Por Victoriano Martínez
El pasado viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la segunda entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2021. Hoy vence el plazo para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) haga lo propio con las 173 auditorías que programó hacer a los 113 organismos fiscalizables en la entidad.
Se trata de auditorías a la Cuenta Pública 2021 que presenta dos apartados con expectativas encontradas.
Los primeros nueve meses a cargo de las autoridades anteriores, en cuyo caso los hallazgos de la ASE tendrán que confirmar, o no, las graves irregularidades por las que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pudo señalar a la anterior administración como una herencia maldita.
En el caso de los últimos tres meses del 2021, lo encontrado por la ASE confirmaría, o no, la pulcritud en el manejo de los recursos públicos por parte de la nueva administración gubernamental.
En los hechos, ambos casos ponen a prueba la independencia con la que, como organismo autónomo del Poder Legislativo, habrá actuado la ASE al realizar la fiscalización.
No se puede perder de vista que la ASE no ha podido recuperarse de la grave crisis de credibilidad que le provocó el caso de la ecuación corrupta en junio de 2017 que, uno de los elementos de sospecha es que la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento capitalino se reportó con cero observaciones, cuando estaba a cargo de Ricardo Gallardo Juárez.
Si bien la ASE evitó revisar la cuenta de Gallardo Juárez en el 2017, año de la ecuación corrupta, la ASF sí lo hizo y detectó irregularidades por 435 millones 100 mil pesos. Nada nuevo entonces, pues se conocía el manejo a conveniencia del trabajo de la ASE, un estigma del que no se ha librado y que representa la mayor prueba para los resultados que presente hoy al Congreso del Estado.
El trabajo de la ASF tampoco se puede considerar sólo porque las cifras sobre irregularidades cuenten con muchos ceros: observaciones a las 32 entidades federativas por 7 mil 51 millones 911 mil 600 pesos es una cantidad impresionante. Lo que ya no lo es tanto es que representa apenas el 0.56 por ciento del universo seleccionado para la revisión.
Las recuperaciones por 376 millones 578 mil 400 pesos logradas por la ASF también impresionan, pero se desvanecen si se considera que representan apenas un 5.34 por ciento de lo observado, lo que reduce el monto por aclarar a un 0.53 por ciento del universo revisado.
Históricamente la Auditoría Superior del Estado presenta proporciones similares entre lo revisado, lo observado y lo recuperado. Más bien la diferencia entre ambos entes fiscalizadores suele estar en los entes a los que se les carga la mano y aquellos a los que pareciera tratárseles con benevolencia.
De los informes sobre las 15 auditorías presentadas en la segunda entrega de la ASF, sólo en cuatro reporta montos por aclarar que acumulan 157 millones 276 mil 100 pesos, que representan el 1.75 por ciento del universo seleccionado para la revisión.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí aparece con un monto por aclarar por 82 millones 156 mil 410.33 pesos (página 9) por pagar la renovación del alumbrado público “sin contar con la autorización presupuestal para realizar una obra multianual o ser considerada como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior”.
El 25 de febrero, el exalcalde Xavier Nava Palacios transmitió un video en el que presumió un récord de revisiones por parte de la ASF en las que apareció con cero observaciones y un caso de 105 mil pesos por aclarar “que estamos seguros que se solventará”. Un antecedente que obligaría a que ahora también lo hiciera para explicar el caso de las luminarias.
El otro ente con el mayor monto por aclarar es el Colegio de Bachilleres por 71 millones 148 mil 496.74 pesos: 64 millones 355 mil 501.08 pesos por transferir los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a siete cuentas bancarias a nombre del colegio, y 6 millones 792 mil 995.66 pesos por destinar los Subsidios a “traspaso para pago de nómina”.
Al Ayuntamiento de Aquismón lo reporta la ASF con un monto por aclarar por 2 millones 48 mil 746.47 pesos y al Gobierno del Estado con un millón 922 mil 462.04 pesos por el pago con recursos del Fondo de Infraestructura Social por una obra no realizada.
De acuerdo con los datos de la ASF, al Gobierno del Estado le revisó en 2021 un universo por 4 mil 577 millones 669 mil 900 pesos y sólo le observó un millón 922 mil 462.04 pesos, que representa el 0.04 por ciento, un nivel de irregularidades que –al menos desde esa perspectiva de la ASF– no da para los calificativos de Gallardo Cardona para su antecesor.
Aunque la ASF no realizó una revisión sobre los recursos ejercidos por los Servicios de Salud en el Estado, sí realizó una auditoría de cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera con la siguiente conclusión:
“En conclusión, los Servicios de Salud de San Luis Potosí realizaron, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” (página 8).
Otro indicador que –también al menos desde esa perspectiva de la ASF– no resulta del todo coherente con la situación que vive Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de los Servicios de Salud, quien se encuentra preso.
Una discrepancia entre el trabajo de la ASF y la ASE presente desde las auditorías a las cuentas de 2020, en las que –en el caso de los Servicios de Salud– la revisión al cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera aparece exactamente con la misma conclusión. La aprehensión de Lutzow Steiner deriva de la revisión de la ASE a la Cuenta 2020.
El viernes se conocieron los informes de la segunda entrega de la ASF con ese panorama. Hoy se conocerán los de la ASE, cuyo panorama bien podrá contrastar con el que dio la federal, cuando menos con relación al desempeño del gobierno de Juan Manuel Carreras López que, de respaldar la postura del mandatario, más vale que exhiba hechos contundentes para no parecer obsequiosa.
