Estela Ambriz Delgado
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), manifestó que la disputa por la remoción de Mario Godoy Ramos, titular de representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el estado, no es por un cargo, sino por una agenda social, cultural, política y económica de este sector, por la que se ha luchado.
El activista subrayó la diferencia entre el desempeño de ambas partes, pues los consejeros indígenas han trabajado una agenda basada en el reconocimiento de sus derechos, con resultados históricos al contribuir en la reforma constitucional del artículo 2, que les reconoce su personalidad como sujetos de derecho público y que ahora da pie a la asignación de recursos directos a las comunidades indígenas para obras de infraestructura.
Mientras que Godoy Ramos ocupaba la secretaría de organización en su partido Morena “haciendo muy poco y simulando mucho”, razón por la cual se agotó su permanencia.
“Él no tuvo nada que ver en los avances que ahora han conquistado los pueblos y comunidades indígenas, sólo se sube a la agenda cuando así le conviene, como en este caso, cuando la mesa de recursos directos a comunidades ya esta servida”, expresó.
Cisneros Sánchez hizo mención de que el hermano de Ernestina Godoy estuvo por décadas en el servicio público, bien remunerado, mientras que los cargos de consejeros son honoríficos, e incluso prácticamente pagan por brindar su servicio, porque fueron elegidos por las comunidades; por el contrario, Mario Godoy no cuenta con ese consenso o no fue elegido, y por tanto es ilegítimo.
Además, puntualizó que los consejeros no cuestionan la facultad del director general de INPI, Adelfo Regino Montes, para nombrar a un servidor público, sino el hecho de que no se respeta el criterio que debe prevalecer para que este sea legítimo y adecuado a las exigencias de un servicio público dirigido a comunidades indígenas, que es tener origen indígena, ser hablante de una lengua originaria, oriundo de la región, y tener conocimiento y experiencia.
“Mario podrá decir que tiene 50 años de servicio, pero lo que nunca podrá calificar es ser indígena por más que el pretenda autoadscribirse recurrentemente como persona afromexicana o rarámuri. Muchos sabemos perfectamente que él no es indígena, ni habla la lengua tének, náhuatl o xi’ui del estado; él no es oriundo de estas hermosas tierras y su conocimiento y experiencia es de otro tiempo, de los tiempos de los gobiernos neoliberales. Por eso es capaz de mentir, usurpar la identidad y traicionar a quienes dice viene a servir”.
También consideró que Godoy Ramos pretende tomar una posición de víctima al argumentar que los consejeros no están abiertos al diálogo con él, lo que sería consecuencia de que en primer lugar este los ignoró, desconoció, difamó, y pretendió usar a la Secretaría del Bienestar.
El activista añadió finalmente que lo mejor es que el director del INPI haga valer el criterio y haga una valoración de cómo quiere ser recordado en el estado, mismo en el que hay personas indígenas que tienen las capacidades, experiencias suficientes para sacar adelante esta institución y su agenda, además señaló que no tiene sentido profundizar un desacuerdo que solo beneficiará a otros y no a los pueblos y comunidades indígenas.
