Por Victoriano Martínez
El Consejo de Transparencia del Congreso del Estado no siempre da de qué hablar y el de la LXIII Legislatura ha sido de los que menos, desde que se instaló por primera vez durante la LVIII Legislatura y, en las pocas ocasiones que ha dado tema para la difusión pública, ha sido porque o no se le da su lugar o se presenta un problema con su integración, como hoy lo parece haber.
Cuatro integrantes del primer Consejo de Transparencia del Legislativo renunciaron el 28 de octubre de 2008, ante la falta de voluntad por parte de los diputados locales para asumir compromisos reales con la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
María Isabel Monroy Castillo, quien fungía como presidenta, Jacinto Lárraga Martínez, Marco Antonio Coca Manzanares y Roy González Padilla renunciaron al Consejo, en tanto que el único integrante del mismos que no firmó la renuncia fue José Tovar Rodríguez. “Nos querían tratar como sus marionetas“, se lamentó entonces Lárraga Martínez.
Aquella reacción de los integrantes del Consejo de Transparencia se dio ante la poca voluntad mostrada por los legisladores para atender las observaciones que se hicieron en el primer informe que realizó ese órgano ciudadano.
La actual Junta de Coordinación Política anunció para la sesión plenaria de hoy la presentación de una propuesta ante el Pleno para la designación de Abraham Cortés Reta y Edith Fabiola Reséndiz González como integrantes del Consejo de Transparencia, porque desde hace ocho meses funciona con sólo tres de los cinco integrantes que debe tener.
Anunciar dos nombramientos da cuenta de una noticia que en su momento no se dio a conocer, así que no se sabe si los dos consejeros faltantes renunciaron formalmente, simplemente abandonaron su participación, o por alguna razón se les destituyó. Obligado resulta que al hacer la propuesta de los nombramientos al pleno se dé una explicación.
El registro documental de las actividades de los consejeros disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia no da para conocer el detalle sobre la forma en que dejaron de ser parte del Consejo Flor de María Puente Flores y José Luis López Arellano, quienes sólo firmaron el primer y segundo informe del organismo, éste último con fecha del 17 de junio.
El tercer informe, de fecha 14 de septiembre, ya sólo aparece firmado por tres consejeros (Roxana C. Dimas como presidenta, Martín Beltrán Saucedo como secretario y Héctor Ramón Alonso Vázquez como vocal).
Hace nueve meses dos consejeros ya no figuraron. La diputada Nadia Ochoa Limón, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado aseguró que faltaron dos integrantes del Consejo desde hace ocho meses. ¿Abandonaron o los destituyeron?
El Consejo ha presentado cinco informes en lo que va de la Legislatura y hay una expresión que se repite en los últimos cuatro desde el segundo informe que da cuenta que, desde el primero, el órgano ciudadano sólo fue de ornato:
“Se reitera la solicitud a este Poder Legislativo de tener la consideración de tomar en cuenta a este Consejo e integrarlo a las actividades relacionadas con los temas de transparencia de esta LXIII Legislatura”.
Reaccionar después de nueve meses del abandono o de ocho meses de la destitución de dos consejeros es un indicador más de esa falta de atención a la representación ciudadana dentro del Legislativo como una especie de contraloría social en materia de transparencia que muestra la poca voluntad en el tema.
Una voluntad prácticamente nula, al extremo de ni siquiera tener el cuidado de revisar las obligaciones que como diputados tienen que cumplir en cada una de sus comisiones. Un ejemplo más en transparencia:
En días pasados un ciudadano planteó a Ochoa Limón las omisiones y faltas en que incurre la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y el campo libre que tienen para hacerlo ante la falta de nombramiento del Consejo Consultivo con carácter ciudadano que revise la actuación del organismo garante.
El interlocutor de la diputada le tuvo que explicar que ese Consejo lo nombra el Congreso del Estado, conforme al artículo 42 de la Ley de Transparencia y que no se trataba de una omisión más de la CEGAIP, como ella le aseguró, sino de un incumplimiento de la Ley por parte de los diputados, y de ella como presidenta de la Comisión de Transparencia.
“¿Será que no leen las obligaciones que tienen como diputados o que ni sus asesores revisan lo que por ley tienen que hacer? ¿Ni los comisionados de la CEGAIP son capaces de señalar esa falta?”, expresó indignado el ciudadano.
Mal si la respuesta es sí. Peor si, con conocimiento de esa omisión, CEGAIP y Congreso del Estado se confabulan para violar la Ley de esa manera. Si al Poder Legislativo le resulta incómodo un consejo en materia de transparencia… resulta que violan la ley para librar a la CEGAIP de tener el propio y con más atribuciones para revisar su actuación.
Al final, lo que queda es que para quienes deben garantizar el derecho de acceso a la información pública –sea desde el Congreso del Estado o desde la CEGAIP– en el tema de transparencia la ciudadanía no cabe… porque les dificulta la simulación.
