Por Victoriano Martínez
Como nunca, en el actual sexenio la opacidad se ha presumido con etiqueta de transparencia con tal desfachatez que para ser transparente basta con asegurar en el discurso que se es y simular de la manera más burda el cumplimiento de las obligaciones legales, porque la final de cuentas no hay quien garantice el derecho de acceso a la información pública.
“Con acciones como esta compra de vehículos, se transparenta el uso de recurso en beneficio de los soledenses, que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida las personas”, se jactó este jueves Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, en un acto con cuarenta vehículos formados frente a la presidencia municipal.
Su concepto de transparencia apenas le alcanza para considerar que es una característica de los actos de gobierno que se satisface simplemente con “comprar, exhibir lo comprado y dar a conocer el monto total de lo gastado”.
Exponer el costo de cada uno de los vehículos, sus características, el nombre del proveedor, si se compraron por asignación directa o por licitación, la documentación completa de la licitación, el contrato con el proveedor, la justificación de cada una de las compras, el destino y uso que tendrá cada unidad, la…
Para qué seguir esa enumeración de datos que, por ley, por decencia moral, y por compromiso democrático están obligados a hacer públicos, si resulta evidente la inexistencia de voluntad para cumplir con las mínimas obligaciones legales de transparentar su ejercicio como autoridades.
Se aseguró que la compra pudo ser concretada con apoyo de Gobierno del Estado, que intervino “para algunas gestiones”, como si esa pudiera ser la justificación válida sobre el gasto de 25 millones de pesos, cuando en realidad abre una ventana mayor de dudas: ¿En qué consistieron esas “algunas gestiones”?
Si los recursos utilizados fueron propios del Ayuntamiento por su “buena ministración que se tiene de los egresos”, ¿por qué incumplir la obligación de publicar los egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia? Decir que son buenos administradores sin exhibir la evidencia es un acto de jactancia que abre un amplio terreno a la sospecha y la especulación.
Peor aún. Simular que mes con mes publican los egresos, como lo hacen en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), desvela la intención de utilizar esa jactancia como cortina de humo que ocultar en qué gastan el dinero que debería estar al servicio de los soledenses y, consecuentemente, cualquier persona tendría que poder conocer su destino preciso.
En los ocho meses que lleva el 2023, el ayuntamiento de Soledad ha sido muy puntual en publicar el formato que, por simple apego a la ley, debe contener el reporte de cada uno de los gastos desglosados con monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria, etc.
Con sus formatos, el Ayuntamiento de Soledad es el prototipo de la simulación. Aunque ha publicado ocho archivos Excel con listados de cheques, no ha dado a conocer por esa vía, como la ley le ordena, un solo pago de los que haya realizado este año (incluidos los 25 millones de pesos que califican de transparentes por haber exhibido los 40 vehículos ayer).
El formato publicado en enero de este año reporta 106 pagos por 3 millones 106 mil 989.84 pesos realizados entre mayo y junio de 2022. De febrero a agosto, han publicado en forma repetida el mismo reporte: 231 pagos por 7 millones 822 mil 731.75 pesos correspondientes al último trimestre de 2022.
El transparente Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez no ha publicado uno solo de los pagos realizados este año en una reincidente violación a la Ley de Transparencia, lo que ocurre desde hace algunos años y podrá seguir sin problema porque no ha tenido ninguna consecuencia.
Como nunca, en el actual sexenio la opacidad se ha presumido con etiqueta de transparencia y la simulación ha sentado sus reales porque como nunca la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) está integrada por tres personajes (David Menchaca, Alfredo Solis y Ana Cristina García) que caracterizados por ser una nulidad.
¿De qué otra manera se puede explicar que les vean la cara de manera tan descarada?
Y este sólo es el caso de un apartado de una de las 53 fracciones del artículo 84 de la Ley de Transparencia. Es decir, como espacio de simulación de la transparencia, la PET se ha convertido en uno de tantos espacios en el que los comisionados de la CEGAIP no son más que el hazmerreír de los sujetos obligados y una barrera para el derecho de acceso a la información pública.
