Por Victoriano Martínez
Cuando los riesgos en un aspecto tan delicado como la salud van más allá del ámbito privado y los efectos de una mala práctica médica o los incumplimientos de la autoridad reguladora del sector amenazan con afectaciones colectivas, en la corrección y en su discusión se debe evitar salir de esa misma esfera y caer en protagonismos políticos que, como tales, resultan politiquería.
La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) alertó sobre malas prácticas de médicos que no cuentan con cédula especializada para realizar intervenciones estéticas y plásticas en el Estado, aunque se limitó a informar de un solo caso.
Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de un médico por realizar cirugías plásticas y estéticas, sin contar con una cédula especializada para ese tipo de intervenciones.
Hasta ahí la acción que le corresponde a las autoridades del sector, con el consecuente seguimiento que tendrán que dar al caso, que seguramente habrá de incluir la verificación de la cédula profesional 12204699, expedida por la SEP en 2021, por una maestría en cirugía estética en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, a nombre del presunto infractor.
Si las leyes vigentes prevén las medidas a tomar en un caso como ese, ¿a qué viene que la diputada Aranzazu Puente Bustindui aproveche la coyuntura para anunciar que preparan una regulación de especialistas en procedimientos estéticos?
“Nos han mencionado que ha habido varios casos a través de este tiempo donde se practican cirugías sin tener realmente las credenciales que se requieren”, afirmó la diputada.
O fue una postura protagónica a propósito del caso ventilado, o la diputada cuenta con mejor información que la Coepris y los Servicios de Salud. En ambos casos, el resultado para los usuarios de servicios médicos en el estado es que se despierta la duda sobre cuántos farsantes de la salud, general o especializados, ofrecen sus servicios sin las acreditaciones necesarias.
No sólo sería una falla de la Coepris y los Servicios de Salud en cuando a la inspección, sino que además el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Educación, incumpliría con la información que les debe proporcionar a aquellas, conforme al artículo 70 de la Ley de Salud en el Estado.
Antes que convocar a la población a estar atentos para no acudir a personas que no estén acreditadas para los servicios de salud que prestan, quizá deba aportar la información con que cuente a las autoridades de salud y, de paso, exhortarlas a ser más cuidadosas sobre el control de los profesionales de la salud que ejercen en el Estado.
Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud, dijo que de 100 centros de rehabilitación de adicciones que funcionan en el estado, sólo cinco cuentan con la regulación estipulada por la ley, y aseguró que trabajan con la Coepris y las áreas de protección civil de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez para evitar su proliferación ilegal.
Una revelación por parte de Acosta Díaz de León que se traduce en una confesión de que se incumple con la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones que le ordena a los Servicios de Salud “contar con un registro actualizado de los centros de tratamiento y rehabilitación”.
Una revelación que se da en el marco de la primera sesión del Consejo Estatal Contra las Adicciones, en la que el oportunismo declarativo otra vez envuelve un problema de salud pública en posturas politiqueras que poco aportan a la solución, como simplemente afirmar que “todos han fallado en combatir adicciones”. Poco faltó para que se señalara que quienes las promueven son muy exitosos.
La presidenta del Congreso del Estado, Aranzazu Puente Bustindui, tampoco desaprovechó el momento para también exhibir su protagonismo antes que mostrar que cuenta con información para avanzar en el tema: “desde el Congreso del Estado ver la manera de apoyarlos, tener los marcos jurídicos adecuados para fortalecernos entre todos los niveles”.
Una postura tan genérica, que puede ser aplicable a cualquier tema. Como si no existiera una Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones desde el 30 de junio de 2011 sobre la que pudo preparar un diagnóstico sobre su aplicación y los resultados que éstos han dado… o las omisiones en las que se han incurrido, como la confesada por Acosta Díaz de León.
Si malas prácticas médicas o incumplimientos de la autoridad supervisora abren los riesgos a que se presenten verdaderos problemas de salud pública, de poco sirven protagonismos tan superficiales, que sólo podrían contaminar de simulación la búsqueda de verdaderas soluciones.
