Abelardo Medellín
Incertidumbre, temores de corrupción y suspicacias, es lo que ha provocado el nuevo impuesto ambiental que ha promovido el Gobierno de San Luis Potosí entre la industria privada, así lo expresaron empresarios y expertos litigantes durante el Foro sobre Impuestos Ambientales realizado por diversas cámaras del sector privado.
En el marco del Día de la Tierra este 22 de abril, una decenas de cámaras empresariales convocaron a este foro para abordar de manera primordial el tema del impuesto ambiental, además de temas como impacto al medio ambiente, sostenibilidad y economía circular.
Durante la realización del primer panel, participó Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. capítulo San Luis Potosí, quien comentó que este tipo de impuesto, si bien no son nuevos y existen normas similares en al menos otros 15 estados, ha demostrado no contar con una justificación solida en el caso del estado potosino.
Chessal Palau afirmó que dentro de la iniciativa que dio origen a este impuesto, no se cuenta con un análisis claro sobre la situación ambiental que tiene el estado ni un estudio que respalde su implementación.
De igual manera, comentó que un impuesto como este debe ser regulatorio para reducir la contaminación, y no recaudatorio, pues de lo contrario sería como “pagar por poder contaminar”.
Tras las primeras intervenciones del foro, los asistentes comenzaron a solicitar la palabra para poder realizar preguntas a los panelistas; la primera pregunta por parte de un participante fue: “¿Cómo se va a medir la contaminación?”.
Si bien la nueva normativa contemplada en este impuesto ambiental establece una cuota impositiva por el equivalente tres Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) por tonelada emitida de dióxido de carbono o la conversión del mismo, los participantes mostraron su preocupación al mencionar que aunque existan modelos para medir la contaminación atmosférica, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no tiene capacidad para proceder a vigilar el cumplimiento y el posterior cobro del impuesto.
Ante los comentarios de diversos empresarios, el panelista Carlos de los Santos comentó que el tiempo para aplicar el reglamento para este nuevo impuesto se ha agotado, ya que entraría en vigor el 10 de junio, por lo que la expectativa es que se vuelva a postergar la fecha de arranque para la aplicación del mismo.
Carlos de los Santos recordó que el Gobierno ya había tenido que retrasar la aplicación del impuesto, pues el primer plazo contemplado en la ley marcaba el 1 de abril como la fecha oficial, pero se retrasó para el 10 de junio para permitir dialogar con las cámaras empresariales.
Por su parte, Chessal Palau opinó que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha intentado aplicar este nuevo impuesto de manera inmediata, debido a la presión que los medios de comunicación han ejercido contra la administración en el tema referente a la contaminación que emite las ladrilleras.
“Si el día de mañana dicen que una fuga de tuberías de Interapas contaminó el agua, yo no dudaría que por ese lado se vaya el reglamento del impuesto”, ironizó Chessal Palau.
Otras preocupaciones que expresaron los asistentes fue sobre cómo decidió el Congreso del Estado o el Gobierno que el costo de tres UMA’s era una taza justa para grabar la tonelada de contaminación producida, cómo regulará la Segam a empresas que por ley son reguladas por la Comisión Estatal del Agua (CEA) o qué se hará con el dinero que recabe el Estado por este concepto.
Ante la última de estás dudas, Chessal Palau comentó que una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce que el Estado puede decidir cambiar el rubro en que se aplica un monto recaudado y que no requiere etiquetarlo, por lo que el dinero que será cobrado a las empresas para supuesta remediación de afectaciones ambientales, puede terminar destinado a sueldos o gastos corriente si así lo decide el Gobierno.
Durante la conclusión del primer panel del foro, Chessal Palau expresó que este nuevo impuesto deja ver un diseño incompleto y estos vacíos se pueden prestar a “una gran corrupción”.
