Por Victoriano Martínez
El gobernador Juan Manuel Carreras López, al entregar su sexto y último informe al Congreso del Estado y con los mensajes que dio en la sede del Legislativo y desde el Centro de Convenciones a través de redes sociales, reafirmó la actitud que lo caracterizó durante todo su sexenio: la simulación.
Como presunto informe, el de este viernes fue el sexto acto con el que se simuló una rendición de cuentas que durante toda su administración evadió cumplir. De cara a la ciudadanía, evitó la presentación del “estado que guarda la administración pública”, como lo establece la Constitución Política del Estado.
Exhibir la entrega de un voluminoso tomo en una sesión solemne del Congreso del Estado con la afirmación de que con ese documento se cumple lo dispuesto por la Constitución poco cuenta cuando sus mensajes, con despliegue de recursos audiovisuales en una presentación tipo conferencia TED, sólo destaca lo que considera útil para su lucimiento y regodearse.
Su poca disposición para completar personalmente el ejercicio de rendición de cuentas la expuso ante los 22 diputados presentes en la sesión solemne: “Los integrantes de mi administración estarán atentos a comparecer ante este Poder para aclarar y ampliar la información cuando sean requeridos”, les dijo.
La sumisión de los representantes populares de inmediato quedó de manifiesto con el anuncio por parte del diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Junta de Coordinación Política, de que se podría llamar a comparecer a funcionarios del Gobierno Estatal entre el 23 y el 27 de agosto.
Seguramente los diputados consideraron demasiado atrevimiento proponerle a Carreras López que él mismo compareciera como lo contempla la parte final de la fracción XXIV del artículo 57 de la constitución, para formularle “observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública”.
De poco sirven los pronunciamientos públicos de diputados a través de los medios de comunicación sobre las deficiencias y deudas que deja el gobierno de Carreras López a la sociedad en materia de seguridad, salud, combate a la corrupción, impunidad y demás, si no son capaces de hacer valer la atribución constitucional que les permite hacerlo comparecer para cuestionarlo directamente.
Una omisión por parte de los legisladores que, combinada con la pasarela en que se convierten las comparecencias de funcionarios, los hace cómplices de la simulación de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y, con ello, traicionan la representación popular que ostentan.
Una simulación que, a lo largo del sexenio que está por terminar, tuvo como figura emblemática el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), anunciado desde el discurso con el que Carreras López asumió la gubernatura como la bandera que enarbolaría y que terminó por ser sólo eso: una banderola para ondear en sus actos de simulación para aparentar un combate a la impunidad.
Los diputados actuales se han sumado entusiastas a esa simulación. Desde mayo se abrió el módulo de la Plataforma Digital Estatal del SEA para la publicación de las declaraciones 3de3 de los servidores públicos. Desde junio el Congreso del Estado se adhirió a la plataforma, pero de a mentiritas: en dos meses no han publicado una sola declaración 3de3.
Si el SEA nació muerto, la creación de la Fiscalía General del Estado autónoma sólo cambio de vestimenta. En el sexenio de la simulación carrerista, aunque la vieja y nula procuraduría de justicia se haya vestido de autonomía, nula seguiría: denuncias contra diputados, alcaldes, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, etc. fueron congeladas bajo el manto de la impunidad.
La seguridad pública enfrentó una creciente ola de violencia como en ninguno de los tres sexenios anteriores y, a pesar de eso, no se corrigió la estrategia. Ni la prevención ni el combate al crimen se hicieron presentes, pero lo que de ninguna manera faltó fueron las justificaciones y pretextos que el único mensaje que enviaron a los delincuentes es que tenían, y aún tienen, campo abierto.
No sólo se incrementó constantemente el número de asesinatos, sino que cada vez se cometieron con más saña y crueldad. El mapa de atrocidades se fue extendiendo por todo el Estado. En el último recuento, ya reportaba hechos atroces en 22 municipios.
Nadie espera que un funcionario público se auto recrimine por sus deficiencias. Lo deseable es que reconozca a tiempo que las tiene y muestre voluntad para corregirlas. Pero cuando, como Carreras López, usan su obligación de rendir cuentas para fantasear y exhibirse como los mejores, lo único que queda claro es porqué los problemas se agravan: son incapaces de (o fingen no) verlos.
