Abelardo Medellín
Durante su visita a San Luis Potosí esta semana, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, defendió la reforma al Poder Judicial que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y resaltó los que, a su criterio, contiene aspectos positivos.
Esquivel Mossa participó el 5 de septiembre en el acto inaugural del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, titulado “Retos de la Justicia Alternativa en la Justicia Administrativa”, evento que tuvo lugar en el Centro de las Artes de San Luis Potosí.
Tras el evento inaugural, la magistrada ofreció una entrevista, en la cual se aprovechó para peguntar sobre su postura ante las reformas constitucionales al Poder Judicial que, recién esta semana, fueron aprobadas en lo general y lo particular al interior de la Cámara de Diputados y ahora pasarán al Senado para ser discutidas y votadas.
Como primer punto relevante, la ministra Esquivel Mossa resaltó que en la reforma se proponen nuevos plazos para que los juicios no se hagan interminables, aunque no especificó cuáles son las diferencias entre estos nuevos tiempos y los actuales.
“Prevé también comités de evaluación que van a filtrar los nombramientos de los candidatos, es decir, van a analizar aquellos que tengan los conocimientos, la experiencia, todos los requisitos. No tan sólo ser abogados, sino también tener todos los conocimientos necesarios para hacer un buen juez, un juez de excelencia, y se considerará sin duda alguna la evaluación de la carrera judicial como un aspecto”, afirmó la ministra.
Además, Esquivel Mossa precisó que esta reforma respeta los derechos laborales de los jueces y magistrados que actualmente ocupan esos cargos, ya que los trabajadores con estos puestos pasarán automáticamente a formar parte de la boleta que será finalmente votada por la ciudadanía en esta nueva modalidad en la podrá elegir a sus jueces.
De igual manera, aclaró que aquellos jueces que no quieran participar o pierdan los cargos que ya ostentaban luego del proceso de elección aún serán beneficiados con una liquidación relativa a tres meses de sueldo, más 20 días de sueldo por cada año que hayan trabajado por el Poder Judicial.
A la ministra se le cuestionó cómo podría el voto popular por jueces asegurarle a la ciudadanía que el sistema de impartición de justicia podrá mejorar; ante lo cual la magistrada no pudo plantear una respuesta concreta y se limitó a afirmar lo siguiente:
“Hoy tenemos un adeudo muy importante con la población, la ciudadanía siente que no hay justicia, que la justicia es lenta, que la justicia solamente es para las personas que tienen dinero para pagar un abogado, para contratar un despacho. Esto es lo que se trata de eliminar, para que finalmente podamos llegar a tener una justicia rápida como lo señala la Constitución; inmediata, expedita y que la justicia llegue a todas las personas que no tienen recursos para pagar abogados, que también llegue a esas personas”, dijo Esquivel Mossa, sin explicar cómo se relaciona el voto popular por cargos judiciales con el grado de acceso a la justicia para las poblaciones más pobres.
La ministra señaló que, de aprobarse la reforma, será necesaria una participación de la ciudadanía en los comicios que se celebrarían el primero domingo de junio de 2025, y al igual que en las demás elecciones por cargos de elección popular, será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de organizar todo el aspecto logístico de dicho proceso.
“Lo que es importante señalar, es que cualquiera de los aspirantes que marquen los ciudadanos, serán personas que tengan los requisitos para ser un buen juez”, concluyó.
