Estela Ambriz Delgado
Dos representantes de asociaciones de apoyo a personas discapacitadas expresaron su desacuerdo respecto a la solicitud de acción de inconstitucionalidad de los decretos que reforman la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental, que es revisada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues señalaron que podría obstaculizar el avance en temas importantes.
Gicelle Ivethe Barajas, quien forma parte de la Fundación Abres My Lus, A.C., de atención a personas sordas, sordas con alguna discapacidad adicional, y sordociegas, afirmó que la mayoría de las asociaciones en el tema lo que quieren es que se aprueben leyes que ayuden a solucionar las múltiples problemáticas que vive el sector.
“La mayoría de las asociaciones ya queremos que salgan leyes y avanzar en materia de discapacidad, por eso todas las asociaciones civiles estamos colaborando con la consulta del Congreso porque queremos que esto ya salga. No nos conviene a nadie que esto siga atorado”.
Gicelle Barajas se mostró inconforme ante la solicitud de la integrante del Consejo de la CEDH, Catalina Torres Cuevas, para que se elabore una acción de inconstitucionalidad para dos decretos que fueron publicados el miércoles 7 de junio en el Periódico Oficial del Estado, pues considera que el uso tan recurrente de este recurso por parte de la consejera persigue otros fines más allá de apoyar a este grupo vulnerable.
“La anterior legislatura ya no pudo avanzar en materia de discapacidad porque ella metía y metía acciones de inconstitucionalidad a través de la CEDH. No tenemos claro qué es lo que pretende, pero sólo sabemos que ella quiere realizar las consultas, como actualmente lo hace para el Ayuntamiento de la capital”.
La antropóloga sustenta su opinión no solamente como parte de una asociación civil de atención a personas discapacitadas, ya que fue coordinadora de la Consulta a Grupos en Situación de Vulnerabilidad llevada a cabo por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), con relación al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, publicados el 27 de abril de 2021.
De igual forma, otra representante de una asociación civil que formó parte también de quienes asesoraron al Poder Legislativo en su consulta, y que prefirió guardar el anonimato para evitar malinterpretaciones y divisionismo en la comunidad, aseveró que la mayoría de las asociaciones están muy molestas porque con sus denuncias Torres Cuevas no ha dejado que la legislación avance.
En lo concerniente a su participación en la reciente consulta del Congreso, la representante explicó que señalaron cosas que tenían que cambiar; les dieron recomendaciones sobre cómo tenía que hacerse la intervención para llegar a las personas con discapacidad al interior del estado; y les sugirieron las redes de apoyo, por lo que afirmó haberse sentido muy escuchada.
Asimismo, señaló que para avanzar se debe permitir que las consultas mejoren, pues para que logren ser accesibles cuestan y toman tiempo, y la realidad es que en San Luis Potosí apenas se está desarrollando, por lo que este tipo de consultas mejorarán conforme adquieran experiencia, e igualmente se podrá perfeccionar la aplicación tecnológica de la que se hizo uso, a fin de que sea mucho más accesible para que cualquier tipo de discapacidad tenga interlocución.
“Si queremos avanzar tenemos que permitir que se vaya mejorando poco a poco, ella quisiera que fuera perfecto, pero inclusive ahora que está trabajando la consulta sobre el Plan de Desarrollo también tienen que ir tropezando, levantando y armando hasta que tengan el perfil, ahorita no, va a ir poquito a poquito”.
Por su parte Gicelle Barajas indicó que ha seguido el trabajo del Congreso del Estado en la consulta, y asistió a algunas reuniones donde pudo constatar que se hizo un esfuerzo por cumplir y hacerlo accesible para personas con alguna o varias de los cinco tipos de discapacidad: auditiva, visual, motriz, intelectual y psicosocial.
“Me consta que esta consulta trataron de hacerla bien, cómo es posible que tantos abogados no puedan haber hecho una consulta adecuada, pero no es como ella lo quiere y no es como lo dicta supuestamente la Suprema Corte de Justicia”.
En este sentido, destacó que también se debe considerar que los parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los que se basan estas consultas son los que se determinaron para pueblos y comunidades indígenas, y son dos mundos distintos, por lo que se debe tomar en cuenta esto para revisar la posible acción de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la solicitud de Catalina Torres, ambos decretos no cumplen con los parámetros mínimos emitidos por la SCJN, ya que la consulta que se realizó para elaborar estas modificaciones no se llevó a cabo de manera rígida y especializada, lo que sesga la garantía de participación de la población con discapacidad.
