María Ruiz
Tras una semana de la audiencia inicial en la que Juana Astrid N. fue detenida por su posible participación en el homicidio y desaparición de Alan Francisco Ibarra Castillo de 22 años de edad, asesinado en 2019, el Juez de Control determinó vincularla a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa.
Durante este proceso, el Ministerio Público y los litigadores de la Unidad Especializada en Homicidios y Feminicidios realizaron una manifestación expositiva y argumentativa, con las cuales se logró determinar que existían elementos suficientes para que Juana N. continúe privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de La Pila.
El Juez de Control determinó un lapso de tres meses para la etapa de investigación complementaria, para que el Ministerio Público y litigadores reunan información relevante que determine si es o no culpable de los delitos que se le imputan: desaparición de personas y falso testimonio.
Un proceso de investigación que para Silvia Castillo Hernández, madre del joven Alan Francisco, es tortuoso y que pone su vida en constante peligro y vulnerabilidad, ya que en los últimos días ha sido víctima de constantes amenazas telefónicas y extorsiones.
A pesar de tener esperanza de que la Fiscalía General del Estado (FGE) logre una sentencia definitiva para la ahora imputada y la detención de otros dos posibles cómplices del asesinato de su hijo, ella sigue con el temor de que todo termine en una mala práctica jurídica y se violen sus derechos humanos como víctima colateral de homicidio.
