Por Fátima Alvizo
A Nayeli se le mira alegre en todas sus fotografías, orgullosa de sus logros como fisicoculturista, madre, hija y hermana amada.
Desde su desaparición su foto ha rondado las redes sociales y los periódicos locales, primero con la esperanza de encontrarla, luego con escandalosas presunciones sobre ella y el esclarecimiento de los hechos que la rodean. Pero algo ha acompañado estos relatos difundidos por medios de comunicación y replicados por ciertos sectores de la sociedad potosina, la permanente petición de verdad por sus familiares.
Sin informar claramente a sus familiares, días después de la denuncia por su desaparición, se comenzó a diseminar por la prensa que el cuerpo de Nayeli había sido encontrado y con ello se confirmaba su muerte, se rumoró también que esta información venía de filtrajes directos de la Fiscalía General de Estado. Fiscalía que no omito en mencionar busca desaparecer la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios (UEMI).
¿Qué significa la filtración de información por parte de quienes deben velar por verdad y la justicia?
En la recomendación 9/2019 “falta de investigación y filtración de información en los casos de posible feminicidio” emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se señala que una filtración de información por los sujetos obligados a su resguardo vulnera el derecho de las víctimas y sus familares (víctimas indirectas), al debido proceso en relación al derecho de acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de violencia feminicida.
Además, una filtración de policías de investigación, personal ministerial o cualquier otra autoridad lastima el derecho a la intimidad y a la vida privada, poniendo en riesgo la honra y la reputación de quienes ya se encuentran pasando por una situación terrible. Con ello resulta evidente la afectación psicosocial en el cículo cercano a la mujer víctima; al respecto se ha documentado cómo en situaciones similares, las víctimas indirectas generan síntomas asociados a la depresión, ansiedad, modificación de hábitos alimenticios y de descanso, así como un duelo alterado.
El derecho de acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad contempla obligaciones reforzadas para las autoridades, que cumplan con una serie de pautas, teniendo el deber de establecer procedimientos justos y eficaces para que la mujer que haya sido víctima de violencia feminicida se le asegure sanción para el victimario.
Además, estas filtraciones acompañadas de las declaraciones del secretario general de Gobierno, el fiscal y el propio gobernador sobre que los casos de feminicidio y desaparción son fake news, no solo causan que la familia de Nayeli no confíe en la veracidad de la teoría del caso presentada por la Fiscalía, sino que lesiona gravemente sus trayectorias de vida y su digna exigencia por justicia.
Las víctimas tienen derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables, la imposición de las sanciones petinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieses generado, por el victimario o por propio Estado.
Ni Nayeli, ni ninguna mujer víctima de violencia feminicida se merece que sus muertes se espectacularicen, ni que la narrativa predominante busque seguidores e interacciones. Nuestras vidas importan. No sé por qué deberíamos decirlo más fuerte, NUESTRAS VIDAS IMPORTAN.
Por Nayeli y por todas, justicia, justicia y más justicia.
