Abelardo Medellín
Con el anuncio de la adquisición de 150 patrullas nuevas por parte del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ya son al menos 365 vehículos que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha adquirido para tareas de seguridad y en todos ha ocultado los contratos, procesos de adquisición, proveedores o costos, a pesar de estar obligado a transparentarlos.
El pasado viernes 2 de agosto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que presentará un nuevo parque vehicular de 150 patrullas para la Guardia Civil del Estado (GCE) y corporaciones municipales en un evento a celebrarse este miércoles 7 de agosto.
Gallardo Cardona comentó que la compra de este nuevo parque vehicular se realizó para apoyar a los municipios que sólo cuentan con una patrulla:
“Nos pusimos de acuerdo con varios presidentes municipales, ‘mixeamos’ ahí un recurso para que puedan acceder a patrullas en un hecho histórico”, afirmó el mandatario.
En comparación con las adquisiciones de patrullas pasadas, esta se posiciona como la entrega de vehículos para tareas de seguridad más grande en lo que va del sexenio. Sin embargo, no hay garantías de que en esta ocasión se rompa la constante de opacidad que ha mantenido el Gobierno con estas compras.
La primera gran adquisición de vehículos que realizó el Gobierno para equipar a la GCE se hizo en la primera mitad de 2022, cuando se compraron y entregaron un total de 120 vehículos entre patrullas, vehículos tipo sedan, tanquetas, vehículos tácticos e incluso una flotilla de drones especiales.
Tras el anuncio de la compra y la presentación pública de los vehículos, se le cuestionó al gobernador cuándo y quién se encargaría de transparentar los datos vinculados con estas patrullas, a lo cual señaló que sería la Oficialía Mayor.
Pese al señalamiento expreso de Gallardo Cardona, la Oficialía Mayor no sólo fue omisa en publicar la información, sino que ignoró las decenas de solicitudes que se presentaron para indagar el costo y contratos de los 120 vehículos.
Para junio de ese mismo año, la administración estatal amplió la flotilla de unidades compradas y anunció la nacionalmente polémica compra de 50 vehículos deportivos de alta gama que se entregarían a la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal.
Según se hizo público a través de un comunicado, a la División de Caminos se le entregaría un total de media centena de Camaros y Mustangs nuevos, los cuales, según el gobernador, “darán como resultado el tener mayor capacidad de respuesta o respuesta inmediata ante cualquier situación que se presente”.
Así como la primera flotilla de 120 vehículos que se entregó a la GCE, estos nuevos autos deportivos también se mantuvieron en opacidad; un año después de su compra, en abril de 2023, el oficial mayor Noé Lara Henríquez informó que no podían hacer pública la información sobre las adquisiciones debido a que “el proceso seguía abierto”.
De igual manera, la Oficialía Mayor defendió la opacidad sobre estas compras al decir que revelar el proveedor o contratos de las patrullas de alta gama pondría en riesgo la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado.
El único dato que la Oficialía hizo público, pero no presentó ninguna evidencia al respecto, es que los autos de alta gama tuvieron un costo por unidad de un millón 200 mil pesos, es decir, que en tan solo 50 patrullas se invirtieron 60 millones de pesos.
Aunque el gobernador afirmó que las 150 patrullas que se presentarán este día podrían ser distribuidas entre municipios con necesidades de vehículos para sus corporaciones, la única otra entidad que se ha visto beneficiada por la compra en este sexenio ha sido la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 13 de septiembre de 2022, el gobernador realizó un evento público donde se efectuó la entrega de 45 patrullas y cinco ambulancias a la Policía de Investigación de la FGE en un evento oficiado por el exfiscal y actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruíz Contreras.
A la fecha, tampoco se conoce el procedimiento que siguió la administración para adquirir las patrullas, mientras que sobre los costos sólo se reveló que presuntamente gastaron 50 millones de pesos para comprar todo el parque vehicular, es decir, cerca de un millón de pesos por vehículo.
La crisis de opacidad en la que se vieron inmersas las patrullas del Gobierno llegó a su epítome en abril de 2023, cuando después de meses de negar sistemáticamente la información sobre estas adquisiciones, la Oficialía Mayor resolvió reservar hasta 2027 los expedientes que contienen toda la información de la compra de estos vehículos.
La decisión evidenció que la Oficialía había mentido en las respuestas que había dado vía transparencia, pues inicialmente aseveró que no contaba con la información y era incompetente para responder, y luego reconoció que la Dirección General de Adquisiciones tenía en su poder estos datos.
El Acuerdo de Reserva presentó una justificación en la que pretendía afirmar que revelar información de orden público pondría en riesgo a las corporaciones:
“Su divulgación podría traer como consecuencia comprometer y poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de los que integran el Estado de Fuerza (…) pues se conocería la capacidad de reacción y elementos con que se cuenta para prevenir y combatir delitos, trayendo con ello, repercusiones en materia de seguridad hacia los ciudadanos potosinos”.
A tres años del inicio de esta administración, el Gobierno del Estado pretende duplicar el número de patrullas compradas, pero sigue sin transparentar el impacto al presupuesto estatal que tienen estas adquisiciones o revelar la forma en que fueron compradas.
