Eduardo Delgado
La presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, propició la demora del Tribunal Electoral del Estado (TEE) en la resolución de la o él legislador que reclama la reducción de dietas, pues le remitió documentos ajenos a la demanda.
En consecuencia, la magistrada presidenta del TEE, Dennise Adriana Porras Guerrero, emplazó al Congreso para que en 24 horas, contadas a partir de la notificación, proporcione los documentos requeridos y en caso de desacato le apercibió de que “se le impondrá una medida de apremio”.
Este viernes fue publicado en la lista de acuerdos del tribunal el relativo al expediente TESLP/JDC/01/2022, en el que se consignó que el Congreso “no remitió los documentos relacionados con el asunto que nos ocupa”.
Necesarios, añadió, para la resolución de la demanda contra el acuerdo JCP/LXIII-I/012/2021 y por ello la presidenta reservó “los estudios procesales” para resolver la demanda del o la quejosa, que reclama la disminución de la dieta mensual que “me corresponde”.
La magistrada Dennise Porras requirió en específico copias certificadas:
“a) Del acuse de la notificación del acuerdo JCP/LXIII-I/012/2021, de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, realizado al actor el quince de octubre de dos mil veintiuno.
“b) De la solicitud presentada por el recurrente ante la Oficialía del Congreso del Estado respecto a los montos de las dietas aprobadas en el Presupuesto de Egresos 2021 para los diputados locales y los montos de las remuneraciones realizadas al actor.
“c) De los recibos de nómina del actor correspondientes a la primera quincena de septiembre y octubre de dos mil veintiuno.
“d) Asimismo, de cualquier otro documento que estime necesario para la resolución, en términos del artículo 32, fracción VI, de la Ley de Justicia Electoral.
“Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos solicitados, este Tribunal le impondrá la medida de apremio”, advirtió.
La demanda fue controvertida por un diputado o legisladora que solicitó al tribunal no revelar su identidad, amparado en la Constitución y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Antes, el tribunal local emitió un par de sentencias derivadas de demandas originadas por la misma razón de los diputados Rubén Guajardo Barrera y Edmundo Azael Torrescano Medina, de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente.
Solo el priista obtuvo el fallo favorable, porque el tribunal electoral determinó que la reducción del 10 por ciento en sus emolumentos fue anticonstitucional, por la violación de su derecho como servidor público a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable.
En el caso del panista, el TEE determinó que la demanda la presentó de manera extemporánea, porque como miembro de la Jucopo, debió impugnar enseguida de avalado el acuerdo, no luego de que le fue aplicada la reducción.
