Ciudad de México, (16 de abril).- El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que coadyuva en las investigaciones de los hechos de Tlatlaya, Estado de México, donde fallecieron 22 personas el 30 de junio, señaló que hubo un “uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tuvo como consecuencia que al menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de “ejecuciones extrajudiciales”.
Al presentar su informe final que será llevado ante el pleno de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria, los integrantes del grupo dijeron que es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento.
Además, consideran necesario que el Estado en su conjunto profundice en las investigaciones de los antecedentes de los hechos del 30 de junio de 2014, a fin de conocer las circunstancias en las que se involucraron los occisos y las tres sobrevivientes.
El documento fue avalado por unanimidad por la presidenta del grupo de trabajo, Elena Tapia(PRD), Ricardo Fidel Pacheco (PRI), Víctor Sánchez (PAN), Loretta Ortiz (Morena) y René Fujiwara (Panal).
En este contexto, el priísta Fidel Pacheco dijo que nada de lo asentado en el informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualquier otra.
El 25 de septiembre, la Sedena informó que al menos ocho militares que participaron en el enfrentamiento de Tlatlaya —entre ellos un teniente—, fueron detenidos. La versión oficial del Ejército, a través de un comunicado, fue que la muerte de los 22 civiles había sido producto de un enfrentamiento.
Después, en octubre pasado, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, informó que la dependencia consignó a tres de esos militares como presuntos responsables de homicidio y enviados a una prisión civil, independientemente del proceso militar que se les siga.
Conclusiones. Por esto, en el informe los legisladores consideran necesario que se esclarezcan, con estricto apego a lo establecido en la ley, las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la Sedena.
Es decir, que —más allá de aquellos que se encuentran bajo proceso en la jurisdicción civil—, se extienda a aquellos mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos del caso Tlatlaya o que, sin haber estado físicamente presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de estos elementos.
En el informe destacan también que se esclarezcan públicamente las razones por las cuales agentes y peritos de la procuraduría mexiquense llegaron a la bodega de Tlatlaya “más de seis horas después de que concluyeron los hechos y las consecuencias de dicha dilación, en la medida que la ley lo permita”.
Además, se pretende solicitar a la Mesa Directiva que se remita el documento al titular del Ejecutivo y a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Senado, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Intervención. Ayer, el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, reveló que tras el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, fue el general comandante de la 22 Zona Militar de la Sedena quien solicitó el apoyo de peritos y de personal de la Procuraduría de Justicia.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Manzur adelantó que tiene listo un fideicomiso para indemnizar a las tres mujeres sobrevivientes.
Anoche, Manzur Quiroga precisó en un comunicado que el día de los hechos, “el desplazamiento del equipo de agentes, secretarios y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México se dio de manera inmediata, luego de que se conocieran los hechos ocurridos en Tlatlaya”.
Añadió que “con base en los protocolos correspondientes, se movilizó de inmediato el equipo de la procuraduría, que llegó al lugar cuando las condiciones de seguridad, tiempo y lugar nos lo permitieron”.
Expuso que “los hechos ocurrieron en un lugar lejano, situado en los límites con el estado de Guerrero, en una comunidad de difícil acceso, por lo que el traslado nos llevó algunas horas y hubo la necesidad de esperar a que hubiera las condiciones suficientes de seguridad para garantizar la integridad física de nuestros elementos”. Por la mañana dijo a los diputados que había habido un retraso.
Aclaró que mantuvo comunicación permanente con la Sedena, quien siempre manifestó disposición en las investigaciones, y actuó de manera profesional y oportuna.
Fuente: El Universal
