En puerta, revés a intentos empresariales por apropiarse del Ejido La Pila

Por Victoriano Martínez

Para al menos 828 avecindados, en su mayoría empresarios, quienes obtuvieron ese carácter durante la asamblea ejidal de La Pila y Anexos del 18 de noviembre de 2018, esta semana podría ser de pesadilla: sus títulos agrarios que amparan la ocupación de los terrenos donde tienen instaladas sus empresas podrían perder validez.

La asamblea del 18 de noviembre de 2018 se convocó para la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y en ella también se aprobó el reconocimiento como avecindados a 828 persona, quienes en su gran mayoría –en aquel momento– no vivían dentro del ejido.

Ante las irregularidades de la asamblea, un grupo de ejidatarios promovieron un juicio agrario y cuatro amparos en los que solicitaron la nulidad de la asamblea, luego de que el 21 de abril de 2022 el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito declaró firmes los acuerdos de la asamblea.

El pasado 25 de noviembre de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, emitió una sentencia dentro del amparo directo 332/2022, vinculado con los 383/2022, 384/2022 y 385/2022, para efectos de que el Tribunal Unitario Agrario deje insubsistente la sentencia del 21 de abril de 2022.

“Reponga el procedimiento en el juicio agrario de origen, a efecto de que allegue al sumario de origen copia certificada del acta de asamblea de dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la delimitación, destino y asignación de tierras, llevada a cabo por la asamblea general de ejidatarios”, ordenó el Segundo Tribunal Colegiado al Tribunal Unitario Agrario.

De acuerdo con abogados de uno de los grupos de ejidatarios que interpusieron amparo, esta semana se darían las resoluciones definitivas por parte del Tribunal que podrían afectar los títulos agrarios que amparan la posesión de parcelas en las que ya se encuentran instaladas algunas empresas en lo zona industrial.

En el proceso de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales que se dio en aquella asamblea cuestionada se encuentra, por ejemplo, la ocupación de 40 hectáreas por parte de la empresa GasLP Termicentro, ubicada en la carretera 57 a un costado de la entrada a la delegación.

Entre las 828 personas declaradas avecindadas se encuentran en importante proporción de empresarios, entre los que destacan aparecen los apellidos Torres Corzo, Valladares, Lorca, Del Valle, Tobías y muchos más, cuyos negocios instalados en tierras ejidales corren el riesgo de perder sus títulos agrarios.

Otro efecto de la anulación de los acuerdos de aquella asamblea se vería en el Programas de Desarrollo Urbano aprobados durante la administración municipal encabezada por Xavier Nava Palacios, dado que la reclasificación del uso de suelo ya no correspondería con las posibilidades de su utilización.

Entre las irregularidades registradas sobre el acta de la asamblea del 18 de noviembre de 2018 se encuentra el hecho de que, a pesar de ser requerida para ello, la representación de la Procuraduría Nacional Agraria en el Estado no ha avalado los acuerdos.

“Por el hecho de que fueron asignadas 95 hectáreas al entonces presidente del comisariado y, se reconocieron como avecindados a 828 personas- se debe de requerir al Representante Comisionado de la Procuraduría Agraria en el Estado, a fin de que comparezca en el aludido juicio y manifieste su conformidad o inconformidad con el desarrollo y las decisiones adoptadas en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales de 18 de noviembre de 2018 … a fin de que se garantice a los miembros del ejido una defensa adecuada”, se señala en el noveno considerando.

Los alcances de los efectos de las resoluciones judiciales que están por darse sobre el territorio del Ejido La Pila y Anexos, por la magnitud de los proyectos que habría de detonar tanto privados como gubernamentales, podrían ser de grandes proporciones.

Las determinaciones que hasta ahora se han dado apuntan a que, de entrada, comenzaría un proceso en el que se revierte la apropiación de los terrenos ejidales por parte de grupos empresariales que, tras llegar como avecindados, llegaron a intentar expulsar a los ejidatarios que defienden su territorio.

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