Por Victoriano Martínez
Lo más grave del nombramiento de Marco Polo Méndez Alonso como juez de reserva no es que haya violado la convocatoria al reunirse con un integrante del Consejo de la Judicatura, ni que haya despotricado en contra del Tribunal en el caso Alejandro Fernández Montiel, ni tampoco que en el mismo haya rebasado la línea de estigmatizar a un menor de edad para favorecer a su cliente.
Más grave resulta que, a pesar de todos esos antecedentes, el Poder Judicial del Estado quede expuesto como un organismo cuyas determinaciones, lejos de favorecer criterios que favorezcan la llegada a cargos de tal responsabilidad a los más aptos, abran el paso a quienes sus actos públicos conocidos los dejan ver como personajes poco confiables.
¿Qué confianza puede tener la persona que le toque ser juzgada por un personaje que se reunió con uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura en plena etapa de deliberación sobre su nombramiento y con la agravante de ser algo prohibido por la convocatoria? Si violó la convocatoria para llegar… ¿qué garantiza que no violará otras normas con tal de verse favorecido?
Peor aún: Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura, reconoció la existencia de la reunión y se limitó a decir que el Comité encargado del concurso para integrar la reserva de jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral determinaría si se violó la convocatoria o no.
El resultado da cuenta de que ese Comité finalmente determinó que cualquier aspirante puede reunirse, en plena etapa deliberativa, con uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura sin importar lo que diga la convocatoria.
En otras palabras, en primer término, ese Comité determinó que se puede violar la convocatoria para después el propio Consejo de la Judicatura, con su acuerdo del Pleno que da a conocer los nombramientos, avala que las normas puedes ser violadas. ¿En manos de quien está la justicia?
Cabe citar la expresión del grupo español Ska-P: ¿La justicia dónde está? ¡Crucificada en los altares del capital! Una Ciudad Judicial convertida en mercadería de intereses que echa por los suelos cualquier aspiración a la justicia… y ya sin el más mínimo recato por tratar de salvaguardarla.
¿Qué confianza puede tener cualquier persona en la impartición de justicia por parte de un Poder Judicial que llega al cinismo de nombramientos tan abiertamente dudosos?
Si algo exhibió Méndez Alonso durante la defensa de Fernández Montiel fueron las chicanadas para alargar el juicio para que la víctima cumpliera la mayoría de edad y fuera sometida a las presiones y angustias de ser testigo del desarrollo de las audiencias.
Logró el retraso suficiente para que la víctima cumpliera 18 años, pero por determinación del Tribunal no logró que estuviera en las audiencias, y al final fracasó en su intento por liberar a Fernández Montiel, aún a costa de estigmatizar a la víctima casi al extremo de responsabilizarlo por lo que le pasó.
“La supuesta víctima no lo es, un Tribunal débil, ignorante, irresponsable, eso es lo que vimos”, escribió Méndez Alonso en su cuenta de Facebook el 11 de octubre y a las pocas horas lo borró.
¿Qué confianza pueden tener las víctimas de ser juzgadas por un personaje que tiene como antecedente el descalificar a un Tribunal y llegar al extremo de negar a una víctima ese carácter simplemente porque el fallo no le favoreció?
Un juez que viene de estar acostumbrado a manipular los hechos antes que a reconocer la aplicación de la justicia con tal de favorecer a su cliente. ¿Va a ver justiciable o clientes potenciales a seleccionar?
Dudas que no sólo provoca Méndez Alonso y que alcanzan a su compañera de fórmula en la Asociación de Abogados en San Luis Potosí, Erika Betzabé Martínez Ledezma, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), con quien se denunció públicamente que hizo mancuerna para boicotear la representación de la víctima en el caso Fernández Montiel.
No es el caso sólo de dos jueces de reserva, sino que su desaseada llegada exhibe a todo el Poder Judicial y lo envuelve en las mismas dudas… o mejor dicho, reafirma las dudas que desde hace mucho tiempo se han tenido.
