Por Victoriano Martínez
El resultado del plebiscito del pasado domingo y el del segundo informe de gobierno de este lunes convergen en un mismo efecto: denigran los valores democráticos y constituyen un fraude a la ciudadanía.
No es gratuito que sólo hayan acudido a las mesas receptoras de opinión el 6.82 por ciento de los ciudadanos de la lista nominal.
Es la factura que le cobró el abstencionismo a los consejeros electorales que permitieron que se humillara al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) al obligarlo a organizar un plebiscito con casi cuatro millones de pesos menos que el mínimo que habían señalado como requerido, con la advertencia de que una cantidad inferior volvía imposible el ejercicio.
Una sumisión a los poderes Legislativo y Ejecutivo, especialmente a este último, que no se veía ni en los tiempos de los gobiernos hoy calificados como herencia maldita. Una sumisión por la que se embarcaron a realizar ese imposible, con las mermas en las acciones necesarias para que el plebiscito cumpliera los estándares mínimos para considerarlo un ejercicio democrático.
“Abundan estudios que demuestran que una ciudadanía informada se involucra y participa”, escribió el consejero Marco Iván Vargas Cuéllar en el periódico Pulso. Un 6.82 por ciento de participación, en consecuencia, demuestra que el CEEPAC no cumplió –con intención o por omisión propiciada por escasez–su obligación de fomentar la participación ciudadana con información.
De poco sirve que te informen que puedes ir a votar y que esta vez es porque se trata de un plebiscito, si no te exponen pros y contras de las alternativas y la forma en que tienen que ver contigo. El domingo mostró que ante una propuesta así, sólo uno de cada 14 individuos atendería a ese llamado.
Una circunstancia que pone en entredicho la autenticidad de un elemento fundamental para dar por válida conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre la petición de municipalización de Villa de Pozos: la verificación y compulsa de las credenciales de elector de los firmantes de la solicitud entregada al Congreso del Estado.
Si los 31 mil 895 habitantes de Villa de Pozos que firmaron la solicitud estaban convencidos y comprometidos con el proceso de municipalización al grado de signar su apoyo, ¿porqué en esa demarcación sólo acudieron a votar por el Sí 9 mil 842?
¿Qué pasó con los 22 mil 53 que no acudieron a las mesas receptoras de opinión? ¿Cambiaron de opinión o en realidad nunca estuvieron convencidos o no supieron que serían parte de esa petición y las copias de sus credenciales de elector se recabaron para otro fin como por ejemplo la entrega de algún apoyo social?
Descuidos y omisiones por parte de las autoridades que denigran un ejercicio democrático a un mero trámite que degrada la participación a la validación autómata de papeletas sin el menor respeto y consideración a la dignidad de los ciudadanos.
Un plebiscito simulado para cumplir un requisito que representa un engaño a la población y que machaconamente se publicita el “altísimo” porcentaje por el Sí para causar al grueso de la población la impresión de una determinación apoyada por la inmensa mayoría de la población. Un plebiscito cada democrático y muy fraudulento.
¿A quién le interesa tal manipulación antidemocrática y ese fraude a la ciudadanía? El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se apunta solo: poco más de seis horas antes de que el humillado CEEPAC concluyera el conteo de los votos, en su página de Facebook cantó la victoria del Sí, como un logro.
Una actitud poco demócrata que con su supuesto segundo informe de gobierno ratificó al presentar, desde Ciudad Valles, un espectáculo propagandístico de promoción de presuntos logros con la pretensión de hacerlo pasar como un ejercicio democrático de rendición de cuentas.
Una transmisión en cadena estatal que nada tuvo que ver con presentar el estado que guarda la administración estatal y sí con un rosario de loas que, en panegiristas propios, son auténticos vituperios.
Un plebiscito y un informe, pues, que atentan contra los valores de la democracia y se convierten en un fraude contra la ciudadanía.
