Por: Victoriano Martínez.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron este lunes el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal y Estatal 2016.
En sus primeros resultados, correspondientes a cifras del 2015, San Luis Potosí aparece como la entidad con más inconformidades contra las respuestas que dan los funcionarios públicos, con 5 mil 465 recursos de revisión, muy por encima de la Ciudad de México, que aparece con apenas 2 mil 15 quejas.
Entre los organismos garantes, el número de recursos de revisión interpuestos ante la CEGAIP sólo es superado por los que se presentaron ese año ante el organismo de alcance nacional INAI, que recibió 6 mil 916 quejas.
San Luis Potosí es el único estado que no desglosa las quejas por los sectores contra quienes fueron presentadas, que en el tabulado del INEGI aparecen como “Poder Ejecutivo”, “Municipios o delegaciones”, “Poder Legislativo”, “Poder Judicial”, “Organismos de protección de derechos humanos”, “Organismos garantes”, “Organismos públicos locales electorales”.
La omisión resulta relevante, si se toma en cuenta que la CEGAIP, como órgano garante, recibió mil 94 quejas en su contra durante 2015, lo que representa que ella sola recibió más del doble de las que se presentaron en contra del resto de los organismos garantes del país, que acumularon apenas 408.
En 28 estados del país, sus órganos garantes recibieron en total menos de mil quejas en contra de todos los entes obligados respectivos, lo que significa que la CEGAIP sola, durante 2015, superó en inconformidades a las presentadas en cada una de esas entidades federativas.
Pero los datos no sólo revelan la opacidad del organismo garante local, sino su poca efectividad. De acuerdo al censo INEGI-INAI, de las 5 mil 465 quejas que recibió, la CEGAIP sólo resolvió 758, que representan un 13.87 por ciento. Aunque reportó la resolución de 758 casos, sólo aplicó durante 2015, 62 medidas de apremio.
