Por Victoriano Martínez
Hacer público el destino del erario es una de las obligaciones de transparencia que siempre ha generado la mayor resistencia por parte de los servidores públicos y que, a 11 meses de la renovación de las autoridades estatales, ha llegado a extremos burdos y hasta ridículos con tal de simularse transparentes.
La fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a las 259 dependencias obligadas a publicar sus ingresos y egresos “que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza”.
De esos ocho datos, monto, beneficiario y concepto resultan básicos para conocer el destino que se da a los recursos públicos que administran en todas las dependencias.
Si se cumpliera con esa obligación de manera precisa y sin las rutas laberínticas de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), hoy se podría saber con precisión cuánto se gastó en la FENAPO y su impresionante cartel de artistas para el Teatro del Pueblo, cuánto en la remodelación de sus instalaciones, cuánto en la remodelación del Tangamanga I, cuanto en patrullas, cuanto en…
Si la lista es larga en el caso del gobierno del Estado, el resto de los entes obligados no se quedan atrás: en el Congreso del Estado no hay claridad sobre el costo de la Consulta Indígena; en el Ayuntamiento se sabe de pago a asesores jurídicos externos, pero no se publican en la PET, y la lista podría extenderse a muchas áreas gubernamentales más.
¿Cuántas dudas podrían despejarse sobre el destino de los impuestos que todo mundo paga si esos 259 sujetos obligados cumplieran con publicar la información y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se esforzara en una presentación de la información más accesible?
Saber cómo una dependencia ha gastado los impuestos en los primeros ocho meses del año exige, en la PET, localizar y descargar un archivo Excel por cada mes, combinarlos para poder consultar el acumulado y aplicar filtros para buscar –cuando es posible– la obra o adquisición sobre la que se pretende saber el costo.
Se trata de un procedimiento que no resulta sencillo para la inmensa mayoría de la población. Es decir, una primera medida que representa el ocultamiento de la información para la mayor parte de las personas.
Para quienes tienen la posibilidad de seguir esos pasos, las dificultades comienzan con la calidad de la información contenida en los archivos Excel. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas sólo utiliza dos conceptos para describir en qué se gastó sus recursos: “2000-Materiales y Suministros” y “3000-Servicios Generales”.
La dispersión de la información en la PET como primer obstáculo para acceder a la información se refleja en que, si funcionara al cien por ciento, consultar la información sobre el destino del dinero público implicaría, en estos ocho meses, consultar 2 mil 48 archivos de Excel y depurar la información en ellos contenida.
Sin embargo, de los 259 sujetos obligados, 90 no han publicado un solo archivo, que representan un 34.75 por ciento de opacidad. De los mil 328 archivos que debieron publicar las 166 dependencias que sí “cumplen”, sólo publicaron mil 72, de los cuales 31 fueron archivos repetidos por parte de 17 entidades. Queda una publicación efectiva de mil 41 archivos.
Un ocultamiento del 49.76 por ciento del destino de los recursos públicos que no necesariamente se traduce en un 50.24 por ciento de transparencia por la que se pueda conocer el destino del dinero, porque el contenido de esos archivos resulta en la mayoría de los casos una simulación que lleva la opacidad a grados extremos.
La Secretaría de Finanzas publica una larga lista de cheques de cuando menos siete cuentas distintas. Las presenta revueltas y, si se usan filtros para consultar los de una misma chequera, lo primero que resulta notorio son grandes saltos en los números de folio, lo que representa el ocultamiento de muchos de los pagos realizados.
Otra vez la SEDUVOP. A pesar de ser la dependencia que ha tenido a su cargo las grandes obras del primer año del actual sexenio, en las listas de cheques publicadas es imposible detectar un solo cheque sobre la remodelación del parque o sobre la rehabilitación del anillo periférico y el boulevard Antonio Rocha Cordero.
Peor aún: de enero a julio (todavía no publica el archivo de agosto) dio a conocer sólo 273 cheques. En enero 56 cheques por un monto acumulado de 50 mil 349 pesos, en febrero 27 por 49 mil 492 pesos, en marzo 38 por un millón 616 mil 680.53 pesos, en abril 19 por 87 mil 860.58 pesos, en mayo 39 por 307 mil 885 pesos, en junio 55 por 359 mil 285 pesos y en julio 39 por 307 mil .46 pesos.
En siete meses, la dependencia que ha estado a cargo de obras cuyo costo acumulado fácilmente rebasa los 600 millones de pesos sólo ha publicado pagos por 2 millones 779 mil 202.57 pesos. Muchos de esos documentos emitidos son por montos inferiores a diez pesos.
Una escandalosa opacidad que abre las sospechas sobre los actos de corrupción que puede haber, no sólo por el ocultamiento del destino de los recursos públicos, sino porque en este caso también se ocultan contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, nombre de las empresas beneficiadas, etc.
Si resulta ridícula la “apertura” sobre las cuentas de cheques de la SEDUVOP, en el caso de la Oficialía Mayor se cae en el cinismo extremo: publica nueve archivos para siete meses (en febrero y marzo los publica dobles) y en ninguno aparecen los datos de un solo cheque. Evade publicar la información con las leyendas “no aplica” y “no se generó”.
Un reino de la opacidad que es posible, no sólo por un diseño de la PET que lo favorece, sino por la negligente actuación de los integrantes de la CEGAIP, David Menchaca, Ana Cristina García y José Alfredo Solís, quienes lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública, traicionan su obligación con la transparencia para vivir del erario al servicio de ese reino.
