Por Victoriano Martínez
La Tiendita, también conocido como Los siete campos, es un predio que, tras la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito, es un ejemplo más sobre la forma en que la depredación inmobiliaria va más allá de ambicionar espacios con valor ecológico para buscar arrasar con las propiedades comunales y ejidales alcanzadas por el desarrollo urbano.
Aunque es territorio de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, La Tiendita no forma parte de la ANP Sierra de San Miguelito, pero no por ello deja de tener atractivo para ser blanco del acoso inmobiliario que busca obtener tierras baratas mediante cambio de régimen de propiedad para luego comercializarlas a precios estratosféricos.
El predio tiene como antecedente un litigio por la posesión entre los comuneros y la familia Abud desde hace 50 años.
Tras la obstrucción por parte de los comuneros a los trabajos para la construcción del Fraccionamiento Privadas Parque Real, el 19 de julio del año pasado, se supo que la familia Abud vendió los terrenos al Grupo Desarrollador CIMA.
“Te vendieron problemas, wey”, le dijo uno de los comuneros a Gerardo Serrano, representante del grupo comprador, aquel 19 de julio.
Un dato relevante resulta ser que la empresa que pretende construir el fraccionamiento en La Tiendita también está involucrada en el frustrado desarrollo inmobiliario Proyecto Las Cañadas, que estuvo a punto de lograr que se excluyeran mil 805 hectáreas de la ANP Sierra de San Miguelito y que la declaratoria el 13 de diciembre de 2021 frustró.
Aunque el grupo que impidió el año pasado el inicio de los trabajos en La Tiendita fue de comuneros identificados con Luis Alberto Zavala Ojeda, entonces presidente del Comisariado comunal quien fue asesinado la noche del pasado 20 de febrero, los abogados del Grupo Desarrollador CIMA responsabilizaron a integrantes de Guardianes de la Sierra de aquella movilización.
Tanto fue así, que los abogados del grupo presentaron demandas en contra de tres comuneros de la tercera edad y un activista que no estuvieron presentes en la acción que les impidió trabajar entonces.
La Fiscalía General del Estado emitió el 22 de julio cuatro citatorios para que los comuneros Virginia Trujillo Valenzuela, Cipriano de la Rosa Bravo y Noe de la Rosa Bravo, y el activista Carlos Covarrubias Rendón.
El predio de La Tiendita mostró entonces que entre los comuneros de San Juan de Guadalupe no sólo son dos bandos, quienes defienden la Sierra y quienes están a favor de los desarrolladores inmobiliarios, sino también hay otro grupo que –sin mediar fines ecológicos– también defienden la integridad del territorio.
A dos meses y días del homicidio de Zavala Ojeda, a quien se atribuía el liderazgo del grupo que impidió los trabajos del Grupo Desarrollador Cima, la defensa de la posesión de La Tiendita se mantiene en el Tribunal Unitario Agrario, lo que es señal inequívoca de la convicción por la defensa de su territorio de quienes seguían al finado comisariado.
El Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 acordó medidas precautorias que impiden que el predio La Tiendita, pueda ser vendido, rentado, otorgado en cesión o de cualquier derecho en tanto se dé la resolución definitiva del juicio agrario 93/2023, lo que frena por completo la construcción del fraccionamiento Privadas Parque Real.
Una resolución que no sólo festejan los comuneros que mantienen el litigio por ese predio, sino también gran parte de los otros dos grupos identificables, dado que para ellos la importancia de esas tierras está en el uso para esparcimiento que le dan y que es la razón por la que también lo conocen deportivamente como Los siete campos.
