Fernanda Durán
El decreto para la creación del nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado fue publicado en el periódico Oficial del Estado casi 24 horas después de que el Congreso del Estado dio cuenta de los 34 cabildos que avalaron la minuta.
Por lo que este sábado 2 de septiembre entró en vigor su reconocimiento en la Constitución Política del Estado y dio vigencia a la nueva Ley de Fiscalización Superior.
Con este mandato desaparece la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Evaluación y Control (UEC), para ser sustituida por el nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado, por lo que se trasladarán las funciones de la UEC a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Además, se establecieron los requisitos sobre quien pretenda ocupar la titularidad de fiscalización, ahora por un periodo de nueve años sin oportunidad de reelección.
Desde la renuncia de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado como titular de la ASE a inicios de diciembre de 2021, el Congreso del Estado anunció la reorganización del órgano de control; pasaron 18 meses hasta julio de este año para que las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Vigilancia reunieran diversas iniciativas en este tema y crearan el proyecto hoy aprobado.
El 24 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó las reformas, entre ellas a la constitución local, por lo que en una semana los cabildos admitieron las modificaciones, y terminó con la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
A 20 meses sin titular en la Auditoría Superior, el Poder Legislativo prevé emitir una convocatoria para el puesto “lo más pronto posible”.
De acuerdo con el diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia, con los requerimientos del Instituto de Fiscalización, queda abierta la posibilidad para que la actual encargada de despacho de la ASE, Virginia Muñoz Gutiérrez, participe en la convocatoria.
Con la reestructuración se establecieron nuevos requisitos y bases para el nombramiento de la persona titular del Órgano Técnico de Fiscalización; la modificación de la denominación, conformación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia y fortalecimiento de sus atribuciones.
Asimismo, modificaron los plazos en el procedimiento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de las 114 entidades fiscalizadas del 15 de marzo al último día de febrero, mientras que se amplío el tiempo para que el instituto concluya la revisión, al pasar del 31 de octubre del año de su presentación al último día del mes de noviembre.
También señalaron la reformulación del tipo penal del delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, relacionado con la omisión de presentar al Congreso del Estado la Cuenta Pública y la reestructuración del recurso de reconsideración, es decir, el medio de impugnación.
