Por Victoriano Martínez
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 94 de la Ley de Transporte, a partir de hoy “comenzará a aplicarse” la nueva tarifa del camión urbano, aunque hasta esta madrugada el acuerdo sobre el incremento no había sido publicado en el Periódico Oficial del Estado como ahí mismo se prevé que debe ocurrir.
Hace un año, cuando la tarifa pasó de 10.10 a 11 pesos, el acuerdo fue publicado el sábado 14 de enero para que pudiera entrar en vigor al día siguiente.
A diferencia de otros años, en esta ocasión no se registraron movilizaciones que trataran de impedir el incremento a la tarifa, en tanto que en la última semana se dieron negociaciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con quienes la titular, Araceli Martínez Acosta, habría acordado un incremento de un peso.
“La negociación oscilaba en aumentar, entre 50 centavos y un peso, sin embargo, ambas partes hemos coincidido en que una fracción solo complica las operaciones de pago entre operador y usuario, sumado a que los centavos ya son una moneda en vías de desuso”, explicó la funcionaria.
Un raro criterio determinante que costará a los usuarios 50 centavos más por viaje que poca relación tiene con la valoración que prevé el mismo artículo 90 de la misma ley, que dice que las tarifas “serán actualizadas de manera justa y suficiente, propiciando el acceso de la población de bajos ingresos a dicho servicio, así como la autosuficiencia financiera del servicio concesionado o permisionado”.
Lo que más se acerca a haber incluido en la negociación obligaciones legales que tienen que ver con principios rectores y estándares de calidad en el servicio es que Martínez Acosta señaló que exigirán un compromiso “excepcional” por parte de los concesionarios “para que ahora sí comiencen un proceso de renovación de las unidades en circulación”.
“El gobierno del Estado no puede permitir que el transporte urbano de pasajeros en esta ciudad sea más deficiente de lo que es actualmente”, fue la advertencia del secretario de Gobierno… ¡hace 44 años!
Sí, aunque son palabras que bien pudo pronunciar Martínez Acosta, esa declaración la hizo Héctor González Lárraga el 8 de febrero de 1980, cuando era secretario de Gobierno y se buscaba que los permisionarios del transporte urbano renovaran 100 unidades. Antes de 30 Días Mejorará Aquí el Transporte Urbano fue el encabezado de la nota en el periódico El Sol de San Luis.
Una larga historia en la que prácticamente cada año los permisionarios logran algún incremento a la tarifa con el compromiso de mejorar el servicio y renovar parte del parque vehicular.
Un incremento a la tarifa que suele darse sin que se den a conocer los costos de los gastos derivados del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, el consumo de combustible, el gasto corriente de la operación, las primas de los seguros que deben contratar y mantener vigentes los permisionarios, ni la estimación de la rentabilidad, como señala el artículo 90 de la Ley.
Al final lo que parece prevalecer es simplemente autorizar una nueva tarifa para el 15 de enero, hacer como que se cubren los requisitos que marca la Ley, renovar la esperanza de que se mejorará el servicio y listo… que el usuario siga sometido a un servicio deficiente que para colmo opera en un complicado esquema de rutas, con alteraciones inesperadas y en un territorio carente de señalética.
A propósito, la fracción XXII del artículo 81 de la Ley de Transporte mantiene vigente la obligación de los concesionarios y permisionarios de entregar boleto a quien pague en efectivo, lo que es evidente que se incumple al menos en la zona metropolitana de la capital.
El caso es que hoy es el día en que, según la Ley, entra en vigor una nueva tarifa que se dijo será de 12 pesos, en el Periódico Oficial del Estado hasta esta madrugada aún no aparecía publicado el acuerdo, y será hasta que se aborde un camión cuando se tenga la certeza de que el aumento a la tarifa es un hecho… haiga sido como haiga sido.
