Por Victoriano Martínez
Lo más grave de que a Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes, le estorbe mucho la actitud del rector Alejandro Zermeño Guerra por no pasarle datos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es el retraso en el programa del transporte gratuito, sino que es una muestra más de un gobierno que no respeta la legalidad.
– Nos está estorbando mucho la actitud del rector, el doctor Zermeño. Yo creo que ni enterado está… –se quejó Serrato Sánchez con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un video transmitido por Facebook.
– Sí, a lo mejor hay que ir a hablarle para que lo vea… –se apresuró a responder el mandatario, en un diálogo de intervenciones empalmadas.
– …la burocracia. Ahí si tu le echas un grito…
– Con todo gusto, yo hablo con él, con todo gusto…
– …porque el maestro Garza primero dijo que sí, y como siempre, ya después no se supo.
La apresurada respuesta de Gallardo Cardona ante el señalamiento del estorbo es muestra de la urgencia que siente por arrancar uno más de esos programas que presume como universales y terminan por ser tan ridículamente parciales, que atienden a un mínimo de los potenciales beneficiarios para luego desplegar una propaganda ofensiva, por mentirosa.
“Yo hablo con él” lleva el tono de quien simplemente girará una instrucción para quitar del camino a un estorbo sin considerar, en este caso, que se trata de la máxima autoridad de un organismo autónomo como la UASLP, además de que, igual que el propio mandatario, debe someterse a procedimientos legales para una acción como la que se le pretende exigir.
Una situación que abre una gran duda sobre una amenaza que se cierne sobre todas las personas que habitan el estado de San Luis Potosí:
¿En manos de quién están los datos personales que se disponen desde la administración pública estatal con estos personajes para quienes su transferencia se puede hacer a discreción, porque lo que en realidad les estorba es el procedimiento legal que exhiben estar siempre en disposición de evadir?
Un gobierno que incumple la Constitución Política del Estado, Ley de Transparencia, la Ley de Adquisiciones, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de… bueno, ahora se agrega abiertamente la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LPDPPSO).
“Yo creo que ni enterado está” resultó una expresión de Serrato Sánchez que tuvo su respuesta.
Que una universidad entregue los datos personales de estudiantes al Gobierno del Estado, sin mediar la autorización del alumno sería “una gran irresponsabilidad y yo creo que hasta un delito”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra.
El aviso de privacidad de la UASLP prevé: Las transferencias que se realizan de datos personales no requieren consentimiento del titular, ya que no se trata de datos personales sensibles o bien se trata del cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley.
Al usuario de los servicios que presta la UASLP le queda claro que los datos personales que se le piden sólo serán objeto de transferencias dentro de la institución y con aquellas con las que se realicen tramites académicos, como el proceso de titulación y gestión de cédulas profesionales. Es decir, circunscritas al objetivo para el que se les solicitaron.
El artículo 195 de la LPDPPSO, en su fracción XIII, señala como causa de responsabilidad administrativa “llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley”.
Una responsabilidad administrativa que la propia ley señala independiente de “las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos”.
Circunstancias que Zermeño Guerra mencionó en su aclaración a lo planteado en la transmisión de Gallardo Cardona y Serrato Sánchez que, como cabezas de las instituciones que representan deja muy claras las posiciones:
De un lado, una UASLP cuyas autoridades son sensibles y conscientes de la protección de los datos personales de su comunidad; del otro, un Poder Ejecutivo Estatal encabezado por quien privilegia la urgencia de acciones por lucimiento, sin importar pasar por encima de los derechos de la población.
