Abelardo Medellín
Irregularidades en pago de impuestos, retrasos en ministraciones a instituciones educativas y desvío de recursos federales destinados a las pensiones, son algunas de las faltas en las que incurrió el Gobierno de San Luis Potosí durante el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con el más reciente Informe de Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dentro del informe de auditoria simplificado correspondiente al gasto federalizado del año 2023, se incluyeron 11 casos resumidos de auditorias efectuadas sobre el gasto del Gobierno del Estado y de las cuales se desprende que, según lo informó la propia administración desde inicios de noviembre, no hubo montos observados.
Aunque no hubo montos económicos por observar, la segunda entrega de la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado informa que el análisis del ejercicio presupuestal en San Luis Potosí arrojó 48 observaciones, de las cuales 44 fueron solventadas y las otras cuatro correspondieron a acciones que consistieron a reintegraciones de recursos a la Federación.
Si bien la mayoría de las auditorías realizadas concluyen que el Gobierno del Estado efectuó una transparente y adecuada gestión de los recursos, sobresale entre todas las auditorías con número de identificación 1778, la cual buscó analizar las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) para el caso de San Luis Potosí.
En esta auditoría, la ASF revisó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) relacionados con sueldos y salarios, que generaron pagos totales de 6 mil millones 527 mil 566.5 pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió a “Participaciones Federales o Ingresos Propios” y el 57 por ciento a “Ingresos Federales”.
En esta revisión se identificaron inconsistencias en los informes de 15 entes públicos del Poder Ejecutivo, quienes reportaron diferencias entre las fuentes de financiamiento indicadas en los CFDI y las consignadas en sus presupuestos. Además, 11 entes públicos presentaron discrepancias en la información reportada para la Cuenta Pública de 2023, lo que generó observaciones previas a la emisión del informe final.
Otro hallazgo relevante fue que 50 entes públicos reportaron diferencias en los montos del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido y enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en relación con los pagos de sueldos y salarios. Estas inconsistencias fueron corregidas antes de la publicación del informe.
Finalmente, el Gobierno del Estado recibió un total de 2 mil millones 194 mil 165.1 pesos en participaciones del ISR, provenientes de los pagos de sueldos, de los cuales mil millones 897 mil 634.4 pesos fueron para el estado y 296 millones 530 mil pesos para los municipios. No obstante, se encontraron diferencias en estos montos entre las participaciones federales y locales, lo que también fue observado en el informe.
La auditoría reveló varias inconsistencias y diferencias en los registros y pagos de ISR, lo que sugiere una falta de alineación con la normativa fiscal vigente, tanto en el manejo de recursos como en la presentación de información contable y presupuestaria.
Al final de esta auditoría se concluyó que, para el caso de este rubro, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió parcialmente con los requisitos y las reglas de operación establecidas dentro de la Ley de Coordinación Fiscal.
Otra auditoría de interés fue la identificada con el número 1770 y realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del cual San Luis Potosí recibió mil millones 119 mil 413.3 pesos; sobre estos recursos la Auditoría señaló:
“La SEFIN, durante el año de 2023, transfirió a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ajenas al fondo, recursos que devolvió a la cuenta bancaria del fondo con sus rendimientos financieros, para posteriormente destinarlo al pago de pensiones; sin embargo, aunque los recursos fueron devueltos, no debieron transferirse a otras cuentas bancarias, ni destinarse a fines distintos a los comprometidos con cargo al fondo”, es decir, que el Gobierno dispuso de manera discrecional de estos recursos que finalmente servirían para pagar fuera de tiempo a la Dirección de Pensiones.
Sobresalió por igual la auditoria realizada a las transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del programa U006, a través del cual se dota de recursos a los planteles de educación media superior y superior vía convenios.
Para analizar la entrega de estas ministraciones la auditoria con número 1783, revisó 3 mil millones 216 mil 849.6 pesos de recursos federales destinados para instituciones educativas; como resultado, se encontró que los servidores públicos responsables no abrieron una cuenta específica para la recepción de los recursos federales del Telebachillerato Comunitario del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.
Además, el Gobierno del Estado no ministró los montos completos a las siguientes instituciones: el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, de las Tecnológicas, de la Universidad Pública Estatal, de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde y del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.
“El Gobierno del Estado de San Luis Potosí infringió la normativa, principalmente en materia del Convenio de apoyo financiero celebrado entre el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la operación del Telebachillerato Comunitario; Anexo de Ejecución que celebran el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la operación del Colegio de Bachilleres, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, describe el documento.
Las ministraciones incompletas del Gobierno llegaron a tal punto en este ejercicio que San Luis Potosí se posicionó como el cuarto estado que más ministraciones adeudó a los planteles de educación media superior y superior, por no haber entregado 160 millones 591 mil pesos, y solo por debajo de Yucatán (669.7 millones de pesos), Tabasco (713.7 millones de pesos) y Coahuila (779.1 millones de pesos).
Todas las demás auditorias que se realizaron sobre el ejercicio presupuestal del estado potosino, si bien no señalaron montos por aclarar o pendientes económicos, sí tuvieron situaciones anómalas como, por ejemplo:
Entregar apoyos a beneficiarios registrados en los padrones, los cuales se encontraron con estatus de “decesos” en la base de datos de la Secretaría de Salud, en la auditoría 1769; pagó de participaciones a los municipios mediante cheque sin justificación, de acuerdo con la auditoría 1768; en un caso similar, se identificó que los recursos del FORTAMUN correspondientes a enero de 2023 se pagaron a los municipios mediante cheque, sin que se justificara la razón de ello, dentro de la auditoria 1767.
Doce obras públicas no se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable; 20 expedientes unitarios de obra no se integraron conforme a la normativa; y la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó diferencias respecto de la información financiera del ente fiscalizado en la auditoría 1775.
La información financiera presentada en el Sistema de Alertas mostró incongruencias en relación con la información reflejada en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la solicitud de inscripción de tres financiamientos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó fuera del plazo establecido en la normativa, esto según la auditoría 1765.
Se determinaron diversos incumplimientos en la auditoría 1773, debido a que no se acreditó la notificación a la Tesorería de la Federación de la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas (sefin), del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la recepción y administración de los recursos federales; no se proporcionaron las pólizas contables ni presupuestarias de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y por efectuar pagos por un millón 144 mil de pesos, correspondientes con 630 baterías adquiridas mediante el contrato número DGA-CAASPE-co166-LPE-00037-23, financiado con los recursos de un fondo, que no se localizaron en la visita de inspección física.
Una situación similar se detectó en la revisión del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública como parte de la auditoría 1776, en la que se encontraron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos, en virtud de que no se destinaron al objeto del fondo los recursos transferidos no comprometidos al 31 de diciembre de 2023.
Igualmente se detectaron retrasos en la ministración de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal según la auditoría 1766.
