y llegaban más ministeriales, nos decían de todo, hasta de lo que nos íbamos a morir y a pesar de esto seguimos adelante, por lo que nos llevaron al Cereso diciendo que éramos delincuentes y que hicimos destrozos”.
Por su parte la profesora Suhey Tristán destacó la importancia de conocer las distintas formas de intimidación y persecución que las comunidades están enfrentando, pues es una problemática que San Marcos y muchas otras comunidades se ven obligados a hacer ante la defensa de su territorio contra este extractivismo inmobiliario que pretende el crecimiento de las ciudades sin considerar las cuestiones ambientales, las afectaciones que representan hacia las comunidades que tienen una visión distinta de lo que es su territorio.
Guillermo Luévano Bustamante consideró como una provocación que se hayan presentado los trabajadores de la empresa, y se negó a darles el uso del micrófono pues hay muchos espacios en donde ellos podían hablar y este foro se hizo para que las comunidades hablen de la criminalización de la que han sido objeto por defender su territorio.
“Este es un foro para las comunidades donde la gente está contando su vivencia, su experiencia y este relato brutal de la criminalización que hoy así como lo contaron parece un asunto inusitado, cómo ha habido detenciones, amenazas, hostigamiento, intentos de soborno, de compra, los delincuentes son ellos, no los compañeros que están con las carpetas de investigación”.
