Por Victoriano Martínez
Lo más sencillo y redituable para un político es oponerse a los aumentos a cualquier impuesto, tarifa o cuota que lesione los bolsillos de la población aun sin argumentos, en tanto que para la contraparte –quienes intentan algún incremento– las dificultades para convencer a los primeros se vuelven insalvables cuando se exhiben incapaces incluso de ajustarse a la ley.
Independientemente de que se trate de un juego artificial pactado para que unos aparezcan muy responsables con los requerimientos para cumplir sus obligaciones (los pro-aumentos) y los otros muy defensores de la economía de la población, el espectáculo se vuelve una burla cuando al final, como ocurrió hace un año, los contribuyentes de algún modo tienen que pagar más.
En diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó un aumento a la tarifa del agua potable del 4 por ciento, en tanto que en el caso del impuesto predial autorizó un cobro bajo un esquema de progresividad mal copiado del municipio de Querétaro, que provocó el aplazamiento de su aplicación y acuerdos con inmobiliarios que usurparon la función del Poder Legislativo.
Este año, la tarifa por el servicio de agua potable ya tiene cantada su improcedencia, en tanto que sobre los ajustes a los valores catastrales y su repercusión en el costo del impuesto predial hay manifestaciones en contra, pero no claridad sobre la forma en que se evitará, pues es un tema tan complejo, que de alguna manera se puede colar alguna variación.
De entrada, aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya presentó al Congreso del Estado su propuesta de actualización de los valores catastrales, la vocación de opacidad de todas las autoridades vuelve imposible conocer el documento completo, como no ocurre en otras partes del país, por ejemplo, en Querétaro, municipio al que hace un año se le mal copió la tarea.
Lo más que se conoce sobre la información relacionada con los ajustes a los valores catastrales es una tabla que el Ayuntamiento le presentó al Colegio de Notarios con 18 ejemplos de distintas ubicaciones dentro de la ciudad en los que se indica el incremento que provocaría en la cuota de impuesto predial.
Son 18 casos en los que aparentemente el impuesto se calcula a partir del valor del suelo por metro cuadrado sin considerar las características de la construcción, que es otro factor que hace variar considerablemente el cálculo de la contribución. Un indicio de la posible omisión de los estudios técnicos que exige la ley para justificar los ajustes a los valores catastrales.
Se trata de ejemplos con los que el Ayuntamiento trata de justificar el demagógico discurso con el que afirman que se busca que “el que más tiene, paga más, y el que menos tiene paga menos”, cuando lo que en realidad exhibe es el incumplimiento de la equidad impositiva establecido en la Constitución, además de las variaciones discrecionales en los aumentos.
El mapa de la ciudad al final de este texto expone la ubicación de los 18 ejemplos presentados por el Ayuntamiento a los notarios con los puntos en los que hay incrementos con marcador rojo y aquellos sin incremento con marcador verde. También se presenta una tabla con la relación de los ejemplos en orden descendente del incremento más alto al más bajo.
Sobresale que el mayor incremento que se presenta se ubica en la colonia Imperio Azteca que, en la terminología demagógica del alcalde Enrique Galindo Ceballos, sería una zona de “los que menos tienen”. En ese caso, la variación en los valores catastrales repercutiría en un incremento en el impuesto predial del 45.1 por ciento.
Un aumento en una zona popular que contrasta con el que el propio Ayuntamiento ejemplifica en Villa Antigua, donde es de 20.44 por ciento, o el que estiman en el Club Campestre de Golf, donde los calculan en un 22.16 por ciento.
Si de por sí la disparidad en los incrementos resulta violatoria de la Constitución, que la inequidad se dé con tal discrecionalidad sólo puede ser indicador de la poca responsabilidad con la que se elaboró la propuesta, máxime que no han publicado una sola acta del Consejo Técnico Catastral, que es otra fuente donde se podría consultar la información hoy oculta sobre la propuesta.
Ese Consejo fue instalado el 25 de octubre del año pasado y durante el acto de instalación se mencionó que desde 13 años antes, hoy 14, no se había actualizado la cartografía de la ciudad, lo que genera grandes vacíos de registros catastrales. No aplicar en los ejemplos presentados al Notariado las variaciones conforme a esa cartografía hace sospechar que sigue sin ser actualizada.
Si hubieran hecho bien la tarea, no tendrían por qué recurrir a justificaciones tan huecas como hablar de “justicia fiscal”, porque contarían con datos contundentes y objetivos para presentar argumentos específicos y no generalidades demagógicas.
