Carlos Rubio
Desde chico me lo dijo mi padre en innumerables ocasiones: lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El cierre de la planta de Calidra que operaba ilegalmente sobre la carretera Rioverde es un logro por el simple hecho de que anteriormente tres alcaldes avalaron esta práctica, sin embargo, sería un error pensar que el asunto está concluido y podemos estar tranquilos; viene lo más difícil: mantenerla cerrada y evitar a toda costa que continúe contaminando y afectando la salud de los vecinos.
Aunque la administración de Enrique Galindo Ceballos fue la que finalmente dio el golpe certero a Calidra, durante todo este proceso la actuación del Ayuntamiento fue muy cuestionable. Primero porque los vecinos solicitaron una audiencia con el alcalde, la cual no les fue concedida y por lo tanto tuvieron que recurrir a un amparo para conseguirla. Ahí nació la primera sospecha de una colusión con la empresa.
Después las visitas de la Dirección de Comercio a la planta, en donde los inspectores dejaban por sentado en las actas que no encontraron actividad más que la administrativa, pese a las pruebas fotográficas que proporcionaban los vecinos, en las que se veía humo blanco saliendo de las chimeneas. Y no creo que, por mucho que se usen y se desgasten, las computadoras emitan tal cantidad de gases, ¿verdad?
Aún después de que el caso fuera dado a conocer en este medio y que se reanudaran las reuniones entre vecinos y las autoridades, la Dirección de Comercio insistió en que ya habían comprobado que no se llevaba a cabo ninguna actividad en la planta. La misma instancia que semanas después la clausuró.
¿Quiénes eran los inspectores que asentaban que no había actividad en la planta?, ¿por qué lo hacían?, ¿se les va a investigar?, ¿estaba enterado de esto el director Jorge García Medina? ¿O acaso desde el Ayuntamiento se le avisaba a la planta cada que se iba a realizar una inspección?
El proceso que se atravesó para lograr la clausura de la planta fue un tanto cuestionable, lo que pone en duda la fortaleza que tendrá el Ayuntamiento para mantener esta determinación y no ceder ante los fuertes embates que seguramente ya lleva a cabo Calidra, empresa fuerte a nivel nacional que poco a poco ha abarcado mayor territorio en San Luis Potosí y no dejará de lado fácilmente la inversión de más de 200 millones de pesos que realizó para instalarse en la carretera Rioverde (más uno que otro moche que tuvo que ofrecer a los exalcaldes).
Si bien hoy la administración de Enrique Galindo puede darse palmadas en la espalda, el verdadero reto es que la planta no vuelva a operar y no siga evadiendo la ley en tierras potosinas.
Pasó años operando ilegalmente. Desde 2019 no tenía licencia de uso de suelo, luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la anulara a través de un juicio de amparo, ante la irregular entrega que hizo Mario García Valdez cuando su Cabildo pretendió cambiar el uso de suelo habitacional por comercial. Pero hasta para ser mañoso hay que tener cabeza, pues el magistrado que analizó el asunto determinó que todo el proceso estaba mal hecho y ni si quiera habían designado el uso de suelo correcto, ya que la planta estaba categorizada como una industria.
Calidra perdió esta licencia durante la administración de Xavier Nava Palacios, que no tuvo el valor de acercarse a la planta y colocar los sellos de clausura. Tuvieron que pasar cuatro años para que alguien (luego de un poco de presión mediática) se atreviera a hacerlo.
No hay que darle muchas vueltas al asunto, el tema no era si Calidra contaminaba o no, si dañaba la salud o no, la planta no tenía licencia de uso de suelo y listo; así usted quiera instalar una fábrica en medio de Carranza que aparte limpia el aire, no lo va a poder hacer porque no es el uso de suelo establecido para la zona.
Ya hay numerosos grupos creados en torno a esta situación. Decenas de vecinos que seguirán vigilantes de que la planta se mantenga cerrada. Todo un movimiento creado para mantener a Calidra al margen de la ley. Ahora el compromiso de Galindo debe ser mayor con la ciudadanía, que con un pendiente menos, se acerca cada vez más a su siguiente reto… la concesión de Aguas del Poniente Potosino.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
