Abelardo Medellín
Aunque el escrutinio que la ciudadanía impone al trabajo de los funcionarios públicos ha crecido durante la última década, las preocupaciones de hoy son similares a las que han sido durante años y los focos rojos siguen el mismo patrón: si hay opacidad, crece el riesgo de corrupción; así lo expresa Guadalupe González Covarrubias, vocero y fundador de la organización civil Ciudadanos Observando, que este 2025 cumple 12 años de vigilancia al trabajo de la administración pública en San Luis Potosí.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, González Covarrubias recuerda el contexto en el que estaba sumergida la ciudadanía hace más de una década; un momento que, según rememora, no se prestaba para que los potosinos cuestionaran a sus autoridades desde la llana trinchera del ciudadano.
“Normalmente la ciudadanía nos quejamos de todo, pero lamentablemente no hacemos nada, llegó el momento donde al menos yo dije, ‘yo no voy a hacer del montón, yo no me voy a quejar. Voy a tratar de hacer algo, lo que esté en mis manos”.
La iniciativa de Lupillo surgió en un contexto donde la ciudadanía tenía un enorme respeto por las autoridades y pocos se atrevían a cuestionar a personalidades como un mandatario, un senador, un diputado o incluso al alcalde, sin embargo, dada su experiencia en medios de comunicación, González Covarrubias encontró una veta en el ejercicio contestatario, de verificar y exponer públicamente, aquella información que ocultan o contradicen los funcionarios del estado.
El activista recuerda que al inicio del proyecto se enfrentó a un diputado en redes sociales, mismo que retó a González Covarrubias a que mostrara pruebas de la onerosidad de los sueldos que se habían denunciados en redes.
“Me dice, ‘a ver, compruébalo’. Dije, ‘ah, ahora sí, por haber dicho algo sin bases. ¿Cómo le voy a comprobar lo que el diputado gana?”, relata.
Fue en ese momento que González Covarrubias afirma haber descubierto la Ley de Transparencia, marco legal que serviría como instrumento, a partir de ese momento, para acceder a la información sobre el salario del diputado.
“Me encantó, me enamoré de la Ley de Transparencia”, confiesa.
González Covarrubias, asesorado por un excolaborador del área de Transparencia del Congreso del Estado, descubrió cómo acceder a la información, cómo obtenerla, cómo verificarla y ante todo, aprendió que tales datos siempre deben estar disponibles para el ciudadano.
“Ese ejercicio como que le gustó mucho a la gente, que hayamos cuestionado a un diputado, pero con documentos del propio Congreso”, comenta.
A partir de ese momento, Ciudadanos Observando creció gracias a un grupo de personas que se unieron con el único propósito de vigilar a los diputados y otras autoridades. “Éramos cinco, luego 10, luego 15 y tomamos un tema, recuerdo, que en aquel tiempo era el de la tenencia y del costo de las licencias”, explica Lupillo.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, y González Covarrubias afirma que el principal problema de vigilar a las autoridades es que la mayoría sufren del mismo problema: el servidor público termina por creer que el dinero que administra, le pertenece.
“Hay una lamentablemente un arrastre cultural donde el servidor público dice, ‘es que el dinero que yo manejo es mío’, es ahí donde está el grave problema, que no han entendido, el dinero no es de ellos. El dinero es de la gente, ellos solamente son administradores y ellos tienen la obligación de rendir cuentas. Entonces, hay mucha resistencia en este país para la rendición de cuentas”, señala Lupillo.
A lo largo de su trayectoria, Ciudadanos Observando ha logrado destapar casos emblemáticos de corrupción, como el caso del crédito de mil 500 millones de pesos solicitados durante el sexenio del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, el aumento de la tarifa del transporte público y la red de corrupción de la LXI legislatura del Congreso del Estado.
“Nosotros siempre nos sumamos a las luchas”, afirmó González Covarrubias, quien explicó que además de la vigilancia a los temas relevantes del gobierno local, la organización se ha posicionado y ha combatido desde el frente ciudadano temas como la resistencia al pago de la tenencia vehicular que, en otros sexenios, llegó a ser la más costosa del país.
Sin embargo, Lupillo reconoce que la lucha contra la corrupción es un proceso complejo, donde las propias autoridades muchas veces son parte del problema: “Los corruptos tienen a las autoridades colocadas por ellos mismos y ¿otro corrupto es el que va a meter a la cárcel a otro corrupto?”, lamentó el activista, quien explica que los titulares de organismos que deberían vigilar el actuar de la ciudadanía, llegan a esos puestos gracias a concesiones convenientes del propio sistema.
Para González Covarrubias, pese a los años, las administraciones, las personas y las profundas coyunturas locales y nacionales, la tendencia es la misma: un acto de opacidad, muchas veces oculta o deriva en un hecho de corrupción.
“Todo caso de corrupción parece iniciar como un caso de opacidad”, afirma.
Ejemplo de estos casos de opacidad que terminan por ser evidencia de una corrupción mayor detrás, es el que la organización identificó al interior de los Servicios de Salud durante el sexenio pasado, caso que, según comentó, se complicó debido a esa resistencia usual de las autoridades a entregar información pública.
“Nos costó muchísimo obtener la información (…) imagínate la gente que iba con un problema de cáncer de mama y que todas estas pacientes iban con la ilusión de curarse y les estaban dando un medicamento falsificado. Todo eso empieza precisamente por un acto de opacidad, porque cuando detectamos que algo no estaba pasando bien, pedimos toda la información y nos la negaban”.
González Covarrubias reconoce que en el pasado fue complicado combatir la opacidad de los gobiernos, pero expresa que en la actualidad se corre un riesgo aún mayor de retroceso en materia de transparencia a nivel nacional, sobre todo tras la decisión del gobierno federal de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la creación de un sistema donde el propio gobierno será quien atienda las solicitudes de información y tenga que procesar las inconformidades por potenciales negativas a estas solicitudes.
“Imagínate lo grave. Luego, pasa lo mismo en los estados. Van a desaparecer todos los organismos autónomos de transparencia, son para blindar inclusive la corrupción de todo el sexenio pasado y lo que vaya a salir de este”, afirma.
Ante los diversos frentes de corrupción y opacidad que aún enfrentamos como comunidad, González Covarrubias señaló que un primer paso que puede dar la ciudadanía es darse cuenta de lo efectivo que es el voto coordinado y bien ejercido para quitar de los cargos de elección popular a aquellos perfiles o partidos que perpetúen estas prácticas corruptas.
“Nosotros como ciudadanía somos los mandantes que tenemos el poder y que podemos quitar, quitar a cualquier persona el día de la elección y poner a quien nosotros queramos”, añadió finalmente.
