Por Victoriano Martínez
En un sexenio que se ha caracterizado por un grado extremo de opacidad no sorprende que las comparecencias para explicar y detallar los datos del segundo informe de gobierno lo que caracterice las exposiciones de los funcionarios sea la exhibición de cifras dispares, manipuladas y hasta abiertas mentiras, que son todo menos un acto de rendición de cuentas.
Por más que se esfuerce el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, por presentar de manera selectiva la presunta disminución en el índice de delitos de alto impacto, el hecho es que la población vive impactada por la criminalidad que campea en el Estado y la alta percepción de inseguridad no cede.
De poco puede servir que afirme que el número de homicidios dolosos ha disminuido en un 24.8 por ciento, si la cifra de los primeros dos años del sexenio sigue siendo muy alta, al grado de que en los últimos cinco sexenios éste ha sido con mucho el más violento.
Se puede jugar con las cifras, como ocurrió durante su comparecencia con los contrastes entre las que mencionaba el secretario contra las que exponían algunos diputados, pero con lo que difícilmente se pueden hacer juegos es con la percepción que tiene la población, entre la que cada día son menos quienes no hayan sido testigos involuntarios de algún delito.
Salvador González Martínez, secretario de Finanzas, llegó a su comparecencia con el peso del señalamiento público en un desplegado por parte de Bernardina Lara Argüelles, lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), que desmiente la afirmación gubernamental de que han cubierto parte del adeudo a la Dirección de Pensiones.
Tras exigir el pago de los adeudos, entre los que se encuentran “las cuotas descontadas quincenalmente a los trabajadores por la Secretaría de Finanzas, mismas que no pertenecen al erario público y que están retenidas indebidamente”, Lara Argüelles invitó al gobernador a ejercer una política responsable.
“Una política responsable y apegada a derecho, propiciando acciones que construyan el desarrollo, bienestar y armonía entre su administración y la base trabajadora, evitando recurrir a los falsos pronunciamientos que acostumbra, faltando al respeto a empleados, funcionarios públicos y a su investidura que como mandatario estatal le constriñe”, le advierte.
González Martínez evito precisar datos y mencionó que el Poder Ejecutivo propondrá una estrategia para incluir a la Dirección de Pensiones en sus presupuestos de ingresos y egresos para el próximo año.
Al referirse a los adeudos con la UASLP, el secretario de Finanzas mintió abiertamente al afirmar que han administrado los recursos oportunamente y hasta la han apoyado con créditos para abatir sus problemáticas. Si no mintió, entonces debe pedir a la SEP que corrija el informe de transparencia que señala que le adeudan 174 millones 162 mil 146 pesos al 30 de septiembre.
Si las comparecencias difícilmente representan un acto de rendición de cuentas, la fingida transparencia exhibe el grado al que ha llegado la crisis de opacidad con tal aval por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que, coincidencia o no, este martes emitió un comunicado para justificar que violan el artículo 6º constitucional.
“Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución”, señala la fracción IV de ese artículo.
El pleno de la CEGAIP acordó un posicionamiento para advertir que las resoluciones a los recursos de revisión presentados por solicitantes de información inconformes con las respuestas se pueden resolver hasta en 50 días hábiles porque la ley les permite una prórroga de hasta 20 días a los 30 marcados como plazo para emitir la resolución.
“Es claro que en muchos expedientes de los recursos de revisión debe decretarse la ampliación del término para un mejor proveer o bien para el análisis del volumen de la información solicitada o para realizar de forma correcta una notificación”, señalaron en el comunicado. Casi como justificar que la excepción se vuelva regla.
Una actitud, que además de incumplir la Constitución en cuanto a un procedimiento de revisión expedito, resulta muy poco comprometida con los principios que deben regir la transparencia que, para el caso, se debe destacar el de oportunidad, señalado seis artículos de la Ley estatal como uno de los que debe hacer prevalecer.
Privilegiar de tal manera la justificación para que “en muchos expedientes de los recursos de revisión debe decretarse la ampliación del término” vuelve su pronunciamiento en la confesión de una predisposición para evadir cumplir con el principio de máxima publicidad que mandata la Ley, del que una de las principales características es cuidar el acceso oportuno a la información.
Una postura de la CEGAIP que empata con la actitud de opacidad de la administración estatal que, a más de un año de la edición 2022 de la FENAPO, apenas informa sobre parte de las erogaciones, y eso porque debió mediar una solicitud de información, a pesar de ser información que se debe difundir de oficio.
Ya sólo falta que los comisionados de la CEGAIP le den el visto bueno a la postura expuesta por los funcionarios en las comparecencias: “No hay mejor transparencia que la edificación de esas obras”, en palabras de José Guadalupe Torres, secretario de Gobierno. ¡Qué mayor transparencia que el hecho de que miles de personas acudieron a los conciertos!
Si antes de la reforma que acotó los plazos para las resoluciones la CEGAIP garantizaba a los sujetos obligados retrasar por meses y hasta años las resoluciones con una maniobra legaloide, con su comunicado hoy parecen enviarles el mensaje de que, por el cambio que hubo en la Ley, sólo se los podrá entretener por 50 días hábiles.
Un servicio a la opacidad acotado, pero que no deja de tener la intención de ser un servicio para los opacos.
