Abelardo Medellín
El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade) aprobará el 27 de febrero la insubsistencia de diversos puntos respecto a la inclusión de personas con discapacidad que integran el Plan Estatal de Desarrollo (PED).
La Secretaría de Finanzas emitió este viernes un comunicado en el cual convoca a la primera sesión ordinaria de la Coplade, que se celebrará el próximo martes a las 11:30 de la mañana en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
De acuerdo con la invitación, el principal asunto a atender es la insubsistencia del capítulo “Consulta a personas con discapacidad”, contenido en título “I. Marco Institucional”; así como del objetivo 2, “Fortalecer los programas de atención e inclusión social para las personas con discapacidad” comprendido en la vertiente “1.4 inclusión social e igualdad de género”, que forma parte del eje rector “01. Bienestar para San Luis” y el capítulo denominado “Inclusión de las personas con discapacidad” en el punto “IV. Política Transversal”, del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 publicado mediante decreto 0286.
De igual manera, en esta reunión se votará la convocatoria dirigida a personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que los representan, para que participen en una nueva consulta para integrar el tema de la inclusión en el PED.
También se integrará un subcomité especial estatal para la realización de esta nueva consulta, cuyos integrantes serán elegidos y se les tomará protesta ese mismo martes.
El proceso que dejó insubsistente la consulta a personas con discapacidad que se utilizó para integrar este rubro al PED comenzó el 13 de junio de 2023, cuando la activista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas, y dos representantes de este sector, promovieron una acción de inconstitucionalidad para dos decretos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Esto debido a que no cumplían con los parámetros mínimos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la consulta realizada para elaborar las modificaciones no se llevó a cabo de manera rígida y especializada, lo que sesgó la garantía de participación de poblaciones específicas de personas que tienen alguna discapacidad.
Para enero de 2024, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito ordenó que se repusiera la consulta a personas con discapacidad para el Plan Estatal de Desarrollo, como parte de la resolución al amparo 722/2022 que promovió Torres Cuevas.
En el mismo sentido, las comisiones unidas de Hacienda del Estado y Desarrollo Territorial del Congreso del Estado aprobaron el dictamen para dejar insubsistente el apartado referente a personas con discapacidad contenido en el PED, tras el amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa mediante el cual se declaró la invalidez de dichos criterios.