Por: Eduardo Delgado.
Este jueves se cumple un año cuatro meses del deceso de Diego, ahogado en el balneario “Woow”, durante las actividades acuáticas del Campamento Infantil 2015 organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que encabeza el rector Manuel Fermín Villar Rubio… y el caso hoy está en manos de los integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En Astrolabio Diario Digital presentamos el resultado de una consulta con el periodista Eduardo Alvarado y abogados, respecto de antecedentes y parte del perfil de quienes conforman la Segunda Sala: la magistrada Olga Regina García López y los magistrados Juan José Méndez Gatica y Martín Humberto Celso Zavala.
Raúl Jiménez López, quien ha fungido como Subprocurador, una litigante y ex funcionaria federal, así como abogados de la periodista María Luisa Paulín Hernández, quienes solicitaron el anonimato, se refirieron a Méndez Gatica como “el juez de consigna” durante el sexenio del ex gobernador priista, Fernando Toranzo Fernández y por ende “premiado” con ese cargo en el Poder Judicial.
Señalaron que Méndez Gatica y Olga Regina fueron “impuestos” como magistrados por el ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, considerado como “Vice Gobernador” durante la administración anterior.
Méndez Gatica, informaron litigantes, afronta una demanda por daño moral por un monto de 40 millones de pesos, promovida por María Luisa Paulín, directora de Comunicación Social de Gobierno del Estado en el sexenio del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, porque fue absuelta después de que permaneció en prisión más de un año, acusada por peculado y asociación delictuosa.
Recordaron que Méndez Gatica atendió también el caso de Joel Azuara Robles y Humberto Picharra Carrete, Secretario de Finanzas y Oficial Mayor, respectivamente, también durante la administración del panista Marcelo de los Santos, encarcelados por el gobierno priísta de Fernando Toranzo, acusados de peculado, uso indebido de funciones y asociación delictuosa.
Cuando la acusación parecía diluirse, el entonces juez tercero del ramo penal, Juan José Méndez Gatica, les dictó otro auto de formal prisión por los delitos de fraude, ejercicio indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa por mil 500 millones de pesos, rememoró uno.
De Martín Celso uno de los consultados refirió que es compadre Horacio Sánchez Unzueta, quien gobernó durante los años 1993-1997; el periodista Eduardo Alvarado recordó que fue Secretario General de Gobierno, primero durante la gestión de Sánchez Unzueta y enseguida en la de Fernando Silva Nieto. “Es grillo, pero honrado”, lo definió otro.
Eduardo Alvarado recordó que como funcionario Martín Celso incorporó a la nómina de Gobierno del Estado, como empleado penitenciario, a su entonces yerno Juan Carlos Ortiz, quien en la actualidad conduce un noticiero matutino en la radio y en la actualidad está casado con Cecilia González Gordoa, directora del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Refirió también que Martin Celso es bohemio y pianista, “un catarrín”, rescatado por Sánchez Unzueta del alcoholismo y quien hace años “se la pasaba tocando piano en un restaurante de nombre Rincón de Aquiles”, ubicado en la avenida Nereo Rodríguez Barragán, precisó.
El colega Eduardo Alvarado agregó que durante su juventud integró el grupo de rocanrol “Los Boxers”, en el que también tocaban Carlos Fernández Galván (ex frenteciviquista y quien fue funcionario durante el sexenio del panista Marcelo de los Santos) y el finado Gerardo Cabrero Ramírez, quien era primo hermano del arzobispo, José Carlos Cabrero Romero.
De Olga Regina ninguno refirió cosa importante, salvo que la litigante la catalogó como una profesionista que “ni fu ni fa”.
No obstante, cabe recordar, en diciembre del año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió una queja contra la magistrada, de parte de sus subalternos en el Poder Judicial, porque los obligaba a rezar en horas de trabajo y acorde a su religión.
Olga Regina, Méndez Gatica y Martín Celso deben resolver si confirman o revocan la resolución del juez VIII del ramo penal, Ernesto Rivera Sánchez, quien negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra los presuntos responsables de homicidio culposo por la muerte de Diego el 17 de julio de 2015, entre ellos instructores de la UASLP y empleados del balneario.
