Por Victoriano Martínez
La forma en que se acordaron los cambios en el Interapas y en la Secretaría General del Ayuntamiento no sólo ha dejado expuesta la sumisión del alcalde Enrique Galindo Ceballos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sino que a pesar de la opacidad con la que se encubren, los escasos indicios dejan ver como posible la prolongación de añejos pactos de impunidad.
Los dos personajes que ocuparon la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Juan Manuel Carreras López, el tan vituperado sexenio anterior, Alejandro Leal Tovías y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy siguen activos en la administración desde cargos con cierta relevancia.
Es la presencia de dos personajes que estuvieron al frente del segundo cargo en importancia dentro del gabinete carrerista, cuyo gobierno fue calificado por Gallardo Cardona como una herencia maldita, pero todo indica que no tanto como para que dos de los principales protagonistas se mantengan reciclados.
Se puede argumentar que Leal Tovías llegó por la vía de las urnas, así haya sido como parte de la lista de representación proporcional y no haya hecho campaña para obtener un solo voto. En su caso no es la forma en que llega, sino en la que permanece: entre la condescendencia con el gobierno actual y el manto de impunidad que éste le dispensa a pesar de los señalamientos.
En el caso de Hernández Delgadillo el argumento puede ser simplemente que se trata de una posición en un Ayuntamiento a cargo de un priísta y en el que poco tiene que ver la administración gallardista.
Real o ficticia la sumisión del alcalde al gobernador, el hecho es que en ese ámbito en el que la forma es fondo, los hechos públicos previos a la llegada de Hernández Delgadillo a la secretaría general del ayuntamiento dejan ver abiertamente la mano de Gallardo Cardona en su arribo.
Tanto Enrique Torres López, director de Interapas, como Fernando Chávez Méndez, ex secretario del Ayuntamiento, habrían incurrido en una afrenta a la postura populista de Gallardo Cardona y su rechazo automático a cualquier incremento a las tarifas del agua potable.
De Torres López resulta obvio desde su papel como director de Interapas, en tanto que de Chávez Méndez debió pesar mucho que en le sesión de la Junta de Gobierno del organismo operador del agua potable, ejerció el voto de calidad en su condición de sustituto del alcalde, ausente en esa reunión, para acordar la petición al Congreso del Estado sobre el incremento.
Y si esa reunión la hubiera encabezado Galindo Ceballos y él hubiese sido quien ejerciera el voto de calidad, ¿qué habría sustituido a la sorpresiva renuncia de Chávez Méndez? Claro, en el supuesto de que Chávez Méndez también salió como efecto a la presión gallardista detonada por la intentona de incremento a las tarifas del agua potable.
Un supuesto que desde el 8 de diciembre, cuando Gallardo Cardona anunció la renuncia de Torres López cual objetivo logrado de su presión sobre Galindo Ceballos, dejó ver que no sólo se presionaba por el caso de Interapas, sino también por la secretaría general del Ayuntamiento como lo muestra hoy el cambio de los dos funcionarios.
Aquel jueves 8 de diciembre a Gallardo Cardona aparentemente se le cruzaron los nombres que se barajaban en las presiones por los dos cargos y aseguró que entre “los que se habla” para sustituir al director de Interapas estaba Hernández Delgadillo, cuya trayectoria poco tiene que ver con un puesto tan especializado, pero sí con al que finalmente llegó.
¿Hasta dónde pegó una carambola con la salida de Chávez Méndez? El exfuncionario bien puede que hoy pague haber avalado la petición de incremento en la tarifa, pero también bien puede haberse aprovechado para provocar su salida porque esté en la mira como uno de los justiciables por el caso de la Red Metro en su calidad de ex secretario de Comunicaciones y Transportes.
El hecho es que ese movimiento reemplaza a un integrante de la herencia maldita por otro incluso más cercano al exmandatario en su último tramo, que necesariamente hace suponer una simulada confrontación entre el gobierno actual y el anterior y el intercambio de posiciones en cuanto a quien garantiza impunidad.
Carreras López simuló todo su sexenio un Sistema Estatal Anticorrupción que actuaría contra la gallardía por un amplio expediente de supuestas fechorías presumido por Leal Tovías sin que pasara nada, en tanto que ahora los anuncios estridentes de Gallardo Cardona son contra una supuesta herencia maldita con raquíticas acciones sólo en contra de tres exfuncionarios.
Algo así como una sofisticada maniobra de apariencias para mantener vigente un prolongado pacto de impunidad transexenal.
