Antonio González Vázquez
En cuatro sesiones de “trabajo” del Consejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado, no se ha realizado ninguna acción tendiente a revisar a fondo el cumplimiento de las obligaciones de información pública de oficio por parte del legislativo. Han tomado el “acuerdo” de analizar y revisar el sitio electrónico de los diputados, pero no existe prueba de que lo hayan hecho.
Pese a que la página electrónica del Congreso presenta infinidad de fallas y contiene información desactualizada, en dos meses, los consejeros encabezados por David Vega Niño, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no ha hecho una sola observación.
Al revisar el contenido de las actas de las cuatro reuniones de trabajo que ha realizado el nuevo Consejo Ciudadano de Transparencia no fue posible encontrar una sola observación ni tampoco alguna recomendación en materia administrativa o de transparencia ni mucho menos, de rendición de cuentas.
Se reunieron los días 4 y 9 de diciembre de 2015 y luego el 18 y 28 de enero de 2016, según consta en las actas publicadas desde la elección del nuevo Consejo.
En la primera reunión, invitaron a Yolanda Camacho Zapata, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía De Acceso a la Información Pública quien hizo les exhibió una presentación respecto de los aspectos generales de la legislación.
El único acuerdo que se tomó fue acepar una invitación de la diputada Josefina Salazar Báez para asistir a una reunión de la Comisión de Transparencia, así como invitar a los miembros del anterior Consejo Ciudadano para que les dieran orientación sobre el trabajo que se tiene que hacer.
En la segunda reunión, Rodolfo Narro Loris, del anterior Consejo platicó con ellos y les entregó informes de sus actividades, además de que se aprobó el plan de trabajo para el ejercicio 2015-2016.
En la tercera reunión, ya en enero, el Consejo recibe asesoría por parte de personal del Instituto de Investigaciones Legislativas y se toma el acuerdo de revisar el estatus de las solicitudes de información que recibe el Congreso.
Para la cuarta sesión revisan el reporte que les dio la Unidad de Información Pública, según el cual se recibieron 79 solicitudes, de las cuales, solamente estaban por cumplirse nueve, el resto ya habían sido resueltas. Se acuerda seguir revisando el material.
Por citar un dato, no hay declaraciones patrimoniales de los diputados puesto que aun está la negativa de los anteriores legisladores para hacer público ese documento, además de que no se tiene acceso a las obligaciones del artículo 21 de la ley en materia de transparencia; además de que continúan las dádivas por parte de la Junta de Coordinación Política pese a que el anterior Consejo solicitó la eliminación de tales “ayudas sociales”.
