Por Victoriano Martínez
El audio sobre el compló contra la Sierra de San Miguelito ya llegó hasta las más altas autoridades del país y la reacción o respuesta que pudiera darse entra en la categoría de esos casos de pronóstico reservado.
Por lo pronto, el área jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República analizan todo lo expresado en los 74 minutos que duró la reunión para detectar situaciones que pudieran configurar la comisión de delitos para promover la apertura de carpetas de investigación.
Así lo expuso María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT, en entrevista con Julio Hernández López, con la advertencia de un “nosotros como gobierno de México nos vamos a defender”, para enseguida explicar que en esa defensa están involucrados los abogados de su Secretaría y los de la Consejería Jurídica presidencial.
Una defensa que, según lo informado por Albores González, tiene en su haber que se han enfrentado con éxito 35 juicios de amparo y 6 juicios de nulidad.
Un contexto en el que todas las estrategias de las que hablaron en la reunión de empresarios inmobiliarios y su abogado con comuneros de San Juan de Guadalupe les resultan familiares a los funcionarios federales porque se replican en todo el país, ahí donde la voracidad inmobiliaria atenta contra la protección al medio ambiente.
Quizá la novedad es que ahora cuentan con una grabación que contiene un amplio catálogo sobre el tipo de maniobras a las que recurren, tanto para presionar a los comuneros para que realicen las acciones que requieren para sus lucrativos propósitos, como para lograr verse favorecidos por determinaciones de autoridades administrativas y judiciales.
Un catálogo seguramente de gran utilidad para la definición de estrategias de defensa legal en los juicios que aún se encuentran en proceso, pero que además ofrece la oportunidad de valorar cada acción realizada o planeada para detectar qué tanto se apegan a la legalidad y hasta donde pueden constituir un delito.
Albores González advirtió sobre la importancia de que no sólo en San Luis Potosí, sino en todo México, la población debe estar bien informada sobre la importancia de defender un Área Natural Protegida.
“Tenemos todo el derecho como Gobierno de México, estamos hablando de un derecho colectivo y un bien colectivo porque esta ANP de la Sierra de San Miguelito lo que tiene son las principales zonas de recarga de agua en la parte alta de la capital del estado”, expresó.
Tan asumen ese derecho de defensa de la ANP Sierra de San Miguelito, que parecen retomar la consigna que señala que la mejor defensa es el ataque, por lo que en el análisis de la reunión empresarios-comuneros uno de los objetivos es ver si se desprenden casos para denunciar posibles delitos.
Una amplia estrategia de defensa que tiene como justificación el hecho de que la protección ambiental a la Sierra de San Miguelito fue un compromiso presidencial con la población de San Luis Potosí manifestado en la plaza pública desde el 24 de mayo de 2019, y reiterado en distintos momentos hasta llegar al decreto del 13 de diciembre de 2021.
“Hay una necesidad para guardar el equilibrio de nuestras áreas naturales protegidas, no es un berrinche de tener áreas naturales protegidas, es un asunto de cuidado de lo elemental”, dijo Albores González.
Un cuidado de lo elemental cuyas acciones y reacciones presagian una amplia secuela post declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
